Familiar del magistrado del Meta tumbó prueba reina en su contra

En una investigación sin precedentes de la Fiscalía, el país vio cómo el poder judicial del Meta prácticamente se desmoronó. Un operativo investigó a 27 funcionarios judiciales, incluyendo allí a casi toda la Sala Penal del Tribunal Superior de este departamento. Solo pasa invicta la magistrada Patricia Rodríguez Torres, que se acaba de posesionar.

Sin embargo, sus colegas Joel DaríoTrejos Londoño y Alcibiades Vargas Bautista tuvieron que pedir permisos para defenderse de la imputación de cargos que se adelanta desde hace tres semanas ante el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá Fernando Pareja. Fausto Rubén Díaz Rodríguez, un tercer imputado, acababa de abandonar el tribunal por periodo cumplido. Los altos funcionarios son señalados de los delitos de concierto para delinquir, falsedad material e ideológica en documento público, cohecho por dar y ofrecer, y prevaricato por acción en concurso homogéneo.

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Los magistrados eran, según las evidencias que recogió el ente investigador, los encargados de conceder a criminales y exparamilitares beneficios judiciales como rebaja de penas y detenciones preventivas. Todo a cambio de dinero, mujeres y fiestas. Así habrían logrado beneficios capos de la talla de Cesarín, miembro de la Oficina de Envigado quien no encontró su oportunidad judicial en Medellín sino al otro lado del país, en el Meta. Otros "clientes" de ese entramado serían el exparamilitar Monapicha y su esposa Merbelly Sofía Jiménez, condenada por masacrar a su familia para quedarse con una jugosa herencia: el emporio de Autorrollings, líder en el mercado de las autopartes en Villavicencio.  

El 10 de julio comenzó la audiencia de imputación de cargos en el Tribunal Superior de Bogota. La Fiscalía pidió que los tres sean detenidos preventivamente mientras son procesados. Sin embargo, la audiencia se ha prolongado más de lo esperado y solo se podría conocer una decisión definitiva hasta el próximo viernes.

Mientras esto ocurre, la Fiscalía avanza en un nuevo frente de investigación que apunta a que ese poder de corrupción pudo haberse extendido a sus colegas de Bogotá. Cuando nadie sospechaba que el ente investigador estaba detrás la corrupción en el Meta, se celebró una audiencia que resultó ser un duro golpe para el caso. Según consta en el sistema de la Rama Judicial, al magistrado Manuel Antonio Merchán Gutiérrez, en ejercicio de control de garantías, le correspondió encabezar una diligencia de carácter reservado el 22 de mayo de este año. Los demandados eran precisamente los tres magistrados del Meta por el delito de prevaricato.

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SEMANA conoció que esta audiencia tenía por fin la legalización de las interceptaciones telefónicas practicadas durante meses al magistrado Alcibíades Vargas, lo cual constituía una parte valiosa de las pesquisas de la Fiscalía, sin embargo, en dicha diligencia esta prueba fue declarada ilegal.

Se estudia si Merchán pudo incurrir en un posible impedimento por su relación familiar con el implicado. Antonio Merchán Gutiérrez es hermano de fiscal de lavado de activos Luis Fernando Merchán Gutiérrez y de María Claudia Merchán Gutiérrez, exfiscal delegada ante la Corte Suprema, que actualmente continúa como funcionaria en otra área de la entidad. Ella está casada con Carlos Alberto Vargas Bautista, hermano de Alcibiades Vargas. Es decir, que tomó de la decisión de tumbar una parte importante del caso en favor de su concuñado. Al descubrir que entre ellos medió este vínculo familiar, el ente investigador estudia si procede una compulsa de copias ante esta situación. 

Pero no es la única preocupación que ronda por los pasillos de la Fiscalía. El sistema penal acusatorio prevé los magistrados de tribunal con fuero son juzgados por la Corte Suprema de Justicia y el control de legalidad de las pruebas los hace el mismo tribunal Superior de Bogotá. De llegarse a iniciar una investigación en contra de Merchán, por cuenta de este vacío legal serían sus mismos compañeros de sala los encargados de conocer cada paso que de la Fiscalía delegada ante la Corte en su contra.