Corrupción: testigos delatarán al exgobernador Richard Aguilar por pedir millonarios sobornos para obras

La corrupción que se habría dado durante la gobernación de Richard Aguilar entre 2012 y 2015 está a punto de ser revelada por funcionarios de esta administración, que se acogieron ante la Fiscalía a principio de oportunidad, el cual daría beneficios judiciales a cambio de prender el ventilador y contar cómo funcionaba el esquema bajo el cual pedían millonarias coimas a cambio del otorgamiento de contratos. En este caso también está involucrado el representante a la Cámara Edwin Ballesteros Archila, quien habría intermediado en el trámite.

Se trata de Yaneth Toledo Bermúdez, exsecretaria de Infraestructura en esta administración, y su esposo Lenin Darío Pardo, quien, señala la investigación, recibía instrucciones del gobernador Aguilar y de otros funcionarios de la administración departamental sobre los procesos de contratación, y a quienes debía favorecer con la adjudicación de las millonarias obras.

La exsecretaria Yaneth Toledo Bermúdez está siendo procesada por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y concierto para delinquir. A Pardo, su esposo, le imputaron los cargos de interés indebido en celebración de contratos, falsedad en documento privado, concierto para delinquir y cohecho por dar y ofrecer.

De acuerdo con el principio de oportunidad, Toledo y Pardo se comprometieron a revelar cómo Aguilar se interesó indebidamente en la celebración de varios contratos de obra del departamento en provecho propio y de contratistas con los que, siguiendo sus instrucciones, Lenin Darío Pardo Pulido y Julián Jaramillo, funcionario de la Gobernación, se habían reunido previamente y acordado los porcentajes que les corresponderían a cada uno de los involucrados, entre ellos el actual senador Richard Aguilar.

También denunciarán a Julián Libardo Jaramillo Díaz, funcionario de la Gobernación de Santander, sobre quien sostendrán que era el funcionario que, al parecer, manejaba toda la contratación de la Gobernación, siguiendo instrucciones de Aguilar.

Jaramillo Díaz, según la versión de los ahora delatores, acordaba y recibía de los contratistas los porcentajes que le correspondían a Aguilar.

Toledo y Pardo también señalaron al actual representante a la Cámara por Santander, Edwin Ballesteros Archila, del cual manifiestan los aspirantes que, como gerente de Esant, presuntamente se interesó de manera indebida en el contrato de construcción de los municipios de Landázuri y se apropió de recursos públicos.

Adicionalmente, el representante Ballesteros habría recibido de un contratista la suma de $600 millones para que le fueran entregados a Richard Aguilar con el fin de que le adjudicaran dos proyectos de obra de alcantarillado en los municipios de Barichara y Chipará, los cuales licitó a través de la sociedad Esant, de cual era el gerente.