Corte Constitucional admitió demanda de concejales para frenar cambio en cantidad de localidades de Bogotá

En medio del proyecto del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) presentado por la alcaldesa de Bogotá Claudia López al Concejo, uno de los puntos habla de reformar las localidades de la capital. Se establece que se pasará de 20 a 33 Unidades de Planeación Local (UPL), como se le denominaría.

Paralelamente, hace unos meses fue sancionada la ley de Estatuto Orgánico de Bogotá, que tiene un propósito similar. Según la administración local el ajuste es fundamental para implementar la nueva visión de ciudad.

Sin embargo, la Corte Constitucional acaba de poner una traba a ese propósito. El Alto Tribunal admitió una demanda de los concejales Lucía Bastidas (Alianza Verde), Emel Rojas (Colombia Justa Libres), Carlos Carrillo (Polo Democrático), Andrés Forero (Centro Democrático) y Heidy Sánchez (Colombia Humana - UP) que busca frenar ambos procesos, argumentando que no se están teniendo en cuenta las facultades del Concejo para hacer el ajuste en las localidades.

“Estas medidas cercenan las competencias constitucionales del Concejo y vulneran la democracia, la prevalencia del interés general sobre el particular, la libertad de consciencia e incluso de expresión, pues en el caso de la división de localidades, estarían obligados a votar afirmativamente el proyecto que se presente, independientemente de que los estudios sean suficientes o se omitan exigencias de ley”, dicen los concejales.

En los argumentos presentados por los concejales a la Corte, explican que no se puede restringir la posibilidad de que corporaciones políticas como el Concejo dejen de ejercer sus facultades en temas presupuestales y en el control de las vigencias futuras. Ante el Alto Tribunal presentaron cuatro cargos de inconstitucionalidad de los cuales la Corte admitió tres en la demanda. Estos serán estudiados al tiempo que se inicia la recolección documental.

Según le explicó el concejal Rojas a SEMANA, lo que les preocupa es la creación de estas localidades y las implicaciones que esto tendría. Dice que en la Constitución ya se había establecido la división de la ciudad y por lo tanto hacer el ajuste sería inconstitucional.

El segundo tema que procedió a la demanda es con respecto a las vigencias futuras, que según los concejales, en el nuevo Estatuto Orgánico de Bogotá se estarían desconociendo las leyes que hay al respecto. Por ahora la demanda fue recibida y se espera que puedan concurrir diferentes actores como la ciudadanía y representantes de la Procuraduría para hacer seguimiento del caso en la Corte.

Una de las peticiones del cabildante de Colombia Justa Libres es que en el caso de las vigencias futuras se debió haber tramitado una ley a través del Congreso para hacer el ajuste. “La ley que demandamos (Estatuto Orgánico) dice que el Concejo determinará las localidades, y ya en el POT la doctora Claudia López tiene 33 localidades sin tener claro de dónde salió ese número, cuál va a ser el estudio y cuál va a ser la burocracia”, reclama Rojas.

Asegura que pasar de 20 a 33 localidades representará un gasto importante para la ciudad durante los próximos años, además de los cargos y la burocracia necesaria para que esto funcione. Dice que se deben tener en cuenta temas como seguridad, centros educativos, integración social, entes de control, entre otros.

La acción, que fue interpuesta en septiembre, por ahora no frenará las discusiones que se adelantan en el Concejo sobre el POT, que no ha estado exento de polémicas, pero podrían llegar a influir en la conformación de las nuevas localidades como hasta ahora las había planteado la administración de Claudia López.