Promigas tendrá que sembrarles plantas medicinales a los indígenas

Uno de los grandes proyectos de la empresa pública Promigas es ampliar su cobertura de gas natural de manera sustancial a través de la construcción de un gasoducto que comienza en Ovejas (Sucre) y termina en Mamonal (Cartagena). La obra abarca 190 kilómetros y vale alrededor de 200 millones de dólares.

El proyecto bautizado como gasoducto Loop San Mateo Mamonal ya fue protagonista de un fallo de la Corte Constitucional que el año pasado frenó las obras en tanto se surtieran procesos de consulta previa en Maríalabaja y Cartagena con el fin de garantizar los derechos a las comunidades de Ma-Majari del Níspero, Flamenco y Pasacaballos.

Ahora, un nuevo fallo en este tribunal vuelve a concentrar la atención en la construcción. Se trata de la reclamación vía tutela hecha por dos comunidades ancestrales de Sucre: Maisheshe La Chivera, en el corregimiento La Chivera, y La Piche, en San Onofre.

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En el primer caso, el alto tribunal encontró que a pesar de que la afectación de la construcción no es directa, la comunidad ancestral sí está en una zona de influencia. Específicamente constató que existen áreas donde crece flora local y que es usada para la práctica de medicina tradicional.

Por declaraciones tomadas a médicos de la comunidad y líderes, se estableció que las obras trajeron consigo maquinaria pesada que arrancó árboles, destruyó varias especies de plantas y aplastó culebras, iguanas y los demás animales silvestres que habitaban allí.

Alegan, por ejemplo, que por cuenta de los buldóceres se acabó con plantas como Penicillo, usada como una especie de anestesia para cuando tienen la dentadura dañada o la Mata Ratón, que es usada para los ojos. En total, dicen los médicos tradicionales, acabaron con alrededor de 26 especies.

Sin embargo, las obras en este tramo ya concluyeron. Por eso, para la Corte no tiene ningún sentido suspenderlas ya que solo generaría graves perjuicios al detener el transporte de gas que realiza la entidad en 190 kilómetros. “Resultaría desproporcionado e irrazonable”, admite la Corte.

Por ello, sin dejar de garantizar el derecho a la consulta previa, emite un fallo más ajustado a la situación. Para la Corte, la construcción no puede acabar con la práctica de medicina tradicional, por ello le da tres meses al Ministerio del Interior para que avance en el proceso de consulta previa. Esto con el fin de que Promigas al lado de un médico tradicional identifiquen las especies afectadas y establezcan un cronograma para que las cultiven nuevamente.

De otro lado, en lo referente a la comunidad de La Piche, el alto tribunal cuestiona que no haya existido claridad en cuanto a la ubicación de los territorios por parte de la instituciones encargadas de hacerlo. Y lo más reprochable, se expidieron las certificaciones sin que se tomaran las medidas necesarias para aclarar cualquier traslape entre los territorios utilizados por las comunidades indígenas con el área de influencia del gasoducto.

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Por ello le ordena al Ministerio del Interior que con los insumos que entregue la Agencia Nacional de Tierras establezca si el territorio está ubicado total o parcialmente en el área de influencia del proyecto. Y subraya que este procedimiento debe hacerse antes de emitir certificación de presencia de comunidades étnicas. Para ello da 10 días hábiles al Gobierno.

Este fallo se une a otros en todo el país, en donde la Corte cuestiona que no se surtió de manera oportuna y adecuada con el proceso de consulta previa, que aunque está establecido en la Constitución tiene un gran vacío de reglamentación que no permite, a nadie, establecer cuáles son las reglas de su aplicación.  

Por ello, la Corte constantemente crea jurisprudencia nueva en este sentido, y las órdenes han ido desde frenar millonarias obras o mover batallones hasta, como lo hace ahora, poner a las empresas a resembrar las plantas dañadas.