El salto de la Corte Constitucional a la tutela electrónica

De manera silenciosa, la Corte Constitucional dio esta semana uno de los mayores saltos en su historia. Ocho magistrados tomaron la decisión unánime de dejar de recibir tutelas físicas para su revisión eventual.

Las cifras que se esconden detrás de esta medida son mayúsculas. En 2019, la Corte Constitucional recibió 620.242 tutelas, un promedio de 51.687 tutelas mensuales. Los bloques de carpetas que ocupan cuartos y pasillos enteros eran traídos por servicios de mensajería, y una vez descartadas para revisión de la Corte debían ser devueltas a su lugar de origen. Se calcula que solo por regresar los expedientes no seleccionados se pagaban en promedio $506.905 millones de pesos mensuales al servicio de mensajería 4-72. 

La suspensión de términos judiciales por la pandemia hizo que este problema mensual adquiriera dimensiones de avalancha. Desde el 16 de marzo, cuando se suspendieron términos, hasta la fecha, había más de 100 mil tutelas represadas que esperaban su envío por correo físico desde todos los rincones del país al Palacio de Justicia, en Bogotá. Este era el primero de todos los problemas, porque una vez en Bogotá, 90 judicantes tenían que reanudar su trabajo de revisión una a una para el trámite de selección.

Por ello, el pasado miércoles los magistrados tomaron la decisión de clausurar el recibo de expedientes físicos y aceleraron el aterrizaje de una herramienta digital que menguará la dimensión del problema. El programa Pretoria fue desarrollado por la Corte Constitucional, la Universidad de Buenos Aires y la Universidad del Rosario. La financiación contó con el respaldo del grupo de liderazgo transformacional al que pertenecen Corferias, la Cámara de Comercio de Bogotá, entre otros.

El programa permitirá que los despachos judiciales puedan cargar archivos digitales y que los judicantes puedan hacer búsquedas selectivas sobre los documentos por palabras clave y categorización de criterios relevantes, además de generar estadísticas automáticamente. Este sistema se complementa con el sistema de información de la plataforma Tyba que maneja la rama judicial y que tiene implementados despachos que manejan el 16 % de la demanda de tutela del país. Como una fórmula de emergencia, se planea habilitar el correo electrónico para la recepción de los documentos digitales.

Lo cierto es que a partir del 30 de julio, la Corte habilitará la radicación electrónica. Y el tiempo entre el 1 de julio —cuando la Judicatura levantó los términos judiciales en el país— y el 30 de julio será tomado como periodo de prueba para los envíos digitales. La Corte Constitucional también puso unos requisitos de información mínimos para estudiar los documentos en digital: se debe adjuntar la acción de tutela, su contestación, la sentencia de primera instancia y, en caso de que existan, la impugnación y el fallo de segunda instancia.

Se calcula que de los anaqueles de tutelas que llegan todos los días a la Corte solo son seleccionadas para revisión de los magistrados el 0,01 %. Parece poco, pero producto de estas decisiones salen las líneas jurídicas que más impacto tienen en las calles. Según datos del Consejo Superior de la Judicatura, durante la pandemia los derechos tutelados más comunes en dichas acciones son salud (24 %), debido proceso (11 %), mínimo vital (10 %) y vida (6 %). En las primeras instancias, se ha hecho de manera digital. Ahora, la Corte Constitucional se adapta a la era digital y suprime el recibo de toneladas de papel.