Corrupción en San Andrés: Fiscalía imputa a tres exfuncionarios por millonario contrato de telemedicina

La Fiscalía General anunció la imputación de cargos contra varios exfuncionarios de la gobernación de San Andrés por presunta corrupción en la firma de dos contratos de telemedicina, cuyo valor ascendió a 2.000 millones de pesos.

Se trata del exsecretario de Salud del archipiélago, Heyder Enrique Avendaño Villa; la exjefe de la Oficina Jurídica de la Gobernación, Ainn Zulema Conolly Quinn, y el contratista José Julián Carvajal Mejía.

Eduard Alirio Calderón, de la Dirección Especializada contra la corrupción de la Fiscalía, explicó que “la evidencia da cuenta de que el contratista habría pagado 100 millones de pesos para ser beneficiario en la adjudicación de estos contratos”.

Además, indica el ente acusador que los elementos de prueba recaudados permitieron conocer que las personas ahora imputadas habrían participado en las fases precontractual, ejecución y liquidación de los contratos, en los que se acreditó un supuesto sobrecosto de 900 millones de pesos.

El primer contrato investigado fue suscrito el 6 de diciembre de 2016 y tenía plazo de ejecución de 31 días. El objeto era realizar el ‘Plan Piloto de Consulta Teleasistida por Especialista para Mejorar la Oportunidad en la Atención en Salud en San Andrés y Providencia’.

El segundo contrato se firmó el 28 de febrero de 2017, y contempló el mismo propósito del celebrado tres meses antes, pero con una vigencia de ejecución de 10 meses. Aquí se acordó el desembolso del 40% de 1.795 millones de pesos, que era el monto total, con la firma del acta de inicio.

Por estos hechos, señala la entidad, un fiscal del Grupo de Salud de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación a favor de terceros, cohecho por dar u ofrecer, falsedad en documento privado, y falsedad ideológica en documento público. Los cargos no fueron aceptados por los procesados.

“Esta acción investigativa responde al Direccionamiento Estratégico 2020 – 2024, establecido por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, que priorizó el esclarecimiento de hechos de corrupción y la judicialización de los responsables”, explicó la Fiscalía.

Polémicos contratos en San Andrés

Luego de los desastres que generó el paso del huracán Iota por el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, a principios de diciembre la Contraloría General de la República instaló una comisión permanente de seguimiento a acciones y recursos dispuestos para atender emergencia.

Dentro de las acciones que se adelantaron en ese momento, el órgano de control se encontró la suscripción de un contrato interadministrativo por $1.550 millones para el servicio de alumbrado navideño, lo que encendió las alarmas, pues se trata de un valor elevado en medio de una emergencia como la que actualmente vive el archipiélago.

“Con sorpresa nos hemos dado cuenta de la suscripción de este contrato millonario en medio de una emergencia en la que cientos de habitantes de Providencia no tienen techo donde resguardarse de la lluvia”, detalló el contralor delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda Téllez.

Desde Providencia, Pineda Téllez hizo un llamado a la comunidad para que denuncien cualquier irregularidad que observen sobre el manejo de los recursos. El funcionario recalcó la importancia de mantener la transparencia en estos casos y señaló el caso de una piscina olímpica “que tenía unas inversiones cercanas a los 1.700 millones de pesos, que nunca fue terminada y es una inversión que se convierte en un elefante más en el país”.

Según informó la misma Contraloría, el pasado 5 de diciembre, el Gobierno nacional dispuso más de $150 mil millones de pesos para atender las emergencias y desastres en el país, de los cuales inicialmente $50 mil han sido destinados para la atención de la emergencia en el archipiélago.