Política
Atención: fuerte llamado de atención de la Corte Constitucional al Gobierno Petro; declaró bajo cumplimiento en pagos a las EPS
El Gobierno debe ponerse al día en los pagos de los últimos tres años.
Este jueves 1 de febrero, la Corte Constitucional, a través de la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, declaró un bajo nivel de cumplimiento del Gobierno nacional frente a “la suficiencia de los Presupuestos Máximos para la financiación de los servicios y tecnologías del Plan de Beneficio en Salud (PBS) que no se sufragan con la Unidad de Pago por Capitación (UPC)”.
Así, la Sala evaluó el nivel de cumplimiento de las órdenes del fallo e identificó tres problemas: “En la fijación de los presupuestos, sus reajustes y retrasos en los pagos”.
“Mediante el Auto 2881 de 2023, la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008 declaró el nivel de cumplimiento bajo respecto de la suficiencia de los Presupuestos Máximos para la financiación de los servicios y tecnologías del Plan de Beneficio en Salud (PBS) que no se sufragan con la Unidad de Pago por Capitación (UPC), en el marco del seguimiento a las órdenes que persiguen la unificación de los planes de beneficios entre los regímenes contributivo y subsidiado y la suficiencia de los recursos asignados para financiarlos -vigésima primera y vigésima segunda de la Sentencia T-760 de 2008-”.
El anuncio del tribunal se dio a través de un comunicado de prensa, el cual fue publicado a través de su página web.
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Uno de los principales errores que se encontraron es que están calculando de acuerdo con el año corriente, lo cual no permite una correcta gestión de los gastos de la EPS. Esto dice un apartado del comunicado:
“Evidenció falencias en la expedición de la metodología requerida para establecerlos oportunamente, como la mora en la entrega y recolección de información completa para su análisis, y posterior cálculo de estos montos”, indica el texto.
Lo anterior implica que los presupuestos máximos se están calculando en el mismo año corriente, lo que impide una adecuada gestión del gasto por parte de las EPS, especialmente porque representa un reconocimiento tardío y un desembolso posterior a la prestación de los servicios que se cubren con esos valores.
Además, advirtió inconvenientes derivados del trámite de reajuste, con ocasión de la expedición tardía del acto administrativo que establece la metodología para su cálculo y, por ende, de su reconocimiento y pago.
Por último, encontró que estas falencias impactan directamente en la liquidez de las EPS y el flujo de recursos al interior del Sistema General de Seguridad Social en Salud, pues la cartera adeudada por este concepto no solo está creciendo, sino que ha superado hasta dos años de vencida.
En conclusión, son tres los grandes fallos que encontró: “La Sala identificó problemas en (i) la fijación de los presupuestos, (ii) sus reajustes y, (iii) en los retrasos en los pagos”.
Tras los hallazgos, la Corte dispuso que el Ministerio de Salud debe:
- “Dentro de los 45 días calendario siguientes a la comunicación de la providencia, cancele efectivamente los valores pendientes por concepto de reajustes a los presupuestos máximos reconocidos para la vigencia del año 2021.
- Dentro de los 45 días calendario siguientes a la comunicación de la providencia, presente un cronograma en el que establezca las acciones necesarias para reconocer y pagar los valores pendientes por concepto de reajustes a los techos de la vigencia 2022. Este plan de trabajo no podrá exceder el término de 6 meses para su culminación.
- Dentro de los 30 días calendario siguientes a la comunicación de la providencia, expida y notifique el acto administrativo de reconocimiento de los techos correspondientes a los meses octubre, noviembre y diciembre de 2023, si aún no lo ha hecho.
- Dentro de los 45 días calendario siguientes a la comunicación de la providencia, presente un cronograma para definir la metodología de reajuste definitivo de los techos del año 2023, y se fijen y cancelen los reajustes finales. Este plan de trabajo no podrá exceder el término de 6 meses siguientes a la terminación de la vigencia de 2023.
- En el término de 6 meses siguientes a la comunicación de la providencia, cree una metodología unificada de definición y reajuste de los Presupuestos Máximos y reajustes, que observe los parámetros fijados en el auto -f.j. 130-”.