El lío de tierras, una discusión zanjada

Después de un duro debate, la Corte Constitucional le dio la bendición judicial al Decreto 902 de 2017 que establece los instrumentos que impulsarán la llamada reforma rural integral, uno de los compromisos esenciales del acuerdo de La Habana. Contempla que 7 millones de hectáreas de tierras sean formalizadas en favor de los campesinos que por décadas la han detentado sin títulos.

La corte avaló los instrumentos con que se hará esa operación. La regla base es que el decreto no podrá ser interpretado ni aplicado en forma que afecte o desconozca el derecho a la propiedad privada debidamente registrada, legalmente adquirida y ejercida. Es decir, no habrá ningún tipo de expropiación.

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Los favorecidos serán campesinos con patrimonio menor a 250 salarios mínimos legales, así como comunidades étnicas como afrocolombianos, raizales y palenqueros. Con ese público objetivo se deberá conformar el Registro de Sujetos de Ordenamiento (Reso), una herramienta que estará bajo la batuta de la Agencia Nacional de Tierras y que “consigna públicamente” a todos los beneficiarios. Los favorecidos no podrán transferir, durante siete años, la tierra que reciban y asumirán el compromiso de trabajarla directamente con apoyo de su familia. Además, deberán cuidar y respetar el medioambiente.

Los campesinos podrán acceder a los predios que concentrará el Fondo de Tierras creado para este propósito. Quienes toquen las puertas del fondo encontrarán tres vías: 1) La adjudicación directa, que se dará en zonas focalizadas donde exista una intervención articulada del Estado que garantice que la actividad productiva sea sostenible en el tiempo. 2) Subsidio integral de acceso a tierra: es un aporte estatal no reembolsable, que podrá cubrir hasta el ciento por ciento del valor de la tierra anhelada, así como los gastos que impliquen la puesta en marcha de un proyecto productivo. 3) Crédito especial de tierras: se trata de un esquema de préstamo con tasa subsidiada que regentará la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario.

Uno de los puntos clave del decreto, y objeto de gran discusión, es el paquete de ajustes al procedimiento legal con que se tramitan los asuntos legales de la tierra, que hoy van por diferentes rutas e instancias. El decreto ley abre la vía para que todo lo relacionado con tierras –salvo títulos colectivos– tenga como puerta de entrada la Agencia Nacional de Tierras. Esta entidad podrá entregar títulos de propiedad sobre predios de la agencia; asignar recursos subsidiados o créditos para la adquisición de predios como medida compensatoria. Así mismo, se ocupará de la formalización de predios privados, de la clarificación de la propiedad, deslinde y recuperación de baldíos; y hasta la extinción judicial del dominio y expropiación judicial de parcelas abandonadas.

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Estas y otras responsabilidades imponen un gran desafío para evitar que la corrupción y el amiguismo se tomen la entidad, que desde ya se perfila como la superagencia del Estado. Justamente, ese punto fue neurálgico en la discusión entre los nueve magistrados de la corte. Un apretado 5-4 terminó por darle aval a la norma. Entre los cuatro que estuvieron en contra están Gloria Ortiz (la ponente original del proyecto que fue derrotada en su postura de tumbarlo completo), Luis Guillermo Guerrero, Carlos Bernal y Alejandro Linares, presidente de la corte y uno de los defensores de los acuerdos. La Procuraduría también se opuso al considerar que este articulado debió tener un trámite ordinario en el Congreso y no por la vía rápida (fast track), como se hizo.

Contra viento y marea, el decreto salió avante. Ahora queda por verse si con su implementación se honran las inmensas promesas, siempre aplazadas, de un país con un campo menos inequitativo.