Dictan medida de aseguramiento contra el alcalde de Armenia

Desde el terremoto del Eje Cafetero, ocurrido en 1999, los habitantes de Armenia no sentían un sacudón tan fuerte como el que padecen por estos días. Las autoridades detuvieron esta semana al alcalde de la capital de Quindío, Carlos Mario Álvarez Morales, contra quien el juez 4 municipal de Armenia acaba de dictar medida de aseguramiento.

Según la Fiscalía, dos meses antes de ganar las elecciones –en 2015–, Álvarez ya había empeñado una tajada importante de los recursos destinados para construir puentes y vías, obras que los contribuyentes ya financiaron con costosos recibos de valorización, pero hoy lucen abandonadas, a medio hacer o simplemente no existen.

La captura del burgomaestre es apenas la determinación más reciente del ente acusador, en su empeño por desmantelar una red de corrupción que compromete el pasado, presente y futuro de la ciudad, cuyos tentáculos se extienden incluso hasta el Archipiélago de San Andrés. El prontuario hasta ahora develado incluye multimillonarias coimas, poderosos contratistas, delaciones, un asesinato, pagarés con firma y huella, 8 capturados y la frustración de más de 300.000 cuyabros asaltados por su clase política.

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Los investigadores y fiscales a cargo del caso han podido determinar que la compleja trama que tiene postrada a la ciudad comenzó en 2014. La alcaldesa de entonces, Luz Piedad Valencia Franco, tramitó ante el Concejo un proyecto de acuerdo para ejecutar un paquete de obras de infraestructura que le darían un revolcón urbano a la ciudad. El plan comprendía 12 proyectos que incluían calles, puentes, avenidas, glorietas y la renovación de la antigua estación férrea, entre otras, con un valor global aproximado a 120.000 millones de pesos. La ciudad no tenía los recursos, pero eso no fue inconveniente. Los responsables determinaron que 90.000 millones saldrían de los bolsillos de 43.000 beneficiarios directos de las obras vía valorización. Los restantes 30.000 millones provendrían de un cupo de endeudamiento a cargo de la ciudad al término de 5 años, esto es, hasta 2019.

Hasta ahí todo parecía un castigo tributario, severo e inevitable a cambio de renovar la ciudad. Pero en 2015 comenzaron los líos. De las 12 obras que salieron a licitación, 10 quedaron en manos de un mismo contratista, Fernando Díez Cardona, quien en papeles simulaba varias empresas. Y lo que es peor, 6 de esas obras se firmaron faltando una semana para que terminara el mandato de la alcaldesa. En su momento, organizaciones veedoras como En Defensa de la Gente, Junta Cívica de Armenia y hasta ingenieros de empresas perdedoras pusieron el dedo en la llaga al señalar irregularidades en los contratos, los precios de los materiales y posibles nexos entre la firma contratista y la interventoría.

Además, hicieron eco a las quejas ciudadanas por los cobros exorbitantes del tributo. Solo por citar un ejemplo concreto, el 20 por ciento del total del cobro por valorización, es decir, 18.000 millones de pesos, recayó en 48 propietarios de inmuebles ‘favorecidos’ por ser vecinos de las obras de ensueño. Así mismo, se presentaron voces de protesta porque a familias de estratos 1 y 2, ubicadas fuera de la zona de influencia de las obras, les llegaron recibos con la tasa.

En su momento nada pasó, más allá de cuestionamientos en la prensa local y críticas de la ciudadanía a la saliente alcaldesa. Sin embargo, el pasado 7 de abril agentes del CTI de la Fiscalía capturaron a Valencia, a su esposo –Francisco Javier Valencia Salazar– y a cinco exfuncionarios de la Alcaldía que presidió entre 2011 y 2015.

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Luz Piedad Valencia es la baronesa electoral del liberalismo en esa región del país, a tal punto que en las pasadas elecciones al Congreso aspiró al Senado, y aunque fue la más votada en todo el departamento, se quemó. Es hija de Luis Emilio Valencia Díaz, exrepresentante a la Cámara, fundador del movimiento político quindiano conocido como el Carrielismo y exsocio de Apuestas Ochoa, la polémica empresa chancera que en la región asocian como una ‘fábrica de gobernantes’, por la enorme chequera que maneja para respaldar candidatos.

Para la Fiscalía, la exalcaldesa Valencia protagoniza un “presunto detrimento patrimonial de 20.000 millones de pesos en obras no ejecutadas que salieron del recobro de valorización hecho a los habitantes de la capital de Quindío”. El ente investigador sostiene que el desfalco quedó pactado en la pasada alcaldía, en llave con un par de poderosos contratistas y con la participación de quien se postulaba como sucesor de Valencia, el hoy detenido alcalde Carlos Mario Álvarez. Ese planteamiento empezó a quedar demostrado en la audiencia de imputación, luego de que el esposo de la exalcaldesa y varios de los exfuncionarios capturados aceptaron cargos ante la Justicia.

Los pagarés del alcalde (en video)

Cuando el profesor y filósofo Carlos Mario Álvarez Morales llegó a la Alcaldía en enero de 2016, primero que todo trató de hacer ver que se desmarcaba de los compromisos adquiridos por su mentora y antecesora en torno a las obras adjudicadas. Citó al afortunado contratista, le advirtió que el ritmo del recaudo no era el esperado y le aplazó tres de las obras ya firmadas, aduciendo que el recaudo iba lento. “Citamos al señor contratista Fernando Díez y le planteamos todo el modelo de financiación”, explicó el alcalde Álvarez en una de las tantas ruedas de prensa que concedió para hablar del tema.

Pero solo tomó las decisiones de fondo después del 7 de abril, tras la captura de la exalcaldesa Valencia, su esposo y media docena de exfuncionarios de su administración. En una de ellas cambió de interventor, aprovechando que se le venció el contrato. “Nunca he confundido la amistad con la complicidad”, reiteró en la última conferencia de prensa que hizo antes de que lo capturaran.

Un juez libró la orden de detención contra Álvarez con base en confesiones, testimonios, documentos escritos e incluso videos que llevan a concluir que “el actual alcalde habría acordado con Francisco Valencia, esposo de la exmandataria de la ciudad, Luz Piedad Valencia, que aquel le facilitaría una suma cercana a los 6.000 millones de pesos para financiar su campaña”, explicó el fiscal general, Néstor Humberto Martínez.

En las últimas semanas, los investigadores han dado con el que consideran el mecanismo de la tramoya: 1) La entonces alcaldesa se habría ocupado de impulsar y sacar adelante la aprobación administrativa de las multimillonarias obras. 2) En paralelo, su esposo –quien ya aceptó responsabilidad– negoció con un par de contratistas el grueso de los proyectos. Y 3) Para darle continuidad al desfalco, la saliente alcaldesa y su esposo comprometieron al futuro alcalde al financiar su campaña con plata puesta por los afortunados contratistas, bajo el compromiso de que les devolverían todo por medio de la adjudicación de más contratos en la nueva administración. “Tenían una alianza matrimonial para delinquir”, dice un funcionario de la Fiscalía cercano al caso.

La entidad cuenta con una fuente testimonial valiosa para respaldar esa tesis: el mismo contratista. Se trata de Fernando Díez Cardona, cuya firma legal (Constructora Díez Cardona) tiene sede en Medellín y se quedó con una decena de las 12 obras por valorización. Este ingeniero paisa –socio con el también contratista Hernán Moreno Pérez– le contó a los investigadores que él hacía parte de un entramado que consistía en ganar los contratos jugosos “a cambio de que se le entregara al esposo de la mandataria local el 10 por ciento del valor de cada uno de los contratos de obra e interventoría, y el 100 por ciento de los contratos de consultoría de diseños”, explicó la Fiscalía.

En la investigación, consta el pago de un anticipo ilegal por 300 millones de pesos recibido por Francisco Valencia, esposo de la exalcaldesa. Allí también se registra que una vez le entregaron el dinero, se reunió con los secretarios de despacho de su esposa para asegurarle los contratos a Díez Cardona. “De acuerdo con la evidencia recaudada, los pagos criminales habrían ascendido a la suma de 14.000 millones de pesos”, explicó en Armenia una fuente de la investigación. En este caso, el detrimento podría aumentar a los 22.000 millones de pesos, es decir, el 20 por ciento del valor total del proyecto por valorización, y que la clave del éxito en ese megarrobo consistía en quedarse no solo con el contrato de la obra, sino también con el de la interventoría que los vigilaría.

El actual alcalde está contra la pared, entre otras evidencias, por un pagaré por 1.000 millones de pesos (ver foto) que tiene su firma y huella. “Recibido como aporte de campaña alcaldía de Armenia 2016-2019”, dice textualmente el título valor, aunque al final el firmante aclara que en caso de perder esa elección, “este pagaré carecerá de validez”. Esta última frase llama la atención de los investigadores, toda vez que, según el aplicativo de Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral (CNE), para la campaña electoral de 2015, el candidato Carlos Mario Álvarez reportó en aportes, contribuciones y créditos de particulares solo 257 millones de pesos. ¿Es posible que un particular ponga sobre la mesa un respaldo de 1.000 millones de pesos por nada? El propio alcalde tendrá que resolver esa pregunta. SEMANA revela un video que muestra el momento justo en el que el alcalde, el esposo de la exalcaldesa y el contratista firman el pagaré.

Pero como si fuera poco, la Fiscalía tiene en su poder otros dos pagarés y sigue la pista de un tercero. Un exalcalde de la región, conocedor del mecanismo de los pagarés en campaña, le dijo a SEMANA que la ecuación es simple: la administración que llega al poder debe pagar en contratos adjudicados el doble al aporte recibido.

Aun así, lo más escabroso de todo es que el pagaré por los 1.000 millones de pesos tiene, en calidad de beneficiario, a José Germán Valencia Castaño, asesinado el 21 de febrero en la capital risaraldense por dos sicarios motorizados. El empresario era el dueño de JVC SAS, una reconocida firma proveedora de equipos y elementos de oficina. Valencia ganó jugosos contratos no solo en el mandato de la alcaldesa Valencia Franco, sino también en el de Álvarez Morales. Esta revista tiene en su poder documentos que mostrarían que durante esas dos administraciones la firma JVC sumó casi medio centenar de contratos, cuyo monto se acerca a los 4.000 millones de pesos.

Esta revista habló con Andrés Garzón, abogado defensor de la exalcaldesa de Armenia. Al preguntarle sobre la relación de esta con el empresario pereirano asesinado, dijo: “Mi cliente es una víctima de ese hecho porque el señor Valencia Castaño no solo era contratista, sino su amigo”. SEMANA consultó también al penalista Iván Cancino, defensor del actual alcalde, pero al cierre de esta edición no fue posible obtener sus respuestas. Tras su captura, el alcalde produjo un comunicado en el que afirma: “Estoy tranquilo y consciente de mis actuaciones”. El lunes se llevará a cabo la audiencia en la que definirá si permanecerá detenido.

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La investigación de la Fiscalía está lejos de concluir. Un filón sobre el que seguramente habrá noticias pronto tiene que ver con un paquete de contratos ‘en el exterior’ en los que aparecen los mismos protagonistas. Es decir: la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia (Edua) y algunos de los políticos y contratistas en cuestión, pero esta vez con obras en el departamento de San Andrés. Los investigadores están revisando la unión temporal en la que confluyen estos actores y en favor de la cual la Gobernación de la isla firmó contratos por más de 52.000 millones de pesos para la construcción de tres megacolegios. De momento, está claro que las obras, como en Armenia, tienen serios atrasos.

Si bien no es la primera vez que los cuyabros deben sonrojarse por las actuaciones ilegales de sus gobernantes, pocas veces se ventilaron detalles tan escabrosos sobre la manera como se habrían robado los dineros públicos.