El polémico fallo de la consultas mineras

La semana pasada una sentencia de la Corte Constitucional generó euforia entre los ambientalistas y las comunidades. El alto tribunal declaró inconstitucional la prohibición a los Concejos de los municipios de vetar la minería. La razón no fue de fondo sino de forma: la norma debía ser tramitada como ley orgánica y no ordinaria. Es decir, no podía estar dentro del Código sino que requería un proyecto de ley distinto con mayorías más altas en el Congreso.

El fallo tiene lógica y es positivo pues las comunidades sufren los impactos ambientales, económicos y sociales de estos proyectos. Sin embargo, como en muchos de los grandes debates de Colombia, el problema será la aplicación. Se anticipa que si el Estado no acompaña estos procesos se podrían presentar los siguientes problemas:

Si no es minería ¿entonces qué?

El fallo puede agravar la crisis económica en un sector paralizado. Si bien Colombia no es un país minero ni petrolero, sí depende fuertemente de este sector, que además financia gran parte de la inversión. Este año por la caída en los precios de los commodities (muchos como el carbón y el níquel más del 70 por ciento), el Estado dejará de recibir 23 billones de pesos de rentas de ese sector. Este descalabro produjo el apretón que viven las entidades públicas y la necesidad de una reforma tributaria. La inversión extranjera en el último año cayó 37 por ciento y por lo menos 40 empresas tendrán que acogerse a la Ley de Reestructuración. Colombia podría decidir prohibir la minería y apostarle a un crecimiento enfocado en otras actividades como el turismo, pero hasta hoy estas no suplen los recursos de este sector.

Llega la minería ilegal

El problema de cerrarles la puerta a las empresas legales es sobre todo la llegada de las ilegales. La minería criminal hoy es uno de los grandes fracasos del Estado, pues a pesar de los esfuerzos en su contra el fenómeno cada vez es peor. Se calcula que cerca de 400 municipios viven ese flagelo. El caso del oro es el más aterrador pues el 80 por ciento de lo que produce Colombia es ilegal. En este sector lo más difícil no solo es sacar el mineral, sino saber dónde está. Entonces si las empresas que ya han hecho ese trabajo de exploración no pueden realizar la explotación, es casi seguro que alguien sí lo hará. En Santurbán, cuando se suspendieron los trabajos de las compañías mientras se delimitaba el páramo, las comunidades denunciaron que las bacrim llegaron a extraer el oro de sus montañas.

Puede aumentar la corrupción

La mayoría de los proyectos mineros tienen lugar en municipios en donde la presencia del Estado no es fuerte. Así, mientras la decisión de hacer minería recaía en las autoridades nacionales, ahora los concejales y alcaldes de los pueblos tienen esa llave. Muchos son funcionarios honestos que buscan lo mejor, pero otros no y están bajo el control incluso de los grupos ilegales. Dejar en manos de ellos proyectos que valen miles de millones de dólares puede ser peligroso si el Estado no vigila de cerca que las mineras no los compren. A eso se suma que las comunidades tendrán que tomar la decisión sobre la minería, pero sin recibir los beneficios pues la Ley de Regalías les quitó los multimillonarios giros que recibían. Eso ha traído equidad, pero también ha generado extorsiones a las empresas pues muchos les reclaman lo que antes tenían.

¿Y si dicen que sí?

La idea de que las comunidades resuelvan sobre su territorio es popular cuando buscan prohibir la minería, como en el caso de Salento para proteger su palma de cera. ¿Qué pasará cuando decidan lo contrario? En Colombia, más de 300 municipios viven desde hace siglos de esa actividad. Aunque el Estado tiene el poder de dar el título y la licencia ambiental, y así proteger zonas valiosas ecológicamente, es muy probable que con el fallo comunidades que se han sentido estigmatizadas, como la de Santurbán, salgan a las urnas a exigir que les permitan hacer minería.

Politización

Con el fallo de la corte, las decisiones sobre la minería dejarán de ser exclusivamente técnicas y tendrán un fuerte componente electoral. No pocos gobernantes convertirán la causa anti o prominera en su bandera. El alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, ha ganado un liderazgo nacional porque realizará una consulta para impedir que Anglo Gold Ashanti pueda desarrollar allí el proyecto de La Colosa. Lo mismo ha hecho el gobernador de Caquetá, Edilberto Valencia, quien quiere prohibir la explotación petrolera. Aunque el fallo solo cobija a la minería, se cree que tendrá impactos en otros sectores y en todo el territorio nacional.