Bogotá
Corte Constitucional reafirma que el POT expedido por decreto por Claudia López no puede delimitar nuevas localidades
El POT que expidió la alcaldesa por decreto en diciembre de 2021, cambia la división de Bogotá de 20 localidades a 33 Unidades de Planeación Local (UPL).
La Corte Constitucional profirió sentencia en la demanda que presentaron algunos concejales en contra de la modificación del “Estatuto Orgánico de Bogotá”, que se debatió y aprobó en el Congreso de la República. Se trata de la reforma que abría la posibilidad para que la división político-administrativa de la ciudad en localidades fuese modificada por medio del POT, como pretendió hacerlo la alcaldesa Claudia López.
La acción judicial, que fue instaurada el pasado mes de septiembre, pretendía que se declararan inconstitucionales los artículos 6 (parcial) y 14 de la recién aprobada Ley 2116 de 2021, que modificó el Estatuto Orgánico de Bogotá, y que se dejara sin efectos la reforma que le quita competencias al Concejo de Bogotá en materia de autorización de vigencias futuras e incluye la creación de localidades a través del POT.
En síntesis, el parágrafo transitorio del artículo seis, de la reforma al estatuto orgánico de Bogotá indica lo siguiente: “La delimitación de las localidades será la que sea definida mediante el acto administrativo que adopte el Plan de Ordenamiento Territorial”.
Pues bien, la Corte Constitucional decidió declarar la exequibilidad condicionada de este parágrafo transitorio, en el entendido que cuando el Plan de Ordenamiento Territorial POT sea expedido por Decreto, no puede incorporar la delimitación territorial de las localidades del Distrito Capital de Bogotá.
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De esta manera, esta decisión de la Corte Constitucional afectaría el POT que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, expidió mediante el Decreto 555 en diciembre de 2021, luego de que el proyecto de acuerdo no pudiese ser tramitado ni discutido a cabalidad en el Concejo de Bogotá en los 90 días que la ley da como plazo para su aprobación.
En ese Decreto 555, por el cual se expidió el POT Bogotá Reverdece, la administración distrital buscaba dividir a Bogotá en nuevas localidades, específicamente en 33 nuevas Unidades de Planeación Local (UPL).
“Compartimos la necesidad de reorganizar el territorio en Bogotá, debido a que las condiciones sociales, poblacionales han cambiado en comparación a las dinámicas que se tenían hace varias décadas, pero no de manera autoritaria, como este gobierno pretendía hacerlo: a través de un decreto expedido en los últimos días de diciembre, sin mediar discusión en el Concejo”, aseguraron las concejalas de Bogotá, Lucía Bastidas y Heidy Sánchez, en un comunicado conjunto.
“Hacemos un llamado a la administración para que dentro de sus facultades, y de acuerdo a la condición impuesta por la Corte Constitucional, realice las gestiones para presentar un Proyecto de Acuerdo para la futura división territorial de Bogotá, división que debe ser concertada, fundamentada y mediada por la deliberación democrática”, agregaron las cabildantes.
“Una vez más queda en evidencia cómo la alcaldesa Claudia López y su Secretaria de Planeación, María Mercedes Jaramillo, mediante el Decreto 555 de 2021, tomaron medidas autoritarias ignorando los cauces procesales establecidos por la ley, en este caso, para impulsar la delimitación de las localidades en UPL, una más de las decisiones que se toman en un escritorio a espaldas de la ciudadanía”, puntualizaron.
Ahora, frente a la demanda que buscaba la inexequibilidad del artículo 14 relacionado con las vigencias futuras de Bogotá, la Corte les negó los argumentos a los concejales y declaró exequible este artículo.
Vale mencionar que este artículo establece que el Confis Distrital podrá autorizar la asunción de obligaciones que afectan presupuestos de vigencias futuras de funcionamiento o inversión cuando su ejecución se inicie con el presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del compromiso se lleve a cabo en cada una de ellas siempre y cuando se cumpla algunas especificaciones.
