La gobernadora de La Guajira, Tania Buitrago, deberá explicar el sobrecosto de un patinódromo que costaría 6.000 millones.

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El ‘diablo’ de la corrupción no da tregua en La Guajira

Una licitación vial por 1,2 billones de pesos que adelantaba la Gobernación de La Guajira, y otros procesos más, hicieron saltar las alarmas sobre lo que sigue pasando en la contratación en ese departamento.

28 de julio de 2018

Francisco el Hombre, el famoso juglar vallenato cuya historia tiene tanto de verdad como de mito, difícilmente habría imaginado que su nombre estaría en medio de un problema de corrupción. El asunto gira alrededor de una licitación de 1,2 billones de pesos que la Gobernación de La Guajira iba a entregar a un único proponente, de no ser porque se le atravesó la Procuraduría General de la Nación.

Con la alianza público-privada (APP) Francisco el Hombre, supuestamente iba a mejorar la conexión entre el norte, centro y sur del departamento, además de optimizar el enlace vial con el Cesar. A un costo de 1,2 billones, el proyecto incluye rehabilitar, según el pliego, 32,7 kilómetros de vías, mejorar otros 42,7, construir 58,4 kilómetros nuevos, además de mantener 155,3 kilómetros. A cambio, al ganador del concurso se le permitiría instalar 3 peajes por 30 años.

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Por este proceso se encuentra bajo escrutinio la gobernadora encargada, Tania Buitrago, quien ya se había desempeñado como contralora departamental y a quien reconocen en Riohacha como integrante del grupo político Nueva Guajira, del condenado exgobernador Jorge Pérez. Desde un comienzo el proceso ha estado rodeado de polémicas. Ella recibió el 27 de febrero pasado facultades de la Asamblea, vigentes el 31 de mayo, para que adelantara estas obras a través de una APP. Con un equipo poco capacitado manejó todo el proceso, pero no le alcanzó el tiempo, por lo que el primero de junio la Gobernación publicó una evaluación en la que el único oferente salió “habilitado en la capacidad técnica”.

Se trata del Consorcio Concesión Francisco el Hombre, cuyos integrantes son las firmas cartageneras Aicon S. A. S. (30 por ciento), GAM Construcciones S. A. S. (20 por ciento), junto con la bogotana Conyco S. A. S. (20 por ciento) y la sucursal de la española Licuas S. A. (30 por ciento). GAM Construcciones es comandada por Gilberto Álvarez Mulford, socio también de la firma Álvarez y Collins, hoy en liquidación, en la que participaba también Carlos Collins, quien no pudo cumplir con las obras del túnel de La Línea.

En los últimos seis años, desde la elección del polémico Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez, han pasado por el palacio departamental siete gobernadores.

Por su parte, al frente de Licuas S. A. está Joaquín Molpeceres, cuyas empresas están señaladas de beneficiarse de la trama puesta al descubierto por el caso Lezo, en el que están involucrados directivos y políticos españoles y colombianos a través de la Triple A de Barraquilla e Inassa.

Además de la premura y forma particular de adelantar este proceso, criticado por la falta de estudios y capacidad técnica de los encargados, a la gobernadora se le cuestiona que haga una APP para vías y no para resolver los serios problemas de suministro de agua o de necesidades básicas insatisfechas, que en Uribia y Manaure alcanzan el 95 por ciento.

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Otras dudas están en el valor de las obras, en las que ni siquiera se va a hacer un segundo carril. Por ejemplo, la ANI planea hacer obras en Bogotá por 1,48 billones de pesos: intervenir 52 kilómetros de la autopista Norte, ampliar de tres a cinco los carriles existentes, construir otro carril de TransMilenio entre las calles 192 y 245 y mejorar la carrera Séptima, que corre paralela, en 45 cuadras, obras que incluyen urbanismo y ciclorrutas.

El único que se le pudo atravesar a este proceso fue la Procuraduría, que envió un equipo para entender lo que se estaba haciendo. Después entregó observaciones y criticó el proceso. Frente a esto y al bochinche armado en el departamento, la licitación fue declarada desierta esta semana porque los proponentes no habían allegado una póliza de seriedad de la oferta. Pese a esto, el proceso se encuentra bajo indagación preliminar en ese y otros órganos de control.

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Lo increíble es que esto ocurra en un departamento donde los niños se mueren de hambre y sed y la corrupción no da tregua. En los últimos seis años, desde la elección del polémico Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez, han pasado por el palacio departamental siete gobernadores. Mientras, el ‘diablo’ de la corrupción no da tregua y será necesario mucho más que cantar el credo al revés para vencerlo, tal y como le bastaba a Francisco el Hombre en su leyenda vallenata.