Condenan al congresista Martín Morales Diz a 25 años de cárcel

El caso de Martín Emilio Morales Diz por parapolítica y bacrimpolítica era tan complejo que hasta el mismo Gustavo Moreno, el exfiscal anticorrupción extraditado a Estados Unidos, recomendó a los integrantes del llamado cartel de la toga no representarlo. Aun así lo asumieron con el compromiso de que lo único que podrían lograr allí era obtener las mejores condiciones en la inminente sentencia que se venía en su contra. 

El congresista, actualmente suspendido por una orden de captura, acaba de ser condenado a 25 años de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado, narcotráfico, tentativa de homicidio agravado y porte de ilegal de armas (la Corte lo absuelve por el homicidio agravado en calidad de determinador). El fallo le niega cualquier posibilidad de suspensión en la ejecución de la pena o de acceder a prisión domiciliaria.

La decisión, con ponencia del magistrado Eugenio Fernández, concluye que Morales promocionó a las autodefensas desde el momento en que aspiró a la alcaldía de San Antero. Una vez tomó las riendas del municipio cordobés, se alió con las Águilas Negras con el fin de facilitar el envío de varios cargamentos de droga. Como primera autoridad de San Antero, a Morales Diz la banda criminal le encomendó el papel de garantizar que pudieran salir del país toneladas de coca. 

Según el alto tribunal, el procesado no tuvo respeto por el derecho fundamental a la vida, dado que le pidió a uno de sus socios que realizara un atentado en contra de Wilmer Pérez Padilla, sin importarle que en esta actuación pusiera en riesgo la vida de otras personas inocentes. El hecho ocurrió el 26 de noviembre del 2006 en la residencia del también exalcalde de San Antero, en horas de la madrugada cuando la familia de este se econtraba durmiendo.

El atentado fue en su residencia en el año 2006 y –dicen los testigos- fue motivado por el cobro de una deuda económica por el apoyo que le brindó a la campaña de Morales a la Alcaldía (2004-2007). Detonaron varias granadas en el techo de su residencia, sin embargo, salió ileso. Años más tarde, en julio del 2009, Pérez Padilla fue asesinado por un sicario mientras cumplía en detención domiciliaria una condena por parapolítica.

La decisión asegura que Morales, como alcalde, se concertó con un grupo de personas para la conformación de una organización delictiva cuya finalidad era sacar del país drogas ilegales. El alto tribunal asegura que logró sacar del país tres cargamentos de cocaína. Y que para el fortalecimiento y expansión de la banda criminal, Morales aportó dinero y armas. 

El alto tribunal asegura que esta organización criminal, apoyada por políticos de la región, abrió una ruta de narcotráfico. De manera, que Morales Diz es encontrado responsable de participar en el envío de tres cargamentos de droga, por casi 5.000 kilos de coca, incluso cuando ya era senador de la República.

Según desmovilizados de las AUC, el crimen tuvo como propósito ocultar la participación del senador en el atentado y no pagar la deuda económica. Sin embargo, la corte lo terminó absolviendo por este hecho al no encontrar evidencia suficiente. 

Para la Corte, Morales participó en sucesivas reuniones en las cuales discutieron los detalles del atentado, aportó dinero para el pago del personal contratado en procura de su realización, contribuyó en la consecución de información sobre los movimientos de Pérez Padilla.

Morales Diz –dice la Corte- recibió el apoyo político del comandante del Bloque Montes de María de las AUC, Edward Cobos Téllez, alias “Diego Vecino”. El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso también habló de ese supuesto apoyo a su candidatura a la Alcaldía de San Antero. 

En contra de Morales también aparece el testimonio de Yoiner Enrique Sánchez, alias El Chiquito, quien reveló reuniones con el concejal Dennys Chica, el entonces alcalde de Chimá Carlos Rodríguez y el empresario Demetrio Cabeza. Señala que Rodríguez y Morales Diz pidieron ayuda del comandante de las Aguilas Negras para cometer el asesinato, ya que Pérez Padilla se convirtió en una piedra en el zapato que quería cobrar deudas a las malas. Dijo que para no pagar una deuda de 3.000 millones de pesos, el alcalde de San Antero y hoy senador ordenó el crimen por el que pagó 250 millones. 

Aunque la corte le da credibilidad a lo dicho por este testigo, que fue ratificado por otros desmovilizados de las Autodefensas, compulsa copias a la Unidad de falsos testigos de la Fiscalía para que lo investigue. En el documento se reconstruye cómo supuestamente se pagaron largas y millonarias extorsiones a Sánchez, condenado por el atentado, para que no dañara la carrera política de Morales.

El alto tribunal también le pide a la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía que le incaute las propiedades respecto de los bienes que se compruebe que se adquirieron con recursos ilegales. Deberá pagar 46.600 salarios mínimos legales de multa así como tendrá 240 meses de inhabulidad.

En contexto: El senador que va a juicio por homicidio, ‘bacrimpolítica’ y ‘parapolítica’