El proceso que tiene a Uribe detenido sale de la Corte y pasa a la Fiscalía

Los magistrados de la Sala de Instrucción que tenían en sus manos el caso contra Álvaro Uribe por supuesta manipulación de testigos acaban de apartarse del mismo. El expediente pasará a instancias del fiscal general Francisco Barbosa, quien podrá designar un fiscal especial o –lo que sería más lógico– asignar el caso al fiscal Daniel Hernández quien actualmente instruye el proceso contra Diego Cadena, el polémico abogado de Uribe, también detenido por los mismos hechos.

De cualquier forma procesalmente Uribe y Cadena ahora están a la par. La Corte acaba de aceptar que con la renuncia de Uribe al Senado y la consecuente pérdida de su fuero, el tribunal queda sin competencia frente al caso. De ahí que en las próximas horas el expediente será trasladado al búnker de la Fiscalía. El trasteo no implica que lo adelantado se esfume. Uribe seguirá siendo procesado como determinador de los supuestos delitos de fraude procesal y soborno a testigos, los mismos cargos que enfrenta Cadena pero en calidad de autor material.

Por eso, lo más lógico sería que los los procesos se fusionen. "En el procedimiento penal existe la figura de unidad procesal según la cual por cada delito se adelantará una investigación sin importar cuántas personas participen en la misma como autores o como partícipes. Ese principio también ordena que las conductas punibles conexas se investigarán y juzgarán conjuntamente. La conexidad se da cuando se ha cometido en coparticipación criminal, que es la teoría del caso Uribe y Cadena. La conexidad se puede dar desde el momento en que llegue o por lo menos por solicitud de la Fiscalía hasta la audiencia de acusación", explica el penalista Marlon Díaz.

El proceso por supuesta compra de testigos y fraude procesal será el primero del expresidente que pase a la Fiscalía. No el único. En la Corte Suprema hay otros 18 expedientes contra Uribe. Sus abogados están solicitando que cada uno de estos sea remitido al ente acusador. Incluso algunos irán de vuelta: en la Fiscalía se originó el radicado por la masacre de El Aro en el que se investiga por supuesta omisión al exgobernador de Antioquia, Álvaro Uribe, y cuando este llegó al Senado en 2014 el expediente pasó al Palacio de Justicia. Ahora volvería a un despacho del búnker. Todos esos sumarios contra Uribe y en particular el que le significó casa por cárcel, van a definir la gestión de Francisco Barbosa como fiscal general. 

Ahora que el caso por falsos testigos oficialmente pasa al ente acusador, la gran pregunta es qué ocurrirá con la orden de casa por cárcel que tiene a Uribe confinado en El Ubérrimo desde hace un mes. “La medida de detención domiciliaria conserva vigencia y legitimidad, pero quedará bajo la competencia de un juez de Paloquemao, sujeta al plazo para presentar escrito de acusación y al término de su duración máxima. También cabría, antes, una solicitud de revocatoria”, explica Díaz.

El plazo máximo para formular escrito de acusación es de dos meses a partir de la detención, si eso no ocurre el procesado recobra la libertad. En cualquier caso, la medida puede prolongarse por máximo un año, si al cabo de este no hay un veredicto el detenido debe quedar libre. Los abogados de Uribe no esperarán ni lo uno ni lo otro. Es obvio que una vez el proceso llegue al búnker la defensa del expresidente de inmediato intentará tumbar la detención.

Esa posibilidad la podrán buscar pidiéndole al fiscal asignado que solicite a un juez de garantías la revocatoria, o acudiendo directamente a ese juez. De cualquier forma, el togado al que le caiga el chicharrón del siglo necesitará conocer la postura de la Fiscalía. Y ese será un momento crucial para Barbosa.

Es muy probable que el senador Cepeda y los críticos del Gobierno pidan que se nombre un fiscal ad hoc señalando que Barbosa y Duque son amigos íntimos y que Uribe es el jefe del partido al que se deben ambos. Pero en el terreno judicial los impedimentos son taxativos, no subjetivos. Además está el argumento pueril y reglamentario de que los fiscales son autónomos, y que por tanto el que sea asignado para llevar el caso no recibe órdenes del jefe del búnker. Todo el mundo sabe que en la práctica las cosas no son así. Por eso mismo, el manejo que el fiscal a cargo de al proceso de Uribe le pasará factura al fiscal general. 

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De momento, para vislumbrar la posición de la Fiscalía frente al tema lo que hay es lo ocurrido en el proceso contra Diego Cadena, el abogado del expresidente, imputado por los mismos cargos y los mismos hechos. Luego de varios meses de aplazamientos, la audiencia contra Cadena tuvo lugar hace tres semanas. El fiscal a cargo, Daniel Hernández, expuso evidencia según la cual Cadena le habría pagado 48 millones de pesos a un testigo para lograr que declarara en favor de Uribe y habría ofrecido sus servicios jurídicos a otro a cambio de que se retractara de acusaciones contra el expresidente. 

En la audiencia, el fiscal hizo una afirmación que generó gran debate: "Cadena no solo engañó a la administración de justicia, sino también a los abogados titulares y a su cliente (Álvaro Uribe)", señaló Hernández. De esa forma, el fiscal restringió en el acusado las irregularidades sacando en limpio al expresidente Uribe. Hernández recalcó que el propio Cadena dijo en diligencia judicial que no le había informado oportunamente a Uribe sobre los pagos a testigos y que no lo hizo porque lo "mandaría a freír espárragos".

Con base en ello, el fiscal recalcó que Cadena era el único responsable de los delitos imputados. Pero esa argumentación se dio antes de que la Corte Suprema ordenara la detención del expresidente. Es un misterio si el fiscal Hernández la hubiese presentado igual de haber procedido primero los magistrados. Al final el juez de Cadena le impuso detención domiciliaria, la misma decisión que días después, para sorpresa de todo el país, tomó la Sala de Instrucción respecto a Uribe con el argumento contrario al del fiscal Hernández.

Si antes la opinión pública juzgaba la gestión de Francisco Barbosa a partir de los casos de la ñeñepolítica y de Diego Cadena, en adelante esa evaluación se hará con relación a lo que ocurra con el expediente de Álvaro Uribe.

Mientras que los abogados del exmandatario se ocuparán del enredo jurídico y el fiscal general será el foco del escrutinio, Uribe –en casa por cárcel o libre– se dedicará a su nueva cruzada que consiste en lograr un revolcón en la cúpula de la rama judicial y en conservar el poder en 2022. 

El primer propósito lo dejó bastante claro en su carta de renuncia al Senado: “Hago votos por una reforma a la justicia que la despolitice al cambiar el sistema de elección de magistrados. Estos deberían llegar a la alta corte en edad madura que haya disuelto las vanidades y afianzado el apego a la rectitud, estar allí por largo tiempo en lugar de utilizar la silla giratoria hacia los negocios o la política”.