¿La prostitución es trabajo o crimen?, el debate que llegó a la Corte Constitucional

El jueves, desde las siete de la mañana, dos anillos de seguridad extraordinarios acordonaron el acceso al Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá. La razón no podía ser más exótica: los nueve magistrados de la Corte Constitucional escucharían las posturas enfrentadas en torno al funcionamiento de Barlovento, un pequeño prostíbulo con más de 80 años de existencia en el remoto municipio de Chinácota, Norte de Santander.

A la audiencia asistieron la dueña de la taberna, Nelcy Esperanza Delgado; su contraparte, Nubia Romero, alcaldesa del municipio; así como el inspector de Policía, el ICBF, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo. También juristas, académicos, urbanistas y expertas defensoras de los derechos de las mujeres. Además se acreditaron lideresas de sindicatos de trabajadoras sexuales, activistas de la comunidad LGTBI y universitarios interesados en el tema.

La disputa por la taberna Barlovento, donde trabajan 15 mujeres, ya lleva varios años. Inicialmente la Alcaldía cerró el establecimiento porque no tenía la documentación necesaria, se hallaba a solo 105 metros de una escuela y los vecinos se quejaban constantemente. Pero la dueña, a nombre propio y de las 15 prostitutas, instauró una tutela alegando que el trabajo sexual –consciente, libre y voluntario– es legal en Colombia y que por tanto les estaban violando su derecho al trabajo. El juez municipal le negó la tutela, pero la Corte Constitucional al revisarla falló a favor de las mujeres. El burdel reabrió sus puertas.

Pero luego la Alcaldía alegó que el uso comercial del suelo reñía con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que considera residencial la zona donde está la taberna. Ante esto la corte hizo una nueva reflexión y por medio de un auto anuló el fallo inicial. Ante eso, la propietaria del bar insiste en que el POT de Chinácota no está vigente y que el proyectado por la Alcaldía no contempla zonas de tolerancia, con lo cual le vulnera su derecho al trabajo y le estigmatiza el negocio vía exclusión. Por todo ello la corte decidió citar a una gran audiencia para escuchar los argumentos, zanjar el tema y, de paso, consolidar un criterio jurisprudencial.

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El tema tomó dimensión nacional porque el veredicto que la corte emita respecto a Chinácota definirá la suerte de cerca de 1.000 municipios que tienen una problemática similar: el derecho a ejercer la prostitución versus el ordenamiento territorial de los municipios.

En la taberna Barlovento, en Chinácota, Norte de Santander, trabajan 15 mujeres que ofrecen sexo a cambio de dinero. Todas se dedican a ello porque no tienen otra forma de subsistir, algunas tienen hasta 6 hijos.

Primero habló ante los magistrados Nelcy Delgado, una mujer entrada en años que aseguró que sus padres fundaron el bar en 1935 y que ha funcionado toda la vida sin causar daño. “Los hombres necesitan un servicio y las muchachas necesitan su trabajo. Y yo también necesito trabajar porque además tengo que ver por una nieta y soy desplazada de la violencia”, aseguró. Por su parte, la alcaldesa admitió que el POT no contemplaba zonas de tolerancia donde reubicar el bar, pero al mismo tiempo argumentó que las políticas municipales deben beneficiar a la población y que las mujeres de Barlovento eran foráneas que solo iban los fines de semana. A su turno, el inspector de Policía cuestionó las condiciones de salubridad del prostíbulo: “Los colchones son viejos, las habitaciones pequeñas y sin baños”, anotó.

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Luego hubo una cascada de intervenciones de alto vuelo. La procuradora delegada trató de leer una ponencia dispersa en varios papeles, tiempo que algunos magistrados aprovecharon para revisar con discreción sus teléfonos celulares. Un doctor en derecho subió al estrado, citó una decena de normas y aseguró que del silencio del POT municipal no se podía “desprender una exclusión material de las damas en cuestión”. Otro, con posgrados en urbanismo, explicó que los municipios de Colombia surgieron de forma caótica y que a estas alturas conciliar el ejercicio de la prostitución con el urbanismo es una misión imposible. Así, entre el tedio, la repetición de infinitas normas, las tesis seudofilosóficas y la crítica al vacío de las normas, pasaron casi dos horas.

Pero el acartonamiento y el hastío de la audiencia terminaron cuando un grupo de mujeres tomó la palabra y pidió a la corte tener la valentía de ir al fondo real del problema: “El ejercicio voluntario de la prostitución no existe”. Su tesis, apoyada en cifras y testimonios, cuestiona que en Colombia la ley considere a la prostitución un trabajo digno y legal. Sostienen que nadie asume esa actividad por elección libre y que quienes lo hacen son víctimas de un crimen cometido contra una persona en especial estado de vulnerabilidad. Además, está nacional e internacionalmente probado que el grupo poblacional en mayor riesgo de morir asesinado son las personas que se dedican a la prostitución.

Estudios de la Secretaría de Integración Social de Bogotá de 2012 arrojan un panorama lamentable: el 95 por ciento de las personas en prostitución son mujeres y niñas, ingresan en promedio entre los 12 y los 14 años, y 90 por ciento sufrió abusos sexuales en la infancia o en la adolescencia. Se trata de mujeres pobres, migrantes o desplazadas, el 76 por ciento carece de hogar y 95 por ciento quiere salir de la prostitución, pero no puede. Se calcula que hoy, solo en Bogotá, hay 23.500 mujeres en prostitución.

Claudia Quintero, sobreviviente de la prostitución y directora de la Corporación Anne Frank que agrupa a mujeres víctimas de violencias de género, subió al estrado y ofreció un testimonio escalofriante a los presentes y a los nueve magistrados de la corte:"Nunca un “trabajo” me hizo tanto daño como la prostitución. Acabó casi con mi vida. Si es que a eso se le puede decir “trabajo”. No he olvidado cada noche en que pasé frío, los golpes machistas que recibí porque creían que por haber pagado por sexo tenían derecho a maltratarme, los proxenetas que me castigaban enviando a la policía a pegarme porque no quería ir al prostíbulo. Fue una vida de dolor". Y agregó: "En los burdeles hay que beber alcohol, hay que llevar una vida nocturna, en el burdel no se te garantiza ningún derecho porque solo eres mercancía. Cuando garantizas la estabilidad de un burdel no garantizas la estabilidad de los derechos humanos de las mujeres prostituidas. Sostienes un negocio (sostenemos un negocio) de quienes se lucran del cuerpo de las mujeres por medio de la prostitución ajena".

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Quintero cuestionó que la corte, en algunos pronunciamientos, considere a las personas en prostitución como “trabajadoras sexuales y no víctimas”. Se preguntó si ella misma había optado libremente por la prostitución, y respondió que eligió ese camino porque tenía una pistola simbólica en la sien: “La pistola del desplazamiento, la pobreza y exclusión social”, dijo. Luego contó la historia de Jenny Pinilla, una joven que huyó de un burdel en Cúcuta donde la maltrataban y la explotaban con todo tipo de aberraciones: “Ella hirió a su explotador y escapó como pudo. Hoy está presa, condenada a 11 años de cárcel, mientras que el proxeneta está libre”. Y explicó que en el proceso penal, el fiscal del caso describe a Jenny como “una trabajadora sexual que agredió a un empresario”.

Mientras que en la Corte Constitucional se ponía en entredicho que la prostitución sea una opción voluntaria, afuera activistas y travestis exigían mejores condiciones por el trabajo sexual.

Ya con la voz entrecortada, Quintero cerró su testimonio para decir que había sido muy difícil pararse allí a contar todo. Lamentó que sus hijos se enteraran de toda su tragedia y advirtió que el suyo no era un discurso de lástima, sino de dignidad: “Señores magistrados, estoy acá porque no quiero que ninguna otra mujer sufra la prostitución”, dijo. La mujer aseguró que la tolerancia a la prostitución se deriva de una mirada machista que hace las leyes y a la vez se lucra de explotar así a las mujeres. Por eso agradeció que por primera vez los magistrados escuchen a las víctimas de la prostitución en vísperas de tomar determinaciones al respecto.

Tras escuchar el desgarrador testimonio ningún togado tuvo ánimo de hacer preguntas. Solo la magistrada Diana Fajardo tomó la palabra y agradeció a la mujer por su valentía: “Es algo que valoramos mucho”. Luego hubo un silencio pesado y finalmente el magistrado ponente, José Fernando Reyes, dio por terminada la diligencia: “Les agradecemos a todos. Ahora la corte tiene muchas mejores razones”. Para ese momento la discusión sobre el POT y la ubicación de un bar en Chinácota resultaban una nimiedad. Quintero y sus compañeras lograron dejar sonando una pregunta incómoda: ¿el negocio de la prostitución es realmente un trabajo digno como señala la ley vigente o se trata de un crimen? La corte dirá la última palabra cuando emita su fallo de unificación sobre la disputa del bar Barlovento, un caso local que cada vez cobra mayor trascendencia nacional.