Corte Suprema cerró investigación a la congresista Cathy Juvinao por contratos con la Gobernación del Magdalena

La Corte Suprema de Justicia se inhibió de abrirle investigación a la congresista Catherine Juvinao por el contrato que firmó en el año 2020 con la Gobernación de Magdalena para actividades de comunicación. Para la Sala de Instrucción no existen méritos para investigar a la representante a la Cámara por el delito de contrato sin requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad en documento.

Esto debido a que el contrato cumplió con todos los requisitos exigidos por la ley, esto pese a lo que señalaba en su denuncia el exdirector del CTI de la Fiscalía General, Julián Quintana. En la acción judicial, radicada en 2020, el abogado advertía que Juvinao había “infringido los principios esenciales de la contratación estatal”.

Quintana alegaba en la denuncia que, supuestamente, se había firmado un contrato de prestación de servicios que se podría identificar como nómina paralela porque en la Gobernación ya había gente contratada para esas funciones.

El contrato se dio con la Gobernación de Magdalena, a la cabeza de Carlos Caicedo, por valor de 60 millones de pesos, para ejecutar en seis meses. “No me dejo amedrentar, seguiremos denunciando @PGN_COL. Radicamos ante @FiscaliaCol denuncia en contra de @carlosecaicedo y @CathyJuvinao por presunta corrupción en la contratación estatal. Hechos jurídicamente relevantes: nómina paralela y contrato con objeto ilícito”, escribió el abogado Quintana en Twitter cuando dio a conocer la denuncia radicada formalmente.

El objeto del contrato era que Juvinao asesora a Carlos Caicedo “en temas de comunicación estratégica y relacionamiento con medios de comunicación de orden nacional para la divulgación de los proyectos estratégicos de la Gobernación”.

La tesis del abogado Julián Quintana para denunciar es que el contrato contravino el ordenamiento jurídico por dos razones: en primer lugar, señala Quintana, no le era viable a la Gobernación suscribir ese contrato para actividades que pudieran realizar miembros de la planta de personal. Es decir, que para la época del contrato, Caicedo en la Gobernación contaba con un equipo de comunicación que prestaba las mismas tareas del millonario contrato de Juvinao. Explica que hubo duplicación de función administrativa “sin justificación alguna”.

En agosto de 2022, cuando Juvinao se posesionó como congresista el expediente pasó a la Corte Suprema. El alto tribunal tomó la decisión de citarla a versión libre, así como al abogado Julián Quintana, para tomar una decisión de fondo. En ese momento, la dirigente política calificó la denuncia como un “reencauche” y una acción temeraria.

Tras conocer la decisión del alto tribunal, la congresista de la Alianza Verde celebró en su cuenta de Twitter y manifestó: “Nunca hubo líos, esto fue un ataque político desde el principio. Antes de ser congresista fui consultora en comunicaciones por 17 años sin tacha alguna. Agradezco a la justicia las garantías que permitieron demostrar mi inocencia. Seguiremos trabajando”.