El dilema de extraditar a Gustavo Moreno

La captura de Gustavo Moreno tuvo un ingrediente poco usual en los grandes casos de corrupción del país. El exfiscal fue grabado en Estados Unidos intentando sobornar al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons. A pesar de que los hechos sacudían a la cúpula de la rama judicial colombiana,  que parte fundamental de la investigación tuviera lugar en Miami hizo que desde el primer momento existiera un desenlace obvio: la extradición.  

Los primeros días del escándalo ese efecto parecía inevitable. Sin embargo, con el pasar de los días se comenzó a conocer que los hechos en los que estaba involucrado Moreno enredaban a magistrados y exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia. Moreno guardó un "temporal silencio", como él mismo lo describió en un comunicado de prensa. Pero una vez comenzó a hablar rodaron cabezas.  

Una sola declaración suya ante la Corte Suprema de Justicia produjo las órdenes de captura en contra del exmagistrado Francisco Ricaurte y del senador Musa Besaile. Y ahora, el exfiscal parece tener listo un camino de colaboración con el búnker. Frente a esa posibilidad, la extradición ha comenzado a tener otras consideraciones. 

Para Moreno, irse del país era la mejor opción en un inicio. De hecho él mismo se acogió al trámite de extradición exprés en la corte, lo que representa que se recortan sustancialmente los términos. La Procuraduría este martes también le dio su propio empujón al caso, cuando rindió concepto favorable a su extradición. Hizo una recomendación particular y es que Colombia y Estados Unidos se pongan de acuerdo para facilitar las intervenciones de Moreno para que continúe con el esclarecimiento de hechos delictivos.  

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La Fiscalía por su parte no ha escatimado argumentos para dejar claro que, aunque está colaborando en Colombia, su trámite de envío a Estados Unidos sigue en firme. La competencia para dar luz verde la tienen primero la Corte Suprema de Justicia a través de un concepto y después el presidente de la república.  

En contravía de la extradición algunas voces se han levantado en medio de un prudente bajo perfil. El principal argumento es la verdad que podría perderse con la partida del exfiscal a los Estados Unidos. Colombia está a punto de develar una red de corrupción de alto nivel y el testimonio de él es definitivo. El primero que habló de esa opción fue el senador del Polo Jorge Robledo, quien pidió que Moreno no sea extraditado hasta que no entregue la lista de magistrados que colaboraron en esos hechos. El exmagistrado de la corte Jaime Arrubla, a través de este portal, puso también sobre la mesa un argumento que es clave en esta discusión: “Si extraditan a Moreno nos quedamos sin la prueba” (Ver entrevista). 

El punto que toca Arrubla es importante porque la colaboración de Moreno gira en torno a hechos delictivos cometidos durante su trayectoria como abogado litigante, es decir, se trata de casos que llegarán a la Justicia bajo el sistema penal acusatorio. Ello implica que para que su testimonio se convierta en prueba tiene que ser rendida en juicio bajo juramento.  

En Colombia, Moreno tendría que asistir como testigo a los procesos de todos aquellos a quienes mencione ya sea de manera personal o mediante audiencia virtual. De ahí que la Procuraduría insista en que se pacte con Estados Unidos una garantía de su comparecencia previa firma de la extradición. Sin embargo, por experiencia con los paramilitares, las presentaciones virtuales son trámites engorrosos que pasan por la aprobación del Departamento de Estado, el Departamento de Justicia y del buró de prisiones en Estados Unidos.  

¿Extradición condicionada?

A partir de las extradiciones de jefes paramilitares, la Corte Suprema de Justicia abrió una puerta para decisiones condicionadas, privilegiando las obligaciones internacionales y los derechos fundamentales a la verdad y la justicia para las víctimas en Colombia.  

Esta línea la adoptó en casos como el de Luis Édgar Medina Flórez, alias Comandante Chaparro, del bloque resistencia Tayrona; Edward Cobos Téllez, alias Diego Vecino; Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán y Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario.  

En todos los conceptos proferidos durante el gobierno de Álvaro Uribe, la corte condicionó la reactivación de la extradición a que incumplieran con los compromisos de verdad, justicia, reparación o que fueran excluido de Justicia y Paz. La corte después volvió a avalar extradiciones de jefes de las AUC de alto perfil; lo hizo en los casos de Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar, o en un nuevo pronunciamiento en el caso de Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario.   
   
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Sin embargo, en ambos casos su envío fue frenado por la presidencia de la república. Por el lado de Alzate, su extradición fue negada en tanto siguiera colaborando con sus compromisos con Justicia y Paz. En el caso de Herrera,  la extradición fue avalada pero solo podrá ser efectuada cuando cumpla con todos los compromisos pendientes en la justicia colombiana.  

En este sentido hay un abanico de posibilidades y antecedentes que la corte y el Gobierno podrán entrar a considerar en el momento de pronunciarse en el caso Moreno. Por ahora, el caso lo tiene el magistrado Luis Hernández, el mismo que además lleva las investigaciones por los supuestos sobornos de congresistas para cambiar el rumbo de decisiones en la Corte Suprema de Justicia.    

Aunque en este caso no están comprometidos los derechos de víctimas de crímenes atroces, los argumentos frente a la gravedad de lo ocurrido también pueden ser tan innovadores como la corte y el presidente de la república quieran. Poner en jaque a la Justicia de un país y sus instituciones es un hecho gravísimo que puede quedar cobijado como hasta como un asunto de seguridad nacional.