La libertad de Chucho

El oso Chucho, que vive en el zoológico de Barranquilla es el único animal en Colombia que ha conseguido salir de una detención ilegal. Al menos en el papel.

Este oso andino nació en cautiverio como un experimento para salvar la especie. A sus 23 años, cuando acababa de concretarse su trasteo desde una reserva nariñense con destino a la Costa, le fue concedido el derecho fundamental de habeas corpus en una decisión de la Corte Suprema de Justicia firmada por el magistrado Luis Armando Tolosa.

A Chucho le concedieron el mismo mecanismo de garantía contemplado para que las personas arrestadas arbitrariamente recuperen la libertad. Pero el fallo duró solo 20 días en firme antes de que otros magistrados lo neutralizaran. Esa puerta, que se abrió momentáneamente en 2017 en Colombia, encierra un profundo debate: ¿los animales pueden tener los mismos derechos que las personas?

Por cuenta de decisiones judiciales, los ríos Atrato, Cauca y Amazonas son hoy considerados sujetos de derechos. El páramo de Pisba en Boyacá y los afluentes Coello, Combeima y Cocora, en Tolima, también tienen esta protección. Pero en el terreno de los animales este es un salto aún más fuerte  y  para muchos podría tener efectos inciertos.

En un lado de la discusión están quienes creen que humanizar a los animales no garantiza salvarlos del maltrato y, en cambio, los estrados sí podría terminar ordenando concesiones excesivas en un país con tanta desigualdad social. Otros aseguran que no reconocerles derechos a todos los seres sintientes resta la posibilidad de protegerlos mediante acciones judiciales contundentes. En esta última postura, por ejemplo, se ha sostenido la magistrada de la Corte Constitucional Gloria Ortiz, quien dio esta pelea hace tres años cuando seleccionó el caso de Bebé, un mono aullador que fue apartado de su familia de crianza luego de ser incautado por la CAR Cundinamarca por tratarse de una especie silvestre. El clamor de Ortiz fue desatendido por la sala de tutela que resolvió el caso.

Pero la corte de entonces ha cambiado y ahora el debate regresa con nuevos protagonistas. El caso de Chucho cayó en el despacho de Diana Fajardo, quien ya compartió su proyecto de sentencia a la Sala Plena para discutirlo este mismo miércoles. Para Fajardo, el habeas corpus de Tolosa debe quedar en firme y reconocer a los animales como sujetos de derechos. La magistrada precisa que hay que determinar los niveles de protección según su especie –no es igual el oso andino que un zancudo– y de acuerdo con el nivel de relacionamiento o dependencia con los seres humanos.

Chucho llegó al mundo en una camada de cuatro crías, con Azúcar, Moisés y Clarita, en la reserva natural de La Planada, ubicada en Ricaurte (Nariño). Este lluvioso lugar de 3.300 hectáreas y exuberante vegetación está desde 2010 en manos de la comunidad indígena awá.

Cuando cumplieron los cuatro años –la edad de madurez sexual– los cuidadores trasladaron a Clarita y a Chucho a 780 kilómetros, a la reserva forestal protectora de río Blanco, al nororiente de Manizales. El argumento del traslado fue la escasez de recursos,  por lo que su cuidado quedó a cargo de los responsables de la reserva: Aguas de Manizales S. A. E. S. P. y Corpocaldas.

Se suponía que este nuevo hábitat les iba a permitir un régimen de semilibertad dentro de un programa de educación ambiental y de conservación. Pero no hubo las condiciones esperadas. Alimentaban a los osos con concentrado para perros y no les daban la asistencia veterinaria adecuada. Poco tiempo después, Clarita murió como consecuencia de un cáncer de útero.

Con la muerte de su hermana, Chucho entró en depresión. El oso pasó décadas en solitario, en un espacio de media cuadra encerrado con alambre de púas y cerca eléctrica. Esta condición comenzó a generar estragos en su comportamiento. Escapaba del lugar, lo cual ponía en riesgo su vida y la de los humanos de la zona.

Por un trámite de Corpocaldas, trasladaron el oso de Manizales al zoológico de Barranquilla. El cambio le representó al animal pasar de las montañas cubiertas de niebla, en donde el clima oscila entre 12 y 23 grados centígrados, a una nueva casa en una ciudad caribeña y con una temperatura promedio de 27 grados.

Allí pasa los días al lado de una compañera de su especie, en la piscina, montado en unos troncos, o a la sombra de un árbol frondoso, rodeado de algunos primates como el mono araña. En el día, los turistas pueden verlo en su encierro de 175 metros cuadrados. En la noche, lo ubican en un espacio separado de su acompañante por una malla, aunque les permiten tener contacto visual y olfativo.

Los medios de comunicación publicitaron el traslado de Chucho, lo que llevó al abogado Luis Domingo Gómez Maldonado a pensar que el oso andino podría cambiar la historia jurídica de los animales en Colombia. “No pretendo que Chucho vaya a la universidad, ni que se beneficie de programas para la tercera edad. Quiero que le brindemos el tratamiento y consideración que requiere una especie en vía de extinción”, señaló el abogado. Él cree que el oso tiene derecho a regresar a la reserva de La Planada, donde nació.

Pero en el Zoológico de Barranquilla piensan distinto. Christian Olaciregui, jefe del Departamento de Biología, explica que hay un alto desconocimiento frente a la forma en que esta especie se adapta al clima. Cita, por ejemplo, casos en Perú en donde los osos andinos sobreviven en los bosques secos en alturas que comienzan a casi el nivel del mar.

 La magistrada Fajardo pretende ordenar que un comité técnico evalúe en un término no mayor a 3 meses las condiciones de Chucho y emita un concepto frente a su traslado a una reserva que cuente con plenas capacidades para su cuidado y protección.  Además, le daría seis meses al Ministerio de Ambiente para poner en marcha un programa de monitoreo al oso andino que permita evaluar avances y desafíos en la política pública de protección a esta especie.

La ponencia de la magistrada Fajardo contará con el respaldo de su compañera y presidenta de la corte Gloria Ortiz. Pero se necesitarán al menos cinco votos para conseguir una decisión en medio de una tradición jurídica que cree que conceder estos derechos es humanizar a los animales.