Corrupción en la UNGRD | MinHacienda solicitó pruebas por investigación ante irregularidades en contratos por 90 mil millones de pesos

En una carta enviada a la Fiscalía General de la Nación, la defensa del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, solicitó la práctica de pruebas en medio de la indagación preliminar que se le abrió la semana pasada por su presunta participación en el desvío de tres contratos por un valor cercano a los 90 mil millones de pesos.

En el documento, firmado por el abogado Javier Torres, se pide la realización de entrevistas en el Ministerio de Hacienda “para verificar que no hay mérito contra el ministro Ricardo Bonilla González” por estos hechos de celebración irregular de contratos en Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y El Salado (Bolívar).

“Todas las reuniones, seguimientos e interés por los recursos públicos en los proyectos de Cotorra, Saravena y El Salado se hicieron como parte de funciones legales y no como una maniobra ilegal”, aseveró el abogado del jefe de la cartera de crédito público.

La defensa del ministro señaló que lo único que se hizo fue revisar el cumplimiento de la celebración de los mencionados contratos de obra pública, lo cual hace parte de las funciones del ministro. “Los recursos públicos de los tres proyectos estaban aprobados y en trámite desde 2021 y el ministro y su despacho se limitaron a verificar que se cumpliera el proceso legal vigente en beneficio de las comunidades”, dice.

Por esto, aseveró que con la recolección de las pruebas y lo que se mencione en la audiencia de imputación de cargos contra varios exdirectivos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) se demuestre la inocencia del ministro en este caso.

“Las fronteras entre la gobernabilidad legítima y el cuestionado clientelismo deben ser definidas y debatidas en el país para que se separen los delitos y delincuentes de las funciones y funcionarios públicos honestos”, concluyó.

En su más reciente edición, SEMANA reveló chats en los que se mencionaba, varias veces, el nombre del ministro Bonilla. En las conversaciones se puso sobre la mesa, en varias oportunidades, la celebración de los tres contratos de obras públicas que tenían recursos priorizados.

Los tres contratos

En la información que le compartió a Pinilla el mismo Olmedo López, entonces director de la UNGRD, quedó establecido el objeto de los contratos y los valores de cada uno.

El de Cotorra, en Córdoba, tenía el objetivo de hacer obras de intervención correctiva para la recuperación del sistema integral del drenaje de aguas lluvias entre la conexión con la Ciénaga Grande del Bajó Sinú hasta el casco urbano. Todo esto por un costo de 50 mil millones de pesos.

El contrato de El Salado, en Bolívar, buscaba la construcción de estructuras de contención y mitigación del fenómeno de socavación, erosión y transporte de sedimentos por lluvias en el corregimiento. El convenio tenía un costo de 12.356 millones de pesos.

Por último, en Saravena, Arauca, el contrato de 30 mil millones de pesos tenía como objetivo la construcción de obras de protección para la reducción del riesgo y prevención de inundaciones sobre el río Bojaba.