Corte Suprema: Destrabados a las malas

La Corte Suprema de Justicia sobrepasó sus propios límites. De nada sirvieron las críticas de diversos sectores para que el alto tribunal pusiera la institucionalidad por encima de los apetitos burocráticos de algunos de sus integrantes y superara el bloqueo interno que duró más de un año.

De los 23 despachos que conforman la corte, esta semana ocho quedaron vacíos al dejar su cargo el magistrado Ariel Salazar, de la Sala Civil. Salazar envió varias cartas a la presidencia del alto tribunal con copia a los periodistas para salvar su responsabilidad por el bloqueo. Se quejó del vicioso sistema de acumular las vacantes como forma de presionar la elección de los recomendados. Una práctica que ignora la selección por méritos consagrada en el reglamento.

El togado saliente no se había despedido de la corporación el jueves, cuando desde la presidencia de la corte el magistrado Francisco Acuña convocó a sala extraordinaria. El plan estaba cantado: a primera hora del viernes, los 15 miembros restantes se reunirían para reformar el propio reglamento con una interpretación que les permitiera reducir el quorum.

Durante seis horas, los magistrados disponibles deliberaron sobre la situación excepcional en la que se encontraban. Después de mucho discutir, concluyeron que su situación ameritaba interpretar el reglamento para superar la falta de quorum con una mayoría simple. Es decir que de 16 votos mínimos para decidir, bajaron el número a 12.

Con la reforma interna, los magistrados consiguieron humo blanco para elegir de inmediato las siete vacantes. Como algunos alcanzaron 15 votos, no es difícil concluir que quien se oponía a los consensos era el saliente magistrado Salazar. De hecho, hay quienes aseguran que, a pesar de que pertenecía a la Sala Civil, tenía interés en que un candidato de la Sala Penal saliera electo. Salazar negó rotundamente esta afirmación a SEMANA.

Para ocupar la Sala Penal eligieron al abogado Hugo Quintero, de la Libre, quien reemplazará al magistrado Fernando Castro; al chocoano Gerson Chaverra, quien llega en sustitución de José Luis Barceló; y a Fabio Ospitia, magistrado auxiliar que releva a Luis Guillermo Salazar. Este último causó resistencia por haber sido durante ocho años magistrado auxiliar de Leonidas Bustos, envuelto en el escándalo del cartel de la toga. Pero ganó la Sala Penal que defendió la independencia de este abogado frente a ese despacho.

El paquete de la Sala Penal era relativamente sencillo. En medio de una crisis inédita, los seis magistrados penalistas de la corte se pusieron de acuerdo, con un pacto firmado en acta, en apoyar los tres perfiles que resultaron electos. Y ganaron por unanimidad, a excepción de Quintero, que sacó 14 votos.

La alta corporación también eligió al nuevo ocupante del despacho que dejó en la Sala Civil la hoy ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco. Francisco José Ternera Barrios, abogado de la Universidad del Rosario y conjuez de la Sala Civil, también ganó por unanimidad. Su nombramiento supone que la ministra Cabello perdió el pulso electoral, pues ninguno de los dos exmagistrados auxiliares de su despacho, Antonio Emiro Thomas Arias y Gilberto Augusto Blanco Zúñiga, alcanzó la votación requerida para ascender a titular.

La corte también eligió a los magistrados Iván Mauricio Lenis Gómez, en reemplazo de Rigoberto Echeverri; a Ómar Ángel Mejía Amador y Luis Benedicto Herrera Díaz, todos de la Sala Laboral. No hubo acuerdo para designar a un presidente de la corporación en propiedad, que debe salir de esta misma sala en pugna.

Incertidumbre legal

En medio de una tensión sin precedentes, en los últimos meses los magistrados intentaron toda suerte de alternativas para superar el bloqueo. La opinión pública hasta barajó la posibilidad de que el presidente Iván Duque pudiera modificar el quorum por decreto en el marco de un estado de excepción. No obstante, ni la corte ni la Presidencia consideraron una solicitud en esta dirección. Otros propusieron sin éxito el voto público, rebarajaron candidatos y hasta intentaron cambiar el reglamento en caso de llegar a una situación excepcional como la que sobrevino. Nada funcionó y la corporación tuvo que quedarse sin los magistrados suficientes. La salida que escogieron seguramente suscitará recursos legales ante el Consejo de Estado.

Una vez conocidos los nombres de los elegidos, en redes sociales divulgaron críticas a sus perfiles. Trinos publicados por Quintero y los antecedentes de Ospitia recibieron cuestionamientos públicos. “Rechazable: 1) Magistrados que con sevicia política han prejuzgado contra ciudadanos; 2) O impuestos por Leonidas Bustos, en Canadá, fugitivo del ‘Cartel de la Toga’”, escribió el expresidente Álvaro Uribe en su cuenta de Twitter.

El ahora magistrado Quintero había publicado un trino en el que se refirió a la directora del Centro Democrático, Nubia Stella Martínez: “Vistió un hermoso traje a rayas. Es un dato de moda no semiología, espero”, señaló. Martínez también rechazó la frase: “Toda su comunicación pública confirma la clase de sujeto que es”, indicó.

Seguramente, sobre las recién celebradas elecciones surgirá una controversia legal. Los opositores tienen cuatro meses para interponer acciones de nulidad contra el proceso de elección, y los consejeros de Estado deberán resolverlas. La Corte Suprema solo había reformado su propio reglamento de cara a unas elecciones cuando 18 magistrados no lograron ponerse de acuerdo con la elección de fiscal general en 2010. En medio del bloqueo de ese entonces, decidieron interpretar el reglamento y elegir a Viviane Morales con 14 votos.

Cuando el Consejo de Estado estudió el caso, tumbó la elección al considerarla no ajustada a la ley, pues el reglamento establecía que la votación mínima para conseguir consenso eran 16 y no 14. Ahora, aun menos magistrados se la volvieron a jugar por la vía de interpretar el reglamento. Solo que le agregan la existencia de una situación excepcional e insuperable que los obligó a proceder de esta manera.

Estas elecciones de integrantes de la Corte Suprema se convirtieron en candentes tribunas políticas de seguidores y opositores. Y aunque los candidatos nunca han estado exentos de caer en estas controversias, la situación atípica bajo la cual se llevaron a cabo las votaciones resta legitimidad y llena de incertidumbre a una elección minada desde el mismo alto tribunal.