Con cuatro interinos en la Corte, inicia discusión de Ley de Aministía

Aunque los bloqueos en términos electorales ya son asunto de cada año en la Corte Suprema de Justicia, la tensión por los temas de la paz pasó de ser una crítica a una amenaza que pone en juego la legitimidad de los fallos más cruciales que se deben emitir en la Corte Constitucional.

Este tribunal tiene cuatro de sus cinco magistrados en interinidad. El futuro de los cargos titulares de dos de ellos -que reemplazarán a María Victoria Calle y de Jorge Ignácio Pretelt- se deberán definir este 2 de mayo en el Congreso, en donde se votarán las ternas enviadas por el presidente de la República.

Los otros dos cargos, tal como lo anticiparon todos los pronósticos, están refundidos en las peleas internas de la Corte Suprema de Justicia. Este lunes, aunque podría ser un día clave para destrabar las elecciones en este tribunal, las expectativas sobre lo que termine pasando en Sala Plena al final de la semana son bajas. 

En medio del hostil panorama, el despacho del magistrado en encargo José Antonio Cepeda Amarís tiene lista la ponencia para debatir esta misma semana le futuro de la Ley de Amnistía, y del despacho del magistrado, también encargado, Iván Escrucería Mayolo saldrá el proyecto de fallo del decreto 277 reglamentario.

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Días antes de la semana santa, los magistrados de la Corte Suprema llegaron a un principio de acuerdo que consiste en que cada sala de la Corte -Penal, Laboral y Civil- presentará dos probables ternas (6 candidatos) con el fin de buscar consensos. La Sala laboral ya tiene a sus favoritos, y este lunes será el turno de la Penal y de la Civil para que se lancen al agua con sus listas.

Por el lado de la Civil, la Sala más dividida de toda la Corte, se anticipa que cada magistrado presentará un candidato, de manera que solo tendrán que ponerse de acuerdo con dos restantes. Y por el lado de la Penal, intentarán conformar sus listas, aunque son los más escépticos frente al acuerdo. 

Presentar estos perfiles lo único que busca es que se identifiquen consensos. Sin embargo, hay algo en lo que al menos 9 magistrados no están dispuestos ceder y es votar por perfiles de juristas que quieran “reencaucharse” en los cargos más altos de la justicia. Tienen reservas, puntualmente, frente a Wilson Ruiz, exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura; Carlos Ardila Ballesteros, exmagistrado del Consejo Nacional Electoral y expresidente del Senado; y Martha Isabel Castañeda, exviceprocuradora. Sin el apoyo de estos 9 ninguno alcanza la mayoría necesaria (16 votos).

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Fuentes aseguran que Castañeda contaba con el apoyo de la expresidenta de la Corte Margarita Cabello Blanco, sin embargo terminó de perder impulso luego de que el Consejo de Estado la encontrara responsable de una acción de repetición. Deberá pagar 367 millones de pesos por un mal despido cuando fue magistrada del tribunal Superior de Magdalena.

La corte optó por sacar las ternas del resto de temas electorales que tienen en agenda. La lista es larga: la elección de presidencia y vicepresidencia; la elección de magistrado de la Sala Civil; los 12 magistrados para la nueva Sala de Descongestión, que es temporal; y ya están en el tiempo de pronunciarse sobre el cargo de auditor. 

En lo referente a la presidencia de la Corte, la ruptura se dio por cuenta de que al magistrado de la laboral que le correspondía el turno, Rigoberto Echeverry, le salió oposición. Y desde entonces entre Echeverry y el magistrado Mauricio Burgos, su contrincante, no han podido salir del 11-11.

Algunos sectores de la Corte señalan que Cabello Blanco, que lidera uno de los bloques de la Corte, estaría dispuesta a darle su apoyo a Burgos a cambio de que salgan en las ternas Wilson Ruiz y Carlos Ardila. Algo que es poco probable que ocurra.

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En respuesta, los siete magistrados que apoyan a Cabello Blanco -entre ellos Luis Gabriel Miranda, Aroldo Quiroz y José Luis Quiroz- son suficientes para bloquear cualquier intención de los demás integrantes de la Corte.

Mientras la pelea electoral de la Corte no cede, en el edificio contiguo ya comenzaron los grandes debates de la paz. Además de la Ley de Amnistía, también se dio inicio al proceso para revisar el Acto Legislativo que dio vida a la Jurisdicción Especial para la Paz.

Por ser la corte de cierre, que estas decisiones las tomen interinos genera preocupación, como lo admitió el mismo presidente de la Corte Constitucional, Luis Guillermo Guerrero. De manera que el costo del problema electoral de la Corte Suprema, que en años no se ha podido solucionar, amenaza una vez más la institucionalidad del país y resta credibilidad sobre los intereses que se mueven detrás de cada voto.

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