¿Álvaro Uribe sabía lo que hacía su abogado, Diego Cadena?

El rol que la Corte le atribuye a Álvaro Uribe en el lío judicial en el que está envuelto no es el de haber sido salpicado por las jugadas sucias de su abogado Diego Cadena. Es lo contrario. Los magistrados consideran al expresidente “presunto determinador de los delitos de soborno a testigos y fraude procesal”. Eso supone algo más delicado: que él, con voluntad y conocimiento claros, utilizó a terceros para realizar los actos ilegales. Es un planteamiento jurídico que pone a Uribe como partícipe consciente de los delitos y que en la práctica le asigna igual responsabilidad que quien los cometió materialmente. A partir de ahí, la gran pregunta es cómo la Corte concluye que Uribe sabía.

La voluminosa providencia de 1.554 páginas señala que “la prueba indiciaria es abundante, clara, inequívoca y concluyente de su condición de determinador de las conductas punibles”. Pero en la decisión también se desliza un argumento sobre el que cabalgará la defensa del expresidente: admite que Uribe no impartió instrucciones precisas y detalladas para que Cadena y demás salieran a fabricar testigos. Es decir, prueba reina no hay. Aun así, los magistrados creen que una orden expresa no era menester.

Sí hay, según la providencia de la Corte, múltiples pruebas, indicios y situaciones que dibujan un modus operandi o patrón de comportamiento ilegal reiterado a lo largo de años y mediante distintos emisarios. Eso, dice la Corte, solo puede explicarse al concluir que Uribe lo sabía y consentía. 

Diego Cadena consiguió testigos, en un comienzo, con la autorización del expresidente y tuvo poder desde inicios de 2018. Un juez de Bogotá también envió al abogado a detención domiciliaria.

Al respecto, la decisión judicial señala que entre 2015 y 2018, la Sala Penal investigó al senador Iván Cepeda a raíz de la denuncia que le interpuso Uribe por supuestamente adoctrinar testigos en las cárceles para enlodarlo. Luego de tres años, concluyó que el senador del Polo era inocente y que más bien el expresidente, por interpuesta persona, podría estar comprando testigos. La investigación judicial encontró, por ejemplo, que el abogado Wilser Darío Molina, entonces alcalde de Amagá, amigo de Uribe y miembro del Centro Democrático, había visitado cárceles para hacer que exparamilitares acusaran a Cepeda para respaldar la denuncia del exmandatario. 

Los testimonios resultaron falsos y ese fue uno de los sustentos que llevaron a que la Corte archivara en favor de Cepeda y ordenara investigar a Uribe. Los magistrados señalan que la conducta se repitió entre 2018 y 2019, también con distintos emisarios y teniendo ahora al polémico abogado Diego Cadena como protagonista. La Corte señala que por distintos medios –ayer Wilser Molina, hoy Cadena, entre otros– el jefe del Centro Democrático ha tratado de engañar a la Justicia. La medida de aseguramiento que le acaban de dictar se fundamenta en esa supuesta conducta reiterada con miras a torpedear la investigación.

Este jueves un juez de control de garantías ordenó también casa por cárcel contra Diego Cadena, luego de que la Fiscalía lo acusó de los mismos cargos. La Corte y la Fiscalía coinciden en que el abogado del expresidente contactó al paramilitar preso Carlos Enrique Vélez y que le ofreció 200 millones de pesos, de los cuales le dio 48 millones en diversos pagos, para que rindiera una declaración conveniente a Uribe. Cadena también consiguió media docena de cartas de otros presos, cuya autenticidad está en entredicho. Los togados de la Sala de Instrucción creen que en realidad estos presos no hicieron esas versiones suscritas por ellos, sino terceras personas. Además, se trata de relatos perfectamente uniformes, lo que hace imposible considerar que provengan de distintos autores sin conexión entre ellos.   

Por otra parte, señalan que Cadena ofreció dádivas al testigo también preso Juan Guillermo Monsalve para que se retractara. Los magistrados señalan que desde 2015, cuando la Sala Penal investigaba el tema, este testigo está recibiendo presiones por distintas vías para se retracte. Uno de los emisarios del expresidente sería su amigo el ganadero Juan Guillermo Villegas, quien conoce a la familia de Monsalve desde los años noventa en Antioquia. 

Como se sabe, el padre del testigo fue el mayordomo de una finca de la familia Uribe y por ese pasado afirma que los hermanos Uribe Vélez auspiciaron grupos paramilitares en la región. En el expediente de 2015 hay informes del CTI de la Fiscalía que transcriben decenas de llamadas en las que Villegas le imparte instrucciones a miembros de la familia de Monsalve acerca de cómo declarar ante la Corte. Y ahora, en las pesquisas que lleva la Sala de Instrucción, Villegas vuelve a aparecer comunicándose con la madre del testigo. 

Los magistrados también cuestionan que en las interceptaciones del pasado, así como en otras más recientes, Uribe sabe que el CTI está monitoreando su línea. Hay llamadas entre el expresidente y Cadena, en distintos momentos, en que afirman que sus teléfonos están intervenidos. Frente a eso la Corte se pregunta por qué lo sabían si dichas interceptaciones eran reservadas. Este martes, a la 1:12 de la tarde, el expresidente trinó: “La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la patria”. La noticia produjo tal sismo político que nadie reparó en que, a esa hora, la Corte no había notificado al exmandatario.

Tras la orden de detención contra el expresidente, su abogado titular, Jaime Granados, afirmó: “El país debe saber que el presidente Uribe no le pidió a nadie que sobornara a ningún testigo, ni dio instrucción alguna para que se consiguieran testigos”. El defensor explicó que el exmandatario le encomendó a Cadena la tarea de verificar la información que por conducto de la ciudadanía le llegaba en relación con presos que querían declarar a su favor y que la trasladara a la Corte. Nada más. 

Pero la Corte le reprocha a Uribe que ahora trate de desmarcarse de las declaraciones apócrifas que llegaron vía Cadena. Uno de los puntos más severos de la providencia dice que no es creíble el argumento del senador en el sentido de que no buscó a los testigos y que desconocía que estuvieran dando falsas declaraciones. 

Los magistrados afirman que incluso si esos argumentos fueran ciertos, el expresidente nunca se preocupó por hacer la más mínima verificación de los testimonios. Y que, por el contrario, sus instrucciones a Cadena siempre fueron “seguir la batalla”, “echar para adelante”, “proceda, proceda”, tal como registran las interceptaciones.

La Corte, por ahora, concluye que hay suficiente evidencia para suponer “que por interpuesta persona y en distintos eventos que se ofrecen recurrentes, el senador Uribe Vélez efectuó ofrecimientos o promesas de beneficios económicos o jurídicos a varios testigos para que declararan falsamente a su favor”. La defensa de Uribe, desde ya, está concentrada en contrarrestar esa conclusión provisional e insistirá en que el expresidente nunca procedió por fuera de la ley.