Vía libre a nueva política de control de precios de medicamentos

Un enorme hueco fiscal amenaza la sostenibilidad del sistema de salud, en parte por cuenta de los millonarios recobros cada año por la entrega de medicamentos que no están incluidos en el Plan Obligatorio de Salud a los pacientes. Las deudas acumuladas del sistema de salud alcanzan los 5 billones de pesos y mientras esta cifra aumenta los fallos judiciales siguen ordenando la entrega de medicamentos de última tecnología, que están por fuera del POS.

Para contrarrestar el problema, el Gobierno incluyó en el Plan de Desarrollo una iniciativa que plantea un revolcón en la política de control de precios de medicamentos, de manera que podrá intervenir los costos de todos los nuevos medicamentos que entren al país. La Corte Constitucional le acaba de dar la bendición a esta iniciativa. 

De esta manera, el Ministerio gana una pelea que para el gremio de la Salud es más importante que la emprendida a mediados de este año con el Laboratorio Novartis, en la que el Gobierno terminó por establecer un control de precio al medicamento contra el cáncer a través de la declaratoria de interés público.

Con la nueva Ley de control de precios, el Ministerio establece que cada nuevo medicamento tendrá que pasar por una evaluación de costo-efectividad y valor terapéutico, teniendo en cuenta el mercado colombiano. El Gobierno podrá excluir los medicamentos que no representen aportes para los pacientes o activará un proceso de negociación centralizada para que los que sí aporten tengan un precio regulado. Los resultados se darán a través de una evaluación del IETS (Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud) y tendrán que ser tenidos en cuenta para la expedición del registro sanitario INVIMA.

La Corte estableció como condicionamiento de su decisión que el precio previsto por el Gobierno no puede lesionar los elementos de disponibilidad y acceso a medicamentos e insumos de la población.

Para el demandante, el exsuperintendente Gustavo Morales Cobo, como presidente de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (AFIDRO), se determinó sin justificación alguna que los precios resultantes de las negociaciones centralizadas terminan siendo obligatorias para todos los actores sin diferenciar entre aquellos estrictamente privados que no utilizan recursos públicos.

“Con esta medida, se les impide a los particulares ejercer su actividad económica libremente pues esta regulación constituye una restricción injustificada que cercena el derecho a la iniciativa privada y a la libre competencia”, dice.

Para el Ministerio de Salud, por su parte, entrar a regular los precios de los medicamentos que se pagan con recursos públicos y no los privados mantendrían al sistema de salud en la misma crisis de hoy. Esto, en razón a que igual tendrían que entrar a garantizar a los usuarios del sistema de salud público, los medicamentos de acceso privado.

“Celebremos el fallo. La incorporación ordenada de tecnologías es clave para la sostenibilidad del sistema de salud. El fallo consolida un elemento esencial de nuestra política farmacéutica”, indicó el Ministro de Salud, Alejandro Gaviria.

Antes de entrar en funcionamiento, las disposiciones de la Ley del Plan tienen que pasar por una reglamentación ante el Congreso.