Corrupción en la UNP: Así fue la venta ilegal de esquemas de protección por el que deberá responder el jefe del sindicato, Wilson Devia

Wilson Devía, el poderoso jefe del sindicato de la Unidad Nacional de Protección (UNP) se expone a una condena entre los 96 a 180 meses de cárcel (ocho y quince años) por liderar una red de corrupción dentro de la entidad que cobraba, al parecer, altas sumas de dinero para la entrega de esquemas de seguridad y protección a personas que no cumplían con los requisitos.

La Fiscalía General lo vinculó este mates por los delitos de abuso de función pública, concusión y peculado por uso en calidad de autor en actitud dolosa. En su narración, la fiscal Angélica Monsalve, los hechos se presentaron en el año 2013 cuando Devía fungía como Coordinador del Grupo de Seguimiento a Medidas de Protección.

En esa oportunidad, “aprovechándose de su estatus funcional”, contactó con la empresa contratista encargada de la entrega de los vehículos blindados para los esquemas de protección. Teniendo en cuenta su poder e influencia dentro de la UNP, “cobraba grandes cantidades de dinero a los protegidos tanto por la implementación, como por sostener los mismos”.

Pese a que era función directa y exclusiva del Director Nacional de la UNP, Wilson Devía se contactaba con los beneficiarios para hacer las exigencias del dinero, comprometiéndose a adjudicar los vehículos blindados: “Sacando un provecho económico”, reiteró la fiscal Monsalve durante la imputación de cargos, la cual sufrió varias interrupciones por comentarios de los asistentes, incluso uno de ellos puso música a todo volumen.

Devía, según narró la Fiscalía General, le ofreció un completo esquema de protección a Manuel Castañeda, un conductor de la UNP, quien fue capturado en 2022 transportando paquetes de cocaína en una camioneta. Castañeda, quien es uno de los testigos principales por la fuga de alias Matamba, sostuvo que Devía le pidió 200 millones de pesos por darle un esquema.

Después de manifestarle que la suma de dinero era muy alta, el sindicalista le bajó la cuota a siete millones de pesos mensuales. Para esto, contacto a Yesid Torres Rojas, quien ya tenía protección, para que le entregara su esquema a Castañeda. “Es decir, que de protegido pasara a proteger”.

Persecución judicial

Tras la imputación, se presentó un fuerte cruce de palabras entre Wilson Devía y la fiscal Angélica Monsalve, puesto que el sindicalista manifestó que no había entendido muchos de los hechos narrados, insistiendo en que no fue clara en el tiempo, modo y lugar en el que se presentaron los actos de corrupción. “Son delitos muy graves, como servidor público quiero tener todas las garantías procesales”, aseveró el sindicalista.

Para el procesado, quien habría salido del país rumbo a los Estados Unidos, no es claro cómo y cuándo se presentaron los supuestos ofrecimientos de dinero, a quién se le pidió directamente el esquema de seguridad y qué dijo el contratista. “Yo soy el que está sufriendo esta persecución judicial que usted lidera, necesito saber de qué me debo defender”.

Esto motivó otra discusión. La fiscal anunció que debido a estas acusaciones temerarias iba a pedir una nueva compulsa de copias para que se le investigue por los señalamientos que ha hecho tanto en la audiencia como en sus redes sociales en contra de una funcionaria pública.

La audiencia se reanudará el próximo miércoles. En esta diligencia se resolverán los cuestionamientos hechos por Devía y el delegado de la Procuraduría General.

La Fiscalía General solicitará medida de aseguramiento privativa de la libertad contra Devía. La fiscal Monsalve manifestó que el sindicalista salió en la noche del pasado lunes a Miami, en los Estados Unidos. Lo que generó una nueva pelea, puesto que el ahora procesado aseguró que no existe una orden de captura en su contra vigente ni una restricción para salir del país.

“Que yo sepa Wilson Devía no es una persona protegida, ni tiene una denuncia por algún atentado para que diga que está en riesgo su seguridad. Ese acto que hizo ayer fue más por escabullirse a la administración de justicia”, alegó la fiscal.