Corrupción, piedras preciosas y terrenos baldíos, el oscuro negocio que se conoce años después de la muerte de Víctor Carranza

La Fiscal General de la Nación informó este domingo 9 de junio que logró la imputación de un abogado de Víctor Carranza y un exportador de piedras preciosas, socio del esmeraldero fallecido. Tras varios años de investigación se puso en evidencia un entramado de corrupción tras el cual estaría el mismo Carranza, con la complicidad de su personal de confianza.

El ente acusador indicó que la investigación liderada por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, evidenció que en 1992 el zar de las esmeraldas, por intermedio del abogado, recibió 26.939 hectáreas de terrenos baldíos ubicados en zona rural de Puerto Gaitán (Meta).

Entre los detalles que entregan cuentan que lo que presuntamente sucedió fue que la negociación se dio en el marco de la norma que facultaba al antiguo Instituto de Colombiano de la Reforma Agraria (Incora), hoy Agencia Nacional de Tierras (ANT), a entregar terrenos baldíos a habitantes de la región que no los tuvieran, con el compromiso de no comercializarlas antes de 15 años.

Al parecer, el abogado logró que 27 personas, entre empleados y conocidos de Víctor Carranza fueran reconocidos como personas de la región utilizando algunas artimañas y al parecer motivando a funcionarios a actos corruptos.

Con lo descrito, lograron acceder a la gran extensión de terreno; esas tierras fueron vendidas 12 años después, en 2007. Lo que llama la atención y a la vez se convirtió en cabos sueltos es que los compradores fueron cinco personas muy cercanas al esmeraldero boyacense, entre ellos un médico veterinario, un escolta y tres comercializadores de piedras preciosas. El valor por el que se habría hecho la transacción por semejante extensión fue de solo alcanzo 743 millones de pesos.

Todo el proceso administrativo que implica la venta se dio en el departamento de Meta, la Fiscalía señala que los trámites para la adjudicación de los baldíos, el englobe de los terrenos, su escrituración, registro y posterior venta se cumplió en una notaría de Villavicencio y en registros públicos de Puerto Gaitán.

El material probatorio recopilado por los investigadores deja en evidencia que de esta negociación habría participado el también comerciante de piedras preciosas Jaime Rojas García. Este último, al igual que Fernandel Alonso, abogado, fueron imputados como posibles responsables de los delitos de fraude procesal, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir agravado. Cargos no aceptados por Alonso.

En un comunicado, la Fiscalía señaló que debido a que Rojas García decidió ausentarse de la audiencia de imputación de cargos, sin pronunciarse sobre los delitos en su contra; la Fiscalía inició un nuevo proceso penal a él como posible responsable del punible de impedimento o perturbación de la celebración de audiencias públicas.

El hecho de corrupción salpicaría a empleados de una notaría de Villavicencio que habrían avalado los trámites que permitieron que los terrenos en cuestión fueran usufructuados por de manera irregular por más de 20 años, hasta cuando, en febrero de 2015 fueron anularon los actos administrativos que concedieron la adjudicación y posesión.

“A pesar de esto, la investigación determinó que varios de los beneficiarios no residían ni tenían una actividad económica en la región. También se habría recurrido a poderes falsos, muchos de estos firmados por personas que ya habían fallecido, documentos con huellas ilegibles, entre otras irregularidades”, se lee en el comunicado.

El negocio de los terrenos baldíos habría permitido que Rojas García incrementara su patrimonio injustificado para los supuestos implicados, superior a los 6.000 millones de pesos, según reportan los investigadores.