Judicial
Corte ordena pruebas tras la petición de extradición por el caso de la ‘narcoavioneta’ de Providencia. Rectificación del nombre de los propietarios de la avioneta
Un piloto, un ayudante de carga y un capitán de la Policía son requeridos por este caso.
El 29 de diciembre de 2021 dentro de la información relacionada con la extinción de dominio por orden de la Fiscalía General sobre la avioneta incautada con cocaína en la isla de Providencia, erróneamente dimos cuenta de que la propiedad de dicha aeronave en su momento estaba a nombre de la Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi S.A.S.). En este sentido precisamos y rectificamos en lo pertinente la nota mencionada.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó la práctica de pruebas dentro del estudio de la solicitud de extradición presentada en contra de Juan Camilo Cadena Botero, Harold Darío Rivera Toledo y Jorge Isaac Aguilar García quienes fueron capturados en mayo pasado por la avioneta que transportaba 446 kilos de cocaína en el Aeropuerto El Embrujo de Providencia.
En ese momento, las autoridades descubrieron el cargamento de cocaína en cajas que supuestamente trasladaban ayuda humanitaria, entre ellas medicinas de primera necesidad y tapabocas, para los habitantes de la isla que habían resultado afectados por el paso del huracán Iota y la pandemia de la covid-19.
Cadena Botero, el piloto de la aeronave, y Rivera Toledo, quien fungía como ayudante de carga, fueron detenidos cuando las autoridades hallaron el alcaloide en la carga que transportaban y la cual tenía como destino final Estados Unidos. Posteriormente, el capitán Aguilar fue detenido pocos días después por presuntamente intentar evitar que el cargamento no fuera revisado por los policías en Providencia.
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El despacho del magistrado Gerson Chaverra Castro designó una defensora de oficio para que represente a Juan Camilo Cadena Botero. Con eso podrá ejercer su defensa y presentar sus pruebas dentro de la petición allegada por una Corte de Tampa (Estados Unidos) que lo requiere por delitos relacionados con el tráfico de drogas.
Los otros dos procesados ya cuentan con sus abogados de confianza para enfrentar las acusaciones hechas y las pruebas que los relacionan de tener conocimiento claro sobre el cargamento ilegal que transportaban y la ejecución de maniobras para evadir los controles en los puntos a los que debía llegar.
La avioneta, avaluada en 2.200 millones de pesos, ya pasó a proceso de extinción de dominio por orden de la Fiscalía General. Mientras tanto, las autoridades adelantan una investigación paralela para establecer la forma en cómo se cargó la avioneta con los 446 kilos de cocaína y los 102 millones de pesos en efectivo en la base militar de Guaymaral en Bogotá.
Mientras Cadena, Rivera y Aguilar esperan en la cárcel que se adelante el trámite de la solicitud de extradición, al mismo tiempo preparan su estrategia de defensa tras la acusación que les hará en febrero de 2022 la Fiscalía General por los delitos de lavado de activos y tráfico, porte de estupefacientes agravado.
Pese a que al principio se declararon inocentes, no se descarta que estén buscando un principio de oportunidad (colaboración) o un preacuerdo con el ente investigador en el cual reconozcan parte de su responsabilidad en los hechos o se comprometan a entregar información sobre otras personas vinculadas con este caso.
Los empresarios Carlos Eduardo Restrepo Osorio y Miguel Jaramillo Arango, propietarios de la avioneta, solicitaron ser reconocidos como víctimas dentro del proceso penal, señalando que no tenían conocimiento ni participación en este caso. Un juez de conocimiento deberá definir si acepta o no su petición.
