Tutela amenaza con provocar batalla entre salas de la Corte Suprema

Un texto de 28 páginas amenaza romper la armonía de la Corte Suprema de Justicia. Se trata de una acción de tutela interpuesta por el senador liberal Álvaro Ashton, quien permanece en la cárcel La Picota desde diciembre por presuntos nexos con grupos paramilitares.

La tutela se va lanza en ristre contra la Sala Penal, la sección de la corte que ordenó detener al congresista y lo está procesando. Señala que este órgano actúa al margen de la ley “bajo su propia creencia”. Además, califica el trabajo de los magistrados penalistas como “desafortunado para el Estado de derecho” e irrespetuoso, pues “apelan a razones de conveniencia y oportunidad”. Y aún más, indica que por la vía de la interpretación, esos togados están reemplazando y desconociendo la ley.

Por esa carga de términos y calificativos, para varios magistrados de la Sala Penal ya es sorprendente que sus colegas de la Sala Civil hayan admitido la tutela. Pero si esta prospera –como es probable–, se desataría la debacle. Ese paso desmoronaría en cascada las determinaciones tomadas en el último semestre en connotados expedientes como el que adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe, los senadores Bernardo ‘Ñoño’ Elías y Musa Besaile, el exgobernador Alejandro Lyons, el excongresista David Char y el exfiscal Gustavo Moreno, entre otros.

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La tutela de Ashton alega que la Sala Penal ya no tiene competencia para procesarlo, pues en enero entró en vigencia la ley que crea el nuevo esquema judicial para aforados (altos dignatarios como congresistas, ministros y embajadores). Esa ley ordena conformar en la corte la Sala de Instrucción, con seis magistrados, y la Sala de Juzgamiento, con tres. La primera sala tendrá la responsabilidad de investigar a los procesados y acusarlos ante la segunda, que deberá proferir sentencia. Ambos órganos serán el primer juez de los aforados, y quienes quieran recurrir sus fallos, podrán acudir a la Sala Penal de la Corte Suprema, integrada por nueve togados, que sigue siendo la máxima instancia en materia penal.

Pero la ley no incluyó pautas para transitar del esquema antiguo al nuevo, y ponerla en marcha exige de varios pasos dispendiosos como apropiar recursos, seleccionar a los nuevos magistrados, contratar el personal, conseguir las oficinas. Ante esto, en enero los magistrados de la Sala Penal de forma unánime y luego de largas discusiones decidieron que conservaban la competencia para investigar, acusar y adelantar juicio contra los aforados “hasta tanto los nuevos magistrados fueran nombrados y posesionados”. De lo contrario un congresista, por ejemplo, podría cometer un crimen y aunque fuera sorprendido en flagrancia, no tendría un juez competente para juzgarlo hoy.

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Ashton plantea justamente esa discusión. El senador, por vía de su tutela ante la Sala Civil, alega que la Sala Penal perdió la competencia para procesarlo y que lo actuado es nulo. Los togados que admitieron el recurso han discutido el tema en varias sesiones, y un grupo de estos respalda el planteamiento del senador o al menos cree necesario modificar la decisión que tomaron al respecto sus colegas de la Sala Penal. Pero más allá de Ashton, una determinación que cambie en cualquier forma lo ya decidido provocaría un efecto dominó en una veintena de procesos, pues viciaría de ilegalidad las actuaciones.

El próximo miércoles los siete magistrados de la Sala Civil se reunirán una vez más y esperan salir de su cónclave con una decisión. Como nunca la Sala Penal estará expectante de lo que ocurra en el recinto vecino.