La luz verde de la CPI al proceso de paz

Esta semana quedó sellado el debate sobre si los acuerdos de La Habana generarán impunidad. Lo selló nada menos que la fiscal general de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, quien en un comunicado respaldó el contenido del acuerdo, incluida la Jurisdicción Especial para la Paz. La fiscal reconoció tres elementos claves de lo pactado. 1) Que el Estado colombiano ha afirmado su determinación para poner fin a la impunidad de los crímenes más graves. 2) Se declaró satisfecha de que el texto final excluya amnistías e indultos para crímenes de lesa humanidad y de guerra. 3) Afirma que el acuerdo de paz le da un lugar central a las víctimas.

La declaración de Bensouda aclara muchas dudas. La primera es que deja claro que la cárcel no es un requisito obligatorio para satisfacer la justicia a la luz del Estatuto de Roma. Este ha sido uno de los argumentos esgrimidos por sectores de la oposición que consideran que el acuerdo tal y como está planteado, con sanciones restaurativas y restricción efectiva de la libertad, es un intercambio de impunidades. En realidad el Estatuto de Roma estipula que las sanciones deben ajustarse a la gravedad de los crímenes, pero la palabra prisión no aparece por ningún lado.

Los detractores del acuerdo se apoyaban en frases de la propia Bensouda quien en alguna ocasión manifestó que “algo de privación de la libertad debe haber”, lo que algunos juristas señalaron como una interpretación de la fiscal más no necesariamente de la corte. Ahora, como el acuerdo sí contempla algo de privación y cárcel en caso de que no se contribuya con la verdad exhaustiva, esa inquietud parece resuelta.

Respecto al otro tema que ha causado polémica, la elegibilidad política de los miembros de las Farc condenados por crímenes de guerra o lesa humanidad, la fiscal no se pronuncia, porque el Estatuto de Roma tampoco señala nada al respecto.

También ratifica la idea de que no habrá amnistía para los crímenes más graves, otro equívoco que ha hecho carrera. La ley de amnistía que se aprobará después del plebiscito se aplicará solo para aquellos conexos con la rebelión, algo que se entiende internacionalmente como aceptable y necesario.

Es decir, que el acuerdo de paz y su capítulo de justicia, tal y como quedaron, cumplen con los estándares internacionales para que haya justicia en un contexto de transición de la guerra a la paz. Sin embargo, la fiscal advierte que esa promesa de justicia debe volverse realidad, y que por supuesto estará vigilante a que se cumpla cabalmente.

Como se sabe, Colombia está bajo observación de la CPI desde hace varios años, y uno de los temas sobre los que más preocupación ha mostrado Bensouda en sus informes es el de los falsos positivos. En noviembre pasado le dio un jalón de orejas a la Fiscalía General de la Nación por los pocos avances demostrados en esa materia. En esa ocasión dijo que “la Fiscalía (de la CPI) observa con preocupación los retrasos en facilitar pruebas tangibles y pertinentes que demuestren que las autoridades colombianas competentes están dando pasos investigativos”. También había advertido que analizaría “cuidadosamente” el acuerdo que crea la Jurisdicción Especial para la Paz, especialmente en cuanto a la “restricción efectiva de la libertad en condiciones especiales y a la inclusión de agentes del Estado”.

Ahora, tanto en sus informes como en el comunicado de esta semana, Bensouda deja claro que estará muy pendiente de cómo se aplique esta justicia, y que realmente cumpla en la práctica con lo pactado en el papel. Es decir, que si las sanciones se convierten en un burladero, son demasiado livianas o excluyen a una de las partes, como los máximos responsables del Estado, la corte se reserva el derecho a intervenir. Algo que realmente es muy remoto, máxime cuando el Consejo de Seguridad de la ONU es parte de la verificación de los acuerdos.

Esta bendición de la fiscal de la CPI al acuerdo de paz resuelve el debate jurídico pero, por supuesto, no el político. Seguramente en la mente de miles de colombianos, y de la oposición, diga lo que se diga en La Haya, el pacto de paz será un intercambio de impunidades. Y con este argumento se hará el debate político. Pero queda claro que lo pactado en La Habana satisface los estándares internacionales en materia de justicia cuando se trata de procesos de paz. Siempre y cuando se aplique con seriedad.