Corrupción en la UNGRD: ordenan nuevo recaudo de pruebas en indagación contra el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla

Una trascendental decisión se tomó recientemente en medio de la investigación preliminar que se adelanta contra el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla González, por las presuntas irregularidades que se registraron en la celebración de tres contratos de obra pública en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y que tuvieron un costo de 90 mil millones de pesos.

En una audiencia reservada, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá acogió la petición presentada el pasado 24 de julio por el abogado Javier Torres, quien representa al minHacienda, y ordenó la práctica de una serie de pruebas documentales.

Entre estas se destacan todos los registros de las sedes del Ministerio de Hacienda y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), entre julio y diciembre de 2023, para corroborar los ingresos y salidas tanto del entonces director de la UNGRD, Olmedo López, y el exsubdirector de la entidad Sneyder Pinilla.

Igualmente, se recopilarán todas las actas de las reuniones de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, la cual cuenta con la participación del ministro, varios de sus viceministros y representantes de las comisiones económicas del Senado y la Cámara de Representantes.

En un documento enviado al despacho de la fiscal general Luz Adriana Camargo, la defensa del ministro pidió la realización de entrevistas en el Ministerio de Hacienda “para verificar que no hay mérito contra el ministro Ricardo Bonilla González” por estos hechos de celebración irregular de contratos en Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y El Salado (Bolívar).

“Todas las reuniones, seguimientos e interés por los recursos públicos en los proyectos de Cotorra, Saravena y El Salado se hicieron como parte de funciones legales y no como una maniobra ilegal”, aseveró el abogado del jefe de la cartera de crédito público, quien ha sido señalado tanto por Olmedo López como por Sneyder Pinilla de direccionar contratos.

La defensa del ministro señaló que lo único que se hizo fue revisar el cumplimiento de la celebración de los mencionados contratos de obra pública, lo cual hace parte de las funciones del ministro. “Los recursos públicos de los tres proyectos estaban aprobados y en trámite desde 2021 y el ministro y su despacho se limitaron a verificar que se cumpliera el proceso legal vigente en beneficio de las comunidades”.

Por esto, aseveró que con la recolección de las pruebas y lo que se mencione en la audiencia de imputación de cargos contra varios exdirectivos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) se demuestre la inocencia del ministro en este caso.

“Las fronteras entre la gobernabilidad legítima y el cuestionado clientelismo deben ser definidas y debatidas en el país para que se separen los delitos y delincuentes de las funciones y funcionarios públicos honestos”, concluyó el abogado.

El pasado 18 de julio, como lo reveló en exclusiva SEMANA, la Fiscalía General ordenó la apertura de una investigación preliminar contra el ministro Ricardo Bonilla, el entonces director general de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Carlos Ramón González; el ahora exministro del Interior, Luis Fernando Velasco; la exconsejera presidencial para las regiones Sandra Ortiz, y María Alejandra Benavides, asesora del minHacienda.

Esto teniendo en cuenta los chats presentados por Sneyder Pinilla en los que conversaba directamente con los asesores de los ministros o hacían mención directa a los mismos sobre los contratos de la UNGRD.