Corrupción en la UNGRD tiene a Iván Name contra las cuerdas. Estas son las pruebas que tiene el Consejo de Estado

SEMANA revela en exclusiva las pruebas que podrían darle la estocada final a la ascendente carrera de Iván Leonidas Name Vásquez, el congresista perteneciente a una de las familias políticas más poderosas del país. El Consejo de Estado evaluará una serie de evidencias que vinculan directamente al senador de la Alianza Verde con el escándalo de corrupción que permeó hasta sus entrañas más profundas a la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres (UNGRD).

En los últimos meses, el nombre de Name ha estado vinculado directamente con la celebración irregular de millonarios contratos en la UNGRD, entre ellos, la polémica compra de 40 carrotanques para llevar agua potable a varias regiones del departamento de La Guajira y que, como si fuera poco, actualmente se encuentran oxidándose en un parqueadero, puesto que nunca pasaron los más mínimos requisitos técnicos para movilizarse por las áridas zonas.

En los últimos días, el Consejo de Estado ordenó una serie de pruebas en la demanda que pide la “muerte política” de Name por incurrir en un tráfico de influencias al utilizar su cargo para beneficiarse con la entrega de millonarios contratos en la UNGRD durante la administración de Olmedo López Martínez.

Una prueba técnica es fundamental en el estudio de la demanda que adelanta el despacho del magistrado Jorge Edison Portocarrero Banguera y la cual tiene que ver con el análisis de las celdas de los teléfonos celulares de Name; el entonces subdirector para el manejo de desastres, Sneyder Pinilla y la consejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz.

En una extraña reunión celebrada en las residencias del emblemático hotel Tequendama, ubicado en el centro de Bogotá, se habría establecido el direccionamiento del contrato y establecido el pago de la comisión para el senador, que consistía en 3 mil millones de pesos en efectivo.

Este dinero le habría sido entregado entre el 12 y 13 de octubre por parte de Sandra Ortiz. Fecha clave para las elecciones regionales que se iban a celebrar a finales de ese mes, en medio de un periodo dramático para el Gobierno Petro, pues sus reformas presentadas ante el Congreso parecían destinadas al fracaso.

El demandante aseguró que existe evidencia suficiente para inferir que Name ejerció una influencia indebida y, utilizó su cargo de Presidente del Senado para advertir el poder que tenía para “tramitar favorablemente las iniciativas legislativas que el Ejecutivo gestionaba en el Congreso”.

El magistrado le ordenó a la Fiscalía que le envié copia original de los chats que le entregaron tanto Olmedo López como Sneyder Pinilla. Como la declaración que rindió en su momento el entonces jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González.

Así como “el resultado del análisis de celdas celulares del señor Sneyder Pinilla y Sandra Ortiz; las audiencias de control previo y posterior, donde se imparten legalidad a las pruebas técnicas de la empresas de telefónica móvil de los abogados del señor Olmedo López, Sneyder Pinilla y Sandra Ortiz”.

Además de copia íntegra de los contratos certificados de disponibilidad presupuestal y todos los documentos relacionados con la compra de carrotanques en La Guajira, que obren dentro del expediente de la investigación que se encuentra adelantando la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia”.

Otra de las pruebas clave en el estudio de la demanda son los chats de WhatsApp que registraron los movimientos entre Sneyder Pinilla y Olmedo López para el movimiento de los sobornos y que se encuentran en custodia de la Fiscalía General.

Name enfrenta actualmente una investigación preliminar en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por los delitos de cohecho propio (recibimiento de sobornos) y enriquecimiento ilícito. El alto tribunal, después de escuchar una decena de testimonios y revisar miles de documentos, se apresta a tomar una decisión de fondo.