¿Por qué apareció la voz de Uribe en interceptaciones de la Corte?

La orden de la Fiscalía de capturar a Santiago Uribe, el hermano del expresidente Álvaro Uribe, volvió a poner en el debate la vieja disputa que ha mantenido el senador del Centro Democrático (CD) con el poder judicial. Tras declararse nuevamente un perseguido, denunció que la Corte Suprema oía sus conversaciones telefónicas, no sin despertar una usual polémica.

Lo hizo el primero de marzo, justo en el momento en que era capturado Santiago Uribe, hermano del expresidente, por presuntos nexos con el paramilitarismo, encarnado en un grupo de ajusticiamiento denominado los ‘Doce apóstoles’. “¿Qué pretende la Corte Suprema de Justicia con tener interceptado mi teléfono?”, se preguntó Uribe ese día.

No entregó mayores detalles, pero una vez más quedaba demostrado que Uribe tenía ojos y oídos en distintos lugares que lo mantienen ‘dateado’ sobre lo que sucede con él en los despachos judiciales.

Nadie en la Corte salió a desmentir o a confirmar lo dicho por Uribe, lo que dejaba en el ambiente que la información podría ser cierta. Ahora funcionarios de la Corte, que no mostraron las evidencias, aseguran que Uribe no ha sido ‘chuzado’ y aclaran que la voz del expresidente quedó registrada en el marco de una investigación contra un político investigado por ese tribunal.

Se trata de un político que, a juzgar por lo que dicen en la Corte, hablaba mucho con Uribe y por eso la voz del exmandatario quedó grabada. Pero, una y otra vez recalcan que la Corte no tiene como objetivo interceptar a Uribe ni mucho menos.

¿Qué hablaba Uribe con ese político? Nadie, distinto de los investigadores, sabe. Lo único claro es que algunas de sus conversaciones quedaron grabadas entre septiembre y diciembre del año pasado.

El antecedente

En el 2009 se puso al descubierto que el desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) interceptó las comunicaciones de varias personalidades de la vida nacional, sin contar con una previa autorización judicial. Dirigentes políticos, defensores de derechos humanos e integrantes de la rama judicial fueron objeto de este tipo de seguimientos.

La Corte Suprema de Justicia fue uno de los blancos principales de la persecución. Se dice que el objetivo no sólo era obtener información sobre los procesos judiciales a cargo de ese tribunal, especialmente los de la Sala Penal, sino desprestigiar a sus integrantes ante la opinión pública.

Una vez descubierta esa actuación, la explicación oficial fue que el Gobierno pretendía evitar la supuesta infiltración del narcotráfico en esa institución. Como no se pudieron comprobar los acercamientos de personajes como Ascencio Reyes a algunos magistrados o la supuesta cercanía de algunos de ellos con Giorgio Sale, la opinión se quedó con la otra versión, la de la Justicia, que señaló al DAS de querer montar un complot en contra de la Corte.

Así, en muchos círculos de opinión se aceptó la tesis según la cual las ‘chuzadas’ tenían un ánimo de retaliación contra los responsables de la investigación y juzgamiento de la parapolítica. En ese escándalo cayó más de la tercera parte de los congresistas, todos pertenecientes a la coalición uribista, entre ellos el senador Mario Uribe, primo del entonces presidente, Álvaro Uribe.

Casi siete años después del escándalo, en los que el exmandatario se ha defendido declarándose un perseguido por la justicia, el hoy senador del CD pasó de ser denunciado como supuesto ‘chuzador’ de los magistrados a ser él mismo quien denunció como ‘chuzadores’ a los integrantes de la Corte Suprema.

Aunque seguidores y copartidarios del exjefe del Estado están convencidos de que la Corte está cobrando venganza por lo ocurrido desde el DAS, al menos por los hechos denunciados por el propio Uribe queda claro que no es así, pues él no era el objetivo de los seguimientos.

Sin embargo, si en el futuro el senador y sus comunicaciones llegaren a ser interceptadas por orden de la Sala Penal, el hecho tampoco tendría nada de oscuro, pues ese tribunal es su juez natural y se sabe que adelanta varias indagaciones en su contra.

Una de ellas está relacionada con su supuesta participación en la infiltración que sufrió el proceso de paz y la probable colaboración de su administración en la Gobernación de Antioquia en la llamada masacre de El Aro, en Ituango (Antioquia).