Nación
Corte le pide a Venezuela información sobre las visitas que recibió Aida Merlano mientras estuvo privada de la libertad en ese país
SEMANA tiene acceso al documento de 219 páginas en el que la Corte argumenta la medida de aseguramiento en contra del excongresista Arturo Char y pide cooperación del vecino país en las investigaciones.
La Corte Suprema de Justicia le pidió a las autoridades judiciales de Venezuela que suministren el registro de las visitas que recibió la excongresista Aida Merlano mientras estuvo privada de la libertad en ese país. Así se evidencia en el documento de 219 páginas en el que la Corte argumenta la medida de aseguramiento en contra del excongresista Arturo Char, y al cual tiene acceso SEMANA.
En el documento, la Corte hace la solicitud explicita de cooperación internacional al Ministerio de Justicia y relaciones exteriores de Venezuela, lo que significaría además el completo restablecimiento de las relaciones bilaterales.
“Oficiar a los ministerios de Justicia y Relaciones Exteriores para que, en su condición de autoridades centrales, le informen a la Corte la posibilidad real que actualmente tendrían dichas Carteras, a efecto de lograr la cooperación de las autoridades judiciales y penitenciarias del vecino país de Venezuela, para que éstas suministren, con el fin de ser incorporados como prueba a esta actuación, el registro de visitas que recibió Aída Merlano Rebolledo mientras estuvo privada de la libertad bajo custodia de las autoridades venezolanas”, dice el documento conocido en exclusiva por SEMANA.
Esa misma solicitud expresa la hace la Corte al fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab Halabi, con el objetivo de seguir investigando si Arturo Char estuvo involucrado en la compra de votos por la que fue condenada Merlano.
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“Para que en su condición de autoridad central y, por su conducto, se realicen las gestiones necesarias encaminadas a obtener información sobre el registro de visitas que recibió Aida Merlano Rebolledo mientras se encontraba privada de la libertad bajo custodia de las autoridades venezolanas, con el propósito de que tales soportes sean incorporados a la presente actuación”, dice el auto de la Corte.
Mientras las autoridades venezolanas dan respuestas, las investigaciones en Colombia avanzan. La Corte ya fijó la fecha en la que el excongresista Arturo Char rendirá la ampliación de su indagatoria. La diligencia será el próximo 25 y 26 de septiembre a las nueve de la mañana y se hace por solicitud de la defensa del exsenador.
En el auto de la Corte también queda evidenciado que son varias las pruebas documentales y testimoniales que complican la situación jurídica de Arturo Char y que llevaron a la Corte Suprema a imponer la medida de aseguramiento y a imputarle cargos por los delitos de concierto para delinquir y corrupción al sufragante agravados.
En la extensa decisión, la Corte da credibilidad a las cinco declaraciones que rindió la excongresista Aida Merlano, quien lo señaló directamente de participar en el plan de compra de votos para las elecciones de marzo de 2018, a fin de garantizar su reelección y aumentar su poder.
Según el documento, en diciembre de 2017, Arturo Char fue a la Casa Blanca, sede de campaña de Aida Merlano, en Barranquilla, para “concretar el acuerdo delictivo que se canalizaría en procura de ejecutar las conductas punibles de corrupción electoral”. Una decena de testimonios y una grabación tomada por una de las cámaras de seguridad permitieron vincular al exsenador en “la estructura delictiva dedicada a la compra de votos”.
Pese a que Char, por medio de su defensa, reconoció la visita alegando que el objetivo era “finiquitar un asunto relativo a la Mesa Directiva de la Asamblea del departamento del Atlántico”, testigos aseguran que en los encuentros que se llevaron a cabo en la sede política ejerció presiones y dio instrucciones para el plan de compra de votos, que ya estaba en marcha.
En esta ecuación corrupta ―según las pruebas―, también habría participado Adalberto Llinás Delgado, amigo de Arturo Char y hermano de Lilibeth Llinás, a quien el menor del clan Char había impuesto como candidata a la Cámara de Representantes por el Atlántico.
Para ratificar el modo, tiempo y lugar de estos encuentros, la Corte citó la declaración de Rafael Antonio Rocha, quien fue el gerente de la campaña de Aida Merlano y aportó evidencia de las reuniones. “Está probada la existencia de las acciones coordinadas para el acceso fraudulento a votos, en orden a lograr la elección de Aida Merlano Rebolledo y Lilibeth Llinás Delgado al Congreso, y la reelección de Arturo Char”.
El convenio criminal, como catalogó la Sala de Instrucción de la Corte al complejo y sofisticado plan, tenía como objetivo principal fortalecer el “liderazgo y hegemonía política” del denominado clan Char en el Congreso y “tener un incremento de aliados en el Legislativo, como parte de la plataforma política que impulsaría la aspiración de su candidato a la presidencia de la República, Germán Vargas Lleras, y, en un futuro, la de Alejandro Char”.
Mientras las investigaciones continúan, Char continuará privado de la libertad. La Corte determinó que no se le podrían conceder beneficios como la detención domiciliaria, pues considera que existen elementos suficientes para demostrar que Arturo Char podría afectar la recolección de pruebas. Para el alto tribunal, las amenazas que recibieron telefónicamente el papá y una hermana de la excongresista tendrían relación directa con lo que estaba contando ante las autoridades.
Para la Corte, este temor es “razonable” y lleva a inferir que Char, estando en libertad, “puede generar un riesgo para la práctica adecuada y sin dilaciones injustificadas de los medios probatorios que no se han recabado aún”.
