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Corrupción en la UNGRD: piden la “muerte política” de los congresistas Iván Name y Andrés Calle
Los congresistas fueron señalados tanto por Olmedo López como por Sneyder Pinilla de haber recibido 4 mil millones de pesos en sobornos tras la firma del polémico contrato de los carrotanques.
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Ante el Consejo de Estado, fue radicada una demanda de pérdida de investidura en contra del senador de la Alianza Verde, Iván Name, y el representante liberal, Andrés Calle.
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En la acción judicial, presentada por el abogado Juan Carlos Calderón España se citan los fuertes señalamientos hechos por el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López, y el exsubdirector de la entidad, Sneyder Pinilla.
Para el demandante, tanto Name como Calle están inmersos en un tráfico de influencias al utilizar sus cargos para el desvío de contratos —en este caso el de los carrotanques— y la exigencia de comisiones para beneficiar a un grupo específico.
“La jurisprudencia ha señalado de forma reiterada que la misma ‘presupone anteponer la investidura de congresista ante un servidor público, quien, bajo tal influjo psicológico realiza una actividad que no adelantaría de no ser por la calidad de quien lo solicita’”, señala la demanda.
“El señor Iván Leónidas Name Vásquez faltó a sus deberes constitucionales y legales, pues las evidencias conducen a que este mismo obtuvo un proyecto personal que fue el dinero recibido, que lo obtuvo gracias a su investidura de congresista y presidente del Senado y, aún peor, representando la máxima institución de la rama legislativa”, señala uno de los apartes de la demanda.
En la demanda de siete páginas se menciona la declaración entregada ante la Fiscalía General por Sneyder Pinilla, quien detalló cómo le entregó de manera personal tres mil millones de pesos a Iván Name. Esto, cumpliendo lo ordenado por Olmedo López.
Pinilla entregó documentos y chats para sostener la existencia de una reunión en una suite en el Hotel Tequendama, en el centro de Bogotá, en la que participó Iván Name y la entonces consejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz.
En el cruce de palabras, se fijó el monto del dinero que debería ser entregado en efectivo. En la declaración de Pinilla, la consejera presidencial fungió como “mandadera” entregando el dinero al presidente del Senado como se había acordado.
El exsubdirector de la UNGRD, quien está a la espera de cerrar su negociación para obtener un principio de oportunidad y convertirse en testigo de la Fiscalía General en los procesos penales que se adelanten por estos hechos de corrupción.
Tras entregar una matriz de colaboración, Pinilla propuso pagar una pena de 60,5 meses de prisión (es decir, cinco años) en una guarnición militar, teniendo en cuenta sus riesgos de seguridad.
Igualmente, se compromete a reintegrar la suma de 292 millones de pesos del dinero del que se habría apropiado con el direccionamiento de contratos.
La Fiscalía General ya le imputó al exsubdirector de la UNGRD los delitos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación agravado, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.
Tras la pregunta del juez de control de garantías manifestó su deseo de no aceptar los cargos. El próximo miércoles 7 de agosto, la Fiscalía General solicitará una medida de aseguramiento.
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