Corte Constitucional: uribismo denuncia politización y pide reforma a la justicia

La Corte Constitucional, después de nueve horas de fuerte debate, votó a favor de mantener la condición de imputado del expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de presunto fraude procesal y soborno. La decisión golpeó fuertemente al uribismo y al partido Centro Democrático, que no parece levantar cabeza en los últimos días.

La reacción del expresidente fue tardía, dado que mantuvo silencio hasta este viernes, cuando trinó de modo reflexivo. Su mensaje demuestra su percepción de su proceso judicial.

“En diálogo con mi ser busco más fuerza espiritual para defender mi reputación, seguridad jurídica, y luchar contra las amenazas tibias y radicales a la democracia”, dijo el exsenador, quien fue respaldado y secundado por allegados y miembros de su causa política.

Por este nuevo revés, casi en coro, alfiles del uribismo se pronunciaron en contra de la Corte Constitucional y denunciaron una supuesta “politización” de la justicia.

Una de las más tajantes en su crítica es Paloma Valencia, senadora y precandidata por la colectividad, quien trinó recordando la reforma a la justicia que el uribismo no deja de traer a colación.

“Nos urge una reforma estructural a la justicia y a los equilibrios de poderes. Qué daño le hace a las instituciones saber que los juicios están marcados por las posiciones políticas. Qué daño que se denuncien presiones políticas sobre las decisiones jurídicas”, señaló Valencia, quien además respondió a los rumores de supuestas llamadas de expresidentes a los magistrados que debatirían la decisión de mantener o levantar la imputación.

“A quien le quedaban dudas sobre si el proceso del presidente es político; le debe quedar claro después de saber de las llamadas y las presiones que se ejercieron sobre los magistrados”, aseveró.

Cabe recordar que el proyecto de Acto Legislativo de reforma a la justicia fue aprobado en segundo debate por la Cámara de Representantes. Este pretende cambiar los métodos de elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. Sin embargo, la reforma que plantea el uribismo es más profunda que reduce el número de altas cortes sin funciones electorales en otras ramas del poder público.

María Fernanda Cabal, por su parte, hizo un video al respecto en el que denuncia “la judicialización de la política y la politización de la justicia”.

“Hace apenas unas horas, conocimos la decisión de la Corte Constitucional de negar el amparo del presidente Uribe en medio de un proceso infame en su contra. (...) No puede ser que la Corte que le dijo sí al Acuerdo de Paz, la Corte que tiene unos magistrados que se sientan a manteles con Juan Manuel Santos, que tiene contratistas de La Habana, terminen tomando decisiones en contravía de principios consagrados en la Carta y la jurisprudencia”, aseveró en un aparte.

El representante Edward Rodríguez, quien también busca un lugar en la aspiración a la Presidencia, pidió que se eliminen las sesiones reservadas en la Corte Constitucional para que la ciudadanía pueda presenciar abiertamente los debates que se llevan a cabo al interior de la misma. “Sería un ejercicio académico, jurídico y pedagógico interesante”, añadió.

También se pronunció Honorio Henriquez, senador del Centro Democrático, quien concluyó que la decisión de la Corte Constitucional era “la justicia al servicio de la politiquería” y que el expresidente “no tiene garantías” en el alto tribunal.

Lo que sí es cierto es que el caso de Álvaro Uribe está lejos de concluir y que aún quedan varios recursos de ambas partes del conflicto. Por otro lado, el senador Iván Cepeda, víctima del proceso, celebró la decisión como un avance “en el proceloso camino, de reivindicación de nuestros derechos como víctimas. Ratificamos nuestro respeto y respaldo a las altas cortes”.