Corte admitió tutela presentada por víctimas del Clan del Golfo contra extradición de Otoniel

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia admitió para su estudio una acción de tutela presentada para suspender provisionalmente el estudio de petición de extradición contra el máximo jefe del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel.

En la acción judicial, radicada el pasado 26 de enero, se manifiesta la necesidad de que el excomandante del Clan del Golfo responda ante las autoridades colombianas, entregue toda la verdad y repare a las víctimas de las acciones ejecutadas por esta banda criminal.

En este sentido, señalan que ya existen notables antecedentes que después de la extradición el aporte a la verdad disminuye considerablemente, lo que aumenta la impunidad. Debido a toda la información que tiene Otoniel y las acciones que se adelantaron en el Urabá antioqueño en contra de la población civil, es necesario que responda principalmente por estos hechos antes de que se avale su extradición.

La tutela vincula a la Cancillería; el fiscal General, Francisco Barbosa; el procurador segundo delegado para la Casación Penal, Miguel Alejandro Panasso Corrales; los abogados de Otoniel, el Ministerio de Justicia y la Dirección de Investigación Criminal - Interpol.

La defensa de Otoniel aseguraron por medio de un comunicado de prensa que el trámite de extradición sigue su curso normal en el despacho del magistrado Diego Corredor Beltrán, ante el cual han pedido la evaluación de elementos materiales de prueba frente a la petición de extradición radicada por una Corte de los Estados Unidos por delitos de narcotráfico, homicidio y porte ilegal de armas.

“La bancada de la defensa no es la promotora de la acción de tutela y no está llamada a ser vinculada a dicho proceso. No conoce la finalidad buscada con el amparo constitucional por parte de los actores y su representante, y espera que con la intervención de la Sala de Casación Civil como Juez constitucional no vea afectado el trámite de extradición que actualmente cursa en contra de David Antonio Úsuga David”, precisa el documento.

En el comunicado ponen de presente que no se han impulsado maniobras dilatorias para afectar el estudio del proceso y lo único que han buscado es que el trámite cumpla con todos los requerimientos que exige la legislación colombiana frente a la extradición de connacionales a los Estados Unidos.

“(...) Busca aclarar, de nuevo, que no se están adelantando acciones tendientes a torpedear el buen funcionamiento de la justicia colombiana, por lo demás, se resalta el debe de las autoridades evaluar las acciones que les sean presentadas y fallarlas conforme al ordenamiento jurídico colombiano, por lo que se insta a respetar la autonomía judicial de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia”, agrega la comunicación.

Otoniel, quien fue capturado el pasado 24 de octubre en un operativo adelantado por el Ejército, la Policía y la Armada en el Urabá antioqueño, exactamente en el cerro Yoki, ubicado entre Necoclí y San Pedro de Urabá, se encuentra recluido en la actualidad en los calabozos de la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) en Bogotá bajo estrictas medidas de seguridad.

En el indictment se plantea la posibilidad de que Otoniel sea condenado a cadena perpetua; sin embargo, debido al acuerdo de extradición firmado entre Colombia y Estados Unidos, esta figura está prohibida expresamente.

En su declaración ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) —la cual generó una gran polémica— Otoniel aseguró, entre muchas otras cosas, que por los protocolos de seguridad y protección no ha tenido una comunicación constante ni clara con sus abogados para plantear su defensa frente a lo que viene.

En contra de Otoniel existen 128 órdenes de captura, siete sentencias condenatorias por delitos relacionados con secuestro, terrorismo, homicidio, tráfico de drogas, extorsión, entre muchos otros, así como ocho medidas de aseguramiento privativas de la libertad.