Mineros artesanales ganan pleito a multinacional Gran Colombia Gold

El municipio de Marmato vive del oro. Alrededor de 5.000 familias trabajan en socavones o en minas a cielo abierto, lo que significa que el 80 % de su economía depende de la explotación de este metal precioso.

Desde hace una década, los habitantes de esta población caldense iniciaron un pleito jurídico contra la multinacional canadiense Gran Colombia Gold, por el dominio de la minería en la parte alta del cerro El Burro. El tensión jurídica terminó hoy con una decisión de la Corte Constitucional que ordenó tutelar los derechos de los mineros artesanales y suspender la actividad de la multinacional en la zona en tanto no se realice consulta previa.

Puede leer: El drama del oro colombiano

El pulso entre pequeños mineros contra la multinacional comenzó en el 2008 con la acción de tutela, sin embargo, el primer round fue a favor de la grande canadiense. El primero de septiembre del 2010, mediante resolución de la Agencia Nacional de Minería 751, se ordenó el desalojo de los pobladores de Marmato del territorio que abarca título CGH – 081.

Este título corresponde al territorio ubicado en la cima del cerro El Burro, por lo que en consecuencia se ordenó que el predio fuera devuelto para iniciar los trámites de licencia ambiental y comenzar a extraer de manera lícita el metal.

Sin embargo, ese amparo administrativo ha estado en vilo por decisiones de entidades territoriales que no han ejecutado las órdenes, ya que argumentan que existe una problemática social y económica que se agravaría con el desalojo de los mineros artesanales de la mina.

Le recomendamos: "Parados en oro"

Con una votación de 5 contra 3, la mayoría de los magistrados estuvo a favor de que se inicie un proceso de consulta previa de los grupos étnicos y mineros tradicionales. Para el alto tribunal, el título minero en poder de Mineros de Occidente, empresa filial de Gran Colombia Gold, pone en riesgo la subsistencia económica de los mineros artesanales y de las comunidades negras de la zona. Por lo que ordena al Ministerio de Interior, la Gobernación de Caldas, la Procuraduría, la Personería y la Agencia Nacional Minera, participar en un proceso de consulta a las comunidades sobre la cesión del título minero.

Esta es la última sentencia que proyectó Luis Ernesto Vargas antes de dejar su magistratura por período cumplido. En ella  deja establecido que en la cesión del título en el 2007 a Gran Colombia Gold no se tuvieron en cuenta los reales impactos sociales y económicos para los pobladores de Marmato. Por esta razón ordena que esta vez se tengan en cuenta estudios suficientes que acrediten la problemática que generó la entrega de los derechos de explotación a la multinacional, sin contar con el punto de vista de los mineros artesanales.

La decisión de la Corte Constitucional deja sin efectos la Resolución 751 de 2010, que ordenaba, entre otras, los desalojos de los mineros tradicionales que habían invadido el título.

En medio de esta discusión, se conoció de una demanda de la multinacional Gran Colombia Gold contra el Estado colombiano por el desconocimiento de las reglas de juego del TLC Colombia-Canadá. La multinacional pone sobre la mesa la invasión de sus títulos en Marmato, Caldas y Segovia, Antioquia y las acciones violentas del ELN. En octubre pasado la empresa notificó al Gobierno de su intención de controversia.

El Ministerio de Minas tiene hasta marzo para responder a las pretensiones de 700 millones de dólares de Gran Colombia Gold. Si no se llega a un acuerdo, se escogerá el tribunal internacional para adelantar el litigio.

En entrevista con Semana.com, el presidente de la Corte, Luis Guillermo Guerrero, explicó por qué este pleito tardó tanto en resolverse en la justicia: "Hay que atribuirle ciertas vicisitudes procesales de una primera sentencia que finalmente fue declarada nula dado que hubo personas que no fueron formalmente notificadas y que resultaban afectadas por la decisión que tomaba la Corte", indicó. 

Por lo pronto, la multinacional acaba de perder en el máximo tribunal de lo constitucional en Colombia que encontró que la cima del cerro el Burro será para la explotación de minería artesanal.