Corte Constitucional ordena ampliación de la ley de víctimas

La ley de víctimas y restitución de tierras no pierde su vigencia en junio de 2021. A través de un comunicado la Corte Constitucional anunció este jueves que falló favorablemente una demanda que buscaba extender la vigencia de la norma. 

Cuatro meses después de que Juan Fernando Cristo, Guillermo Rivera, Néstor Osuna y Gustavo García, radicaron una demanda que buscaba tumbar el artículo 208 de la Ley 1448 del 2011 que establecía una vigencia de solo diez años, el alto tribunal falló la decisión a su favor y les dio la razón.  

Aunque la sala plena de la corte se le adelantó al presidente Iván Duque que viene tramitando en el Congreso un proyecto en ese sentido, la decisión indica que tienen antes del otro año para que el proyecto vea la luz, o de manera automática, toda la normativa incluyendo la restitución de tierras, se extenderá hasta el 7 de agosto de 2030.

El alto tribunal "exhorta al Gobierno y al Congreso para que antes de la expiración de la vigencia adopte las decisiones que correspondan, en relación con la prórroga o con la adopción de un régimen de protección a la víctimas que garantice adecuadamente sus derechos", advierte el documento. 

Desde que fue aprobada en 2011, la ley de víctimas le apuntó al corazón del conflicto en dos aspectos. El primero, reconocer el sufrimiento humano en la guerra, que es un deber ético inaplazable y que redunda en una mayor legitimidad del Estado. Y en segundo lugar, ubica la tierra como el eje principal de la reparación, lo que significa reconocer que allí, en la tierra, está el centro de gravedad del conflicto armado que ha vivido Colombia durante el último medio siglo.

A la fecha, más de 8.920.473 personas aparecen en el Registro Único de Víctimas. Desplazamiento (7.571.591), homicidio (1.012.805), amenaza (424.304) y desaparición forzada (175.422) aparecen como los hechos victimizantes más recurrentes. De ahí que su implementación haya sido vista como una manera de incluir en el proyecto de nación a ciudadanos y comunidades que por décadas han vivido en la periferia del poder y del progreso, en una especie de lejano oeste donde ha imperado la ley del más fuerte. 

Habrá que ver, sin embargo, cuántos ajustes y de qué tipo incluirá el presidente Duque en el documento que empezó a tramitar. Uno de los temas que más preocupa tiene que ver con la política de restitución de tierras que se desprende de esta norma. Y es que el miedo de muchos es que se abra el eterno debate de los "compradores de ‘buena fe". 

Los dos millones de hectáreas de tierras usurpadas a sangre y plomo se convirtieron en un botín de guerra y en una fuente de poder político local; y los cuatro millones de hectáreas abandonadas por el conflicto, en un catalizador de la pobreza y en un obstáculo para modernizar al país. La ambiciosa perspectiva se ratificó con el paso del tiempo. Aunque han pasado más de diez años desde que la norma entró en vigencia, a la fecha apenas se han conocido 5.496 sentencias que han resuelto 10.814 solicitudes. Es decir,  se ha resuelto la situación de 373.533 hectáreas.