Corte Suprema abre investigación a Álvaro Ashton sin orden de captura

El senador liberal Álvaro Ashton se acaba de convertir en el segundo congresista en responder con investigación formal ante la Corte Suprema de Justicia por el escándalo del cartel de la toga. Este martes, la sala de instrucción del alto tribunal decidió abrirle investigación formal por el delito de cohecho, al haber supuestamente pagado 600 millones de pesos para cambiar el rumbo de un proceso en su contra por parapolítica. 

Al tratarse de un delito cuya pena mínima es de 3 años y la detención preventiva solo aplica para delitos con pena igual o superior a 4 años de prisión, la corte se abstuvo de enviarlo a prisión. Sin embargo, su situación jurídica será resuelta de fondo una vez lo escuche en indagatoria y defina los cargos por los cuales continuará su proceso por corrupción.

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El caso de Ashton, al igual que el de Musa Besaile, se origina en las grabaciones que la DEA entregó a Colombia en donde se escucha al abogado Leonardo Pinilla y al exgobernador Alejandro Lyons hablando de cómo lograron cambiar procesos judiciales a través de millonarios pagos. Esta evidencia fue reforzada por el abogado Gustavo Moreno, quien espera su extradición a Estados Unidos.

Según Moreno, en el caso Ashton se exigió un pago de $1.200 millones, de los cuales el senador habría accedido a pagar $600 millones: 200 millones habrían sido entregados a Francisco Ricaurte y 200 a Leonidas Bustos. El resto habría quedado en manos de abogados. 

La versión del abogado apunta a que en estos dos casos la estrategia fue relevar de los casos al magistrado auxiliar José Reyes Rodríguez, quien trabajaba en el despacho de Gustavo Malo y por sus posturas investigativas terminó siendo incómodo para los implicados. El exmagistrado había anunciado la apertura de investigación formal en ambos casos por temas de parapolítica, sin embargo, de manera sorpresiva fue sacado de la Corte Suprema.  

El abogado Gustavo Moreno también aseguró que Ashton era muy cercano al exfiscal Eduardo Montealegre y que a través de él habría obtenido información privilegiada que con frecuencia lo sorprendía. "Gustavo Moreno sugirió que el senador Álvaro Ashton tenía acceso a los miembros del CTI (...). Según Moreno, la supuesta información sobre temas sometidos a reserva judicial se produjo por la cercanía del fiscal general de la época Eduardo Montealegre con el senador Ashton". Estas palabras fueron usadas por el mismo exfiscal Montealegre al anunciar a través de un comunicado una demanda en contra del abogado Moreno por falso testimonio.

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Lo cierto es que las interceptaciones telefónicas recopiladas en el marco de la investigación por parapolítica demuestran la cercanía de Ashton con Francisco Ricaurte y con Eduardo Montealegre. En las conversaciones, reveladas por Caracol Televisión, Ashton también habla de cómo tramitaba cargos en el ICBF y el Dane. Toda esta evidencia tendrá que ser tenida en cuenta por la Corte Suprema de Justicia para poder resolver su situación jurídica en las próximas semanas.

La Corte comenzó a investigar a Ashton en el año 2012 por presuntos nexos con el frente José Pablo Díaz de las AUC, luego de conocerse la declaración en su contra por parte de Édgar Ignacio Fierro Flórez, alias Don Antonio y Mario Rafael Marenco Egea, alias el Gordo.  Mario Marenco, el segundo jefe del frente, declaró que Ashton fue apoyado por las AUC en el marco de la estrategia “Plan Caribe”, en la que el entonces alcalde de Barranquilla Guillermo Hoenisgberg, apoyaría candidatos al Congreso que contaban con el respaldo de paramilitares, entre los que señaló a Ashton.

En su defensa, Ashton insiste que que nunca ha pagado: "Sólo lo que he pagado son los honorarios de abogados, pero nunca he utilizado recursos distintos para aplicación diferente”.