Corte Constitucional decidirá este martes el futuro del decreto de emergencia social y económica en La Guajira

Este martes 26 de septiembre, la Corte Constitucional deberá pronunciarse sobre la validez y pertinencia del decreto que declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en La Guajira, expedido por el presidente de la República, Gustavo Petro, el 2 de julio pasado.

Al expedir el decreto, el Gobierno nacional priorizó once sectores para enfrentar la crisis humanitaria, “la situación de cosas inconstitucionales que vive este departamento” y para mitigar los fenómenos climáticos de alto impacto que se esperan en la región.

Sin embargo, luego de analizar el documento se pudo corroborar que dicho decreto le otorgaba facultades especiales a Petro para tomar decisiones directas sobre la región, sin necesidad de pasar por el Congreso.

Por esa razón, la Procuraduría General de la Nación envió a la Corte Constitucional un concepto en el que le pide al alto tribunal tumbar el decreto presidencial que declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en La Guajira.

“Se advierte que la crisis del departamento de La Guajira se trata de una problemática que responde a factores estructurales y, por consiguiente, debe ser superada por las autoridades a partir de una buena gestión de los instrumentos institucionales construidos a través de la experiencia, es decir, sin otorgarle facultades extraordinarias al Gobierno nacional”, dice el documento de la Procuraduría.

Con todo ese contexto, como telón de fondo, la Corte Constitucional llevará a cabo una audiencia pública para escuchar los argumentos del Gobierno nacional para emitir dicho decreto. La magistrada ponente, Natalia Ángel Cabo, será quien presida la diligencia que se transmitirá por todas las redes sociales y la página web de la Corte Constitucional.

Los magistrados están divididos. Hay quienes están a favor del decreto y otros que piden que se declare inexequible. Dado el caso de que el decreto se anule, se convertiría en otra derrota para el Gobierno Petro.

La diligencia se desarrollará bajo los siguientes ejes temáticos:

1. El diagnóstico de la situación en el departamento de La Guajira.
2. El alcance y consecuencias del cambio climático y sus efectos particulares en el departamento de La Guajira.
3. Las medidas para conjurar los impactos del cambio climático en el departamento de La Guajira.
4. La democracia y los estados de emergencia en el contexto del cambio climático. En el análisis de estos aspectos se considerará la incidencia de las olas de calor generadas por el fenómeno de El Niño, el cual aumenta las temperaturas en ciertas zonas, como el norte de Colombia.

El Gobierno anunció en ese momento que enfocaría sus esfuerzos en los sectores de salud, agua y saneamiento básico, agropecuario y rural, medioambiental, educación, energía, transporte, tributos e inversiones, inclusión, tecnologías de la información y las comunicaciones y, por último, las medidas presupuestales, planeación y contratación.

En materia de salud para La Guajira, el decreto de emergencia contempla la implementación de un “modelo de salud propio e intercultural construido en acuerdo con las autoridades tradicionales indígenas, del pueblo wayú y de los demás pueblos indígenas”.

Uno de los puntos que establecieron en el decreto fue el aumento de mil pesos en la tarifa de energía para estratos 4, 5 y 6, el cual ya se empezó a cobrar y estará vigente durante seis meses.

Medidas presupuestales, planeación y contratación

Con el propósito de generar mecanismos ágiles, “el Gobierno nacional deberá realizar las acciones tendientes a facilitar la ejecución de los recursos públicos destinados a la contratación de los bienes y servicios necesarios en la atención de la emergencia económica decretada para La Guajira”, explicaron en un comunicado.

Respecto a los recursos del Sistema General de Regalías, deberá priorizarse, asignarse e implementarse de manera urgente “todo lo relacionado con la formulación, presentación y ejecución de proyectos de inversión que se focalicen para agua, acueductos, salud, alimentación y, programas intersectoriales, que busquen conjurar la emergencia decretada en el presente decreto”.