Corrupción: Hasta a la Fiscalía trataron de tumbarla en licitación de comunicaciones por 180 mil millones de pesos, la entidad atajó el presunto fraude

A la misma Fiscalía General de la Nación trataron de meterle gato por liebre en una millonaria licitación, que se acerca a los 180 mil millones de pesos y que tenía como finalidad “prestar los servicios de telecomunicaciones de red corporativa Wan-Lan, seguridad informática y videoconferencia”, en síntesis, todo el aparato de comunicaciones digitales. La entidad detectó la presentación de documentos falsos por parte de un proponente, pero el asunto no quedará ahí, tendrá implicaciones penales.

El asunto es de extrema gravedad, por varias cosas, en primer lugar por el intento de engañar a la Fiscalía mediante documentos falsificados. En segundo lugar, quienes trataron de cometer el ilícito es justamente la Unión Temporal, UT Conecta 2022, compuesta por Colombia Telecomunicaciones y Dextera SAS, que actualmente está al frente de este mismo contrato y buscaba una prórroga amparada en esta irregularidad.

Y, en tercer lugar, tal vez lo más importante, la transparencia y seguridad con que debe contar una entidad, nada menos que la Fiscalía, para dejar en sus manos estos servicios de seguridad informática y videoconferencia.

La historia

A la licitación para quedarse con el millonario contrato se presentaron tres uniones temporales, UT Conecta 2022, que actualmente tenía el contrato y sobre la cual se prenden los reflectores por las presuntas irregularidades; la Unión Temporal Fiscalía Seguridad Integral y Tak Til SAS.

Uno de los requisitos, absolutamente en claro en los pliegos de la licitación, era la instalación de monitores de mínimo 55 pulgadas, led, otros requisitos técnicos, pero, en especial, que cumplan con por lo menos 44 mil horas de vida.

UT Conecta 2022 presentó una certificación de uso y garantía de los monitores expedida el 11 de noviembre por la firma LG Business Solutions, presuntamente suscrita por la señora Nicole Ramírez Rodríguez. Con eso, aparentemente, cumplía con los requisitos para quedarse y continuar con el contrato, pero ahí estaba la manzana envenenada, el intento de fraude que fue descubierto por la Fiscalía.

La acreditación que presentó la firma UT Conecta 2022 de los monitores, en la que adjuntaron los documentos, supuestamente del mismo fabricante LG Electronics, señalaban que los monitores tipo 55UL3J, tenían el cumplimiento de vida útil de 40.000 horas.

Sin embargo, señala un documento en poder de SEMANA, “dentro del término del traslado de los informes de verificación de requisitos habilitantes, con fecha del 25 de noviembre de 2022, (...) manifiesta encontrar una grave inconsistencia en la documentación aportada por la UT Conecta 2022, aportada”.

Y agrega, “nos causa inquietud la veracidad de la misma, dado que cuando la UT Fiscalía Seguridad Integral revisó la opción de presentar su oferta con estos mismos monitores, no se podía garantizar el cumplimiento de las horas de vida de estos equipos, lo cual fue ratificado por medio de una certificación reciente la cual nos permitimos aportar como evidencia de esta grave inconsistencia”.

Ahí se destapó la caja de pandora, para la Fiscalía no tenía explicación alguna que los mismos monitores, con certificaciones del mismo proveedor, tuvieran dos argumentos radicalmente diferentes, Mientras a la UT Fiscalía Seguridad Integral, les aseguraron que la vida útil de esos equipos era de 30 mil horas. Desde la otra orilla, UT Conecta 2022, tenía una certificación de 40 mil horas.

Las irregularidades

La certificación de UT Fiscalía Seguridad Integral, expedida por el fabricante de los monitores LG, y suscrita por “Lyda C. Gómez, Sales Senior Manager”, dejaba claro que la vida de estos mismos monitores era realmente de 30 mil horas.

Esta verificación fue más allá, la Fiscalía preguntó con diferentes proveedores el cumplimiento de este requisito puntual, la respuesta siempre fue la misma, “no cumplen con la vida útil exigida de 40 mil horas, por lo cual, de inmediato, se solicitó rechazar la oferta de UT Conecta 2022″.

La Subdirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Fiscalía no se quedó con la duda, le parecía inverosímil que desde la misma empresa LG Electronics, emitieran dos certificaciones, con información radicalmente diferente, una firmada por Lyda Gómez, sales manager y otra firmada por Nicole Ramírez, Analista senior.

Por eso, el 28 de noviembre, vía correo electrónico, enviaron una comunicación para salir de estas dudas. En la respuesta salió lo que hoy es un lío penal. Una a una se fueron detallando las irregularidades y el intento de fraude en este punto, para quedarse con la millonaria licitación.

Señala el documento en poder de SEMANA que en primer lugar la certificación de la que se habla no fue expedida el 11 de noviembre de 2022 sino el 31 de octubre. La razón social no es la real, pues en este documento contiene la palabra BIC, como ya se ha dicho, las horas de vida son 30 mil y no 40 mil, como pretendían hacerlo pasar, y la certificación expedida tenía una vigencia de 30 días, no 90 como señala el documento.

En materia de seguridad, una empresa tan grande en materia de equipos de tecnología como LG, aclara que todas sus certificaciones cuentan con una marca de agua, para evitar adulteraciones, y este documento no la tenía.

El documento había sido escaneado por el sistema CamScanner, que es, en la práctica, una foto tomada del celular y convertida en PDF, sobre ese punto, LG es claro al señalar que en esa empresa solo se usa la red propia para scanear documentos.

Y el último y demoledor argumento, el día en el que presuntamente se firmó esa certificación por parte de la ingeniera Nicole Ramírez Rodríguez, esta funcionaria se encontraba incapacitada.

La conclusión de parte del comité evaluador del contrato en la Fiscalía es clara: “buscan inducir en error a la entidad y obedecen a su afán de sabotear el proceso en curso a fin de que desemboque en una prórroga de su contrato actual”

Y agrega, “La oferta de la UT Conecta 2022 fue rechazada en el informe de evaluación por hechos de inmensa gravedad. En efecto, tal como fue detectado y reseñado por la entidad en el informe de evaluación, el proponente anexó una certificación en la cual alteró la información de un fabricante sobre la duración de la vida útil de las pantallas, lo cual constituye una insubsanable caudal de rechazo y exige que se lleven a cabo investigaciones por los presuntos delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal”.

¿Qué responde UT Conecta 2022?

La polémica está servida y la Fiscalía tomó la vía penal. Sin embargo, SEMANA habló con la Unión Temporal Conecta 2022, para conocer de la presunta irregularidad que se presentó en la entrega de propuestas para esta licitación. La explicación, lejos de cualquier enfrenamiento en los tribunales, plantea, en primer lugar, que los televisores que se presentaron para el millonario contrato formaban parte del stock de la Conecta 2022, y en caso de que se hubiera presentado un problema se haría el reemplazo inmediato.

Además, explicaron, sin evadir responsabilidad, que en el caso de la cotización presuntamente irregular, había sido un proveedor quien les había entregado el documento, con quien anunciaron que tomarán medidas y se presentarán como víctimas en el proceso.

“La Unión Temporal Conecta 2022 y sus integrantes, manifiestan expresamente que en manera alguna se ha pretendido inducir a error a la Fiscalía General de la Nación. Corresponde a un hecho ajeno a nuestra compañía, frente al cual nos constituimos como víctimas y sobre el cual se proscribe cualquier tipo de responsabilidad que pretenda atribuirse a Telefónica”, señala un documento enviado a SEMANA.

Agregan que “fuimos los primeros en advertir los hechos, al punto que no existe previo a nuestra denuncia, solicitud alguna ante la misma Fiscalía General de la Nación para que inicie las actuaciones de investigación pertinentes, ello consta en Radicado No. BOG-MCGIT – No. 20225980085262 del 29 de noviembre de 2022, a las 15:40 horas”.

Esta Unión Temporal además ratifica que su propuesta es la mejor de las planteadas en la licitación, que le ahorraría al país más de 5.000 millones de pesos, y que la que ganadora “no cumple con los requisitos habilitantes de experiencia específica, ni cumple con los requisitos técnicos para la ejecución del servicio de cableado estructurado y por supuesto es mucho más costosa para el presupuesto de los colombianos”.

*Este artículo fue modificado el 22/12/2022 para incluir la versión de la Unión Temporal Conecta 2022.