Las desgarradoras historias de lo que ocurrió en el Palacio

La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano a resarcir a los familiares de 10 personas desaparecidas y una ejecutada extrajudicialmente durante la retoma en noviembre de 1985 del Palacio de Justicia. El fallo revela testimonios de 11 casos de los desaparecidos que, por decir lo menos, son desgarradores.

El documento, de 212 páginas, responsabilizó a la Nación colombiana "por la violación de los derechos a la libertad personal, a la integridad personal, a la vida y al reconocimiento de la personalidad jurídica" de las 11 víctimas.

Los 10 desaparecidos son: Carlos Augusto Rodríguez Vera, Irma Franco Pineda, Cristina del Pilar Guarín Cortés, David Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Gloria Stella Lizarazo Figueroa, Luz Mary Portela León, Lucy Amparo Oviedo Bonilla y Gloria Anzola de Lanao. El ejecutado extrajudicialmente fue el magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán Rojas. De todos ellos, la Corte hizo una recopilación de lo que pasó.

Desaparecidos

Habla de Carlos Augusto Rodríguez Vera, quien era el administrador de la cafetería del Palacio de Justicia y estudiaba derecho en la Universidad Libre. Al menos una persona lo vio esa mañana en la cafetería antes del inicio de la toma. Otros dicen que tras el ataque estuvo en la Casa del Florero y “fue considerado sospechoso de colaborar con el M-19 por las  autoridades estatales (…) familiares o conocidos lo vieron en videos cuando salió del Palacio. En el fallo se lee que miembros del Ejército aseguran “que fue llevado a la Escuela de Caballería, donde se tiene información de que posiblemente murió como consecuencia de las torturas a las que fue sometido”.

De Irma Franco Pineda dice que tenía 28 años en 1985 y era estudiante de Derecho. El 6 de noviembre de 1985 se encontraba en el Palacio de Justicia, como parte del M-19. En los momentos finales de la retoma estuvo en el baño entre el segundo y el tercer piso, donde cambió su ropa por la de una persona que había fallecido y salió con un grupo de rehenes. “En la Casa del Florero fue identificada por varios sobrevivientes como miembro del M-19”. Un celador contó que la mujer fue embarcada en un campero, “sin que hasta el momento se conozca su paradero”.

Cristina del Pilar Guarín Cortés tenía 26 años en 1985 y era licenciada en Ciencias Sociales. En el momento de los hechos, trabajaba temporalmente como cajera en la cafetería del Palacio de Justicia en reemplazo de la esposa de Carlos Augusto Rodríguez Vera, quien estaba de permiso de  maternidad.

Tras la búsqueda en instalaciones militares, en una de las cuales un coronel les habría indicado que “era muy sospechoso que [la señora Guarín Cortés] se encontrara [...] trabajando de cajera cuando tenía un grado universitario”.

La suerte de los empleados de la cafetería fue la misma, todos fueron desaparecidos tras la toma y retoma. David Suspes Celis (chef), Bernardo Beltrán Hernández (mesero), Héctor Jaime Beltrán Fuentes (mesero), Gloria Stella Lizarazo Figueroa (cafetería), Luz Mary Portela León (cocina), Norma Constanza Esguerra Forero (vendedora de pasteles). En el fallo se lee que sus familiares los buscaron en Medicina Legal, hospitales y dependencias del Ejército, pero la suerte de ellos se desconoce.  

El fallo establece que hubo detenciones y torturas a Yolanda Santodomingo Albericci y Eduardo Matson Ospino, estudiantes. “Luego de ser evacuados fueron conducidos al segundo piso de la Casa del Florero, donde fueron sometidos a largos interrogatorios durante los cuales fueron golpeados y vejados”.

Además se presentan las victimas por detención y tortura que fueron apresadas en diferentes zonas de la ciudad y fuera de ella. Entre ellos el abogado Orlando Quijano y José Vicente Rubiano Galvis, a quien señalaron de introducir armas al Palacio.  

Ya el Gobierno a través del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, anunció que acataría la determinación de la CIDH en torno al caso de 11 víctimas de los hechos de la retoma del Palacio de Justicia, ocurridos en noviembre de 1985. “El Gobierno cumplirá estrictamente la decisión, y la justicia colombiana seguirá con la búsqueda de los responsables”, dijo el ministro.

Por su parte, la directora de la Agencia Jurídica de Defensa del Estado, Adriana Guillén, indicó que el Sistema Interamericano reconoce que las víctimas ya han sido indemnizadas pecuniariamente por la jurisdicción contencioso-administrativa frente a algunos aspectos de la responsabilidad del Estado.

La orden

La CorteIDH ordenó, entre otras disposiciones, resarcir económicamente en dólares a los familiares, publicar el contenido de la sentencia en medios de comunicación para que tenga difusión, continuar la investigación judicial para que los responsables sean llevados ante la justicia y brindar apoyo psicológico a los familiares y a quienes sufrieron daños durante la retoma del Palacio.

El 6 de noviembre de 1985 la actualmente pacificada guerrilla Movimiento 19 de Abril o M-19 asaltó la sede del Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá, y demandó hacer un juicio público al entonces presidente, Belisario Betancur (1982-1986).

El Gobierno ordenó entonces la retoma del Palacio y a lo largo de casi dos días de enfrentamientos armados murieron más de un centenar de personas, entre ellas los guerrilleros y 11 de los 24 magistrados de la Corte Suprema.