Exfiscal Mario Iguarán pierde batalla para recuperarse de embargos

Link Global SAS es a los ojos de la Fiscalía una captadora ilegal de dinero que estafó a cientos de ancianos que invertían el dinero de su pensión a la espera de jugosos rendimientos. En total habrían captado más de 18.000 millones de pesos.

De esta firma resultó siendo socia Insignia Jurídica S.A.S., cuyo representante legal entre abril del 2012 y junio del 2013 fue el exfiscal general Mario Iguarán. Entre los socios que la integran están Luis Carlos Crispín Velasco (como mayoritario), el coronel Pablo Emilio Gómez Suárez, Fabio Darío Parada Sierra y José Gregorio Beltrán Pérez. 

En mayo del 2013, cuando estalló el escándalo, la Superindustria ordenó la suspensión inmediata de esas operaciones realizadas por Link Global. También se adelantó una operación de toma de posesión de los bienes, negocios y patrimonios de dicha sociedad. Dos años más tarde esas mismas medidas se extendieron a Insignia, lo cual se tradujo en embargos a los bienes del exfiscal general y los socios.

En contexto: El exfiscal Mario Iguarán estaría implicado en caso de captación ilegal

Este año, ya con una orden de liquidación del patrimonio encima por parte de la Supersociedades, el exfiscal intentó a través de una acción de tutela el levantamiento de los bloqueos financieros al argumentar que existen pruebas suficientes que demuestran que él no había laborado para la sociedad Link Global, que desconocía sus actividades y que cuando advirtió la presencia de irregularidades procedió "a podar cualquier tipo de relación societaria". Además, que dos años antes de ordenarse la liquidación, había dejado de ser representante legal de la firma.

La Fiscalía archivó la investigación penal que seguía en contra de Pablo Emilio Gómez Suárez, José Gregorio Beltrán Pérez y de Iguarán por atipicidad del delito de captación masiva y habitual de dineros del público, sin embargo, las acciones de la Supersociedades se mantuvieron en firme, lo que viene provocando las peleas jurídicas de Iguarán. En el 2016 le fue negado un incidente de exclusión al considerar que fue beneficiario de las operaciones ilegales realizadas por Crispín Velasco. 

Iguarán ha argumentado que al momento en que se constituyó la sociedad (año 2012), ninguna autoridad había advertido sobre la irregularidad de las actividades desarrolladas por Luis Carlos Crispín, quien ahora responde en un juicio penal por los estragos de la estafa. 

En su última jugada, Iguarán le apostó a una acción de tutela que acaba de ser resuelta por la Corte Suprema de Justicia; pero allí también le cerraron las puertas. Los magistrados consideran que una cosa es la intervención de la Supersociedades y otra la responsabilidad penal que se pueda derivar de los hechos ilegales. Para el alto tribunal, la entidad podía poner a responder con su patrimonio y de manera solidaria a los distintos sujetos que participaron de la actividad de captación; y en este sentido no se podía hablar de una conducta irracional. Al respecto, la Corte hizo hincapié en que las causas de la intervención se mantienen en firme, son legales, y que una acción de tutela no es el mecanismo adecuado para tumbar esta medida. 

En su decisión, los magistrados civilistas de la corte terminan cuestionando a Iguarán, quien pretende ser considerado tercero de buena fe; para que algo como esto proceda debía acreditar que desconocía las operaciones de captación ilegal de dineros del público de Link Global S.A, sin embargo, no lo hizo, según el alto tribunal. Al respecto señalan que no puede de forma gratuita tenerse por acreditada la buena fe a partir de la simple afirmación del interesado.