Corte Suprema investigará incapacidades médicas y aplazamientos de la defensa de Alejandro Lyons, procesado por el ‘cartel de la hemofilia’

La Corte Suprema de Justicia tenía previsto para este martes 8 de agosto llevar a cabo la audiencia de formulación de acusación contra los exgobernadores de Córdoba, Alejandro Lyons y Edwin Besaile, por el escándalo de corrupción conocido como el ‘cartel de la hemofilia’, en el que literalmente se inventaban los enfermos para apropiarse de los recursos que el sistema de salud entrega para atender a estos pacientes.

Sin embargo, una vez más tuvo que aplazarse la diligencia debido a que Álvaro José Lyons, abogado de Alejandro Lyons, alegó tener quebrantos de salud. La Corte llamó la atención sobre las reiteradas incapacidades médicas y aplazamientos del abogado a lo largo del proceso.

“Como puede apreciarse, esta es la tercera oportunidad en que el abogado Álvaro José Lyons solicita aplazamiento de la audiencia de formulación de acusación, aduciendo quebrantos de salud, lo cual implica alta preocupación para la Sala ante la coincidencia de las diversas patologías que se le presentan justo cuando se va a reanudar la audiencia de formulación de acusación”, le dijo la Corte al abogado en respuesta a la solicitud de aplazamiento.

La Corte señaló que es extraño que en otras ocasiones la defensa de Lyons manifieste no poder conectarse a las audiencias y tampoco delegue a un defensor suplente.

“Si bien que en toda actuación debe reinar el principio de buena fe, no deja de generar extrañeza para la Sala las varias solicitudes de aplazamiento elevadas por el defensor Lyons Muskus y que pese a la facilidad que ofrece adelantar la audiencia de manera virtual, le impida conectarse remotamente y ni siquiera designe un defensor suplente para sortear las eventualidades de su salud”, dijo la Corte.

En consecuencia, aunque la Corte accedió a aplazar la audiencia de este martes, pidió que se investiguen las incapacidades médicas que han sido presentadas por el abogado.

“Se requerirá a la profesional de la salud que atendió al señor defensor, para que, mediante escrito, explique pormenorizadamente acerca del diagnóstico otorgado, las razones científicas o médicas para el otorgamiento de la incapacidad”, ordenó la Corte.

Además, la Corte ordenó que Medicina Legal certifique el estado de salud del abogado Lyons y se analizara también su historia clínica.

“Obtenido lo anterior, se oficiará al Instituto Nacional de Medicina Legal para que se designe Médico Forense para que en el menor tiempo posible realice una valoración al profesional del Derecho Alvaro José Lyons Villalaba, lo mismo que analizará su historial clínico para que emita concepto acerca del diagnóstico de la profesional de la salud que lo atendió, si la misma amerita o no incapacidad e informe i) si la patología se presentó, y así como ii) si ameritaba o no incapacidad laboral y por cuánto tiempo”, se lee en la decisión del alto tribunal.

El ‘cartel de la hemofilia’

El llamado “Cartel de hemofilia” operó de 2013 a 2017 y buscó aprovechar el tratamiento de esta rara enfermedad para enriquecer personal a diversos funcionarios. El modus operandi de este desfalco consistía en que las IPS en Córdoba hacían pasar a sus pacientes como hemofílicos e incluso crear pacientes “fantasma” con esta condición. Lo anterior era posible gracias a la falsificación de firmas, historias clínicas y pruebas de laboratorio. Dos de las IPS involucradas eran la IPS San José de la Sabana y la IPS Unidos por su Bienestar, encargadas de la supuesta atención de 196 enfermos de hemofilia entre 2013 y 2015.

El objetivo final era cobrar a la misma gobernación de Córdoba por tratamientos y medicamentos que, por la naturaleza rara de la hemofilia, no cubría el Plan Obligatorio de Salud (POS) del MinSalud, pero si en la llamada Cuenta de Alto Costo (CAC) encargada de este tipo de enfermedades más costosas.

Este entramado de corrupción empezó de la mano de Alejandro Lyons Muskus, quien fue gobernador de Córdoba de 2012 a 2015. El actuar del exgobernador fue posible gracias al apoyo de dos cómplices: Alfredo Aruachán Narváez y Sami Spath Storino. El primero fue secretario de salud de Córdoba de 2012 a 2015 y facilitador de los contratos corruptos con las IPS. De acuerdo con la Fiscalía, su accionar fue clave para la pérdida de 7.381 millones de pesos del departamento de Córdoba, a través de la firma de resoluciones para la supuesta atención de 61 pacientes de hemofilia. 

Lyons Muskus huyó a Miami, Estados Unidos, para evitar a la justicia colombiana. Sin embargo, fue capturado por las autoridades norteamericanas y se convirtió en testigo del llamado “Cartel de la toga”, otro entramado de corrupción que incluye a magistrados y gobernadores. En 2021 la Contraloría General sancionó a Lyons Muskus como responsable fiscalmente por 71.674 millones de pesos por todo lo sucedido en el Cartel de la hemofilia. Aún sigue en trámite su proceso de extradición a Colombia.

Las acciones de Lyons Muskus fueron continuadas por su sucesor en la gobernación de Córdoba: Edwin Besaile Fayad, gobernador de Córdoba para el periodo 2016-2019. No ha sido condenado por la Corte Suprema de Justicia. Por el Cartel de la hemofilia fue acusado por la Fiscalía en 2018 y 2021 ante la Corte Suprema de Justicia.

De acuerdo con las autoridades, Besaile Fayad autorizó pagos por 1.525 millones de pesos a supuestos pacientes de hemofilia. Dichos pagos se hicieron a personas cuyas “historias clínicas y otros documentos que sirvieron de soporte eran falsos”, indicó la Fiscalía. Según la acusación, Besaile Fayad acordó con su antecesor, Alejandro Lyons Muskus, “apoderarse de recursos públicos y repartirse comisiones” de los recobros de servicios de salud. “Hay indicios de que, para materializar y sellar este pacto ilícito, Besaile Fayad, presuntamente, recibió cerca de 2.100 millones de pesos”, de acuerdo con la Fiscalía.

El entonces presidente Iván Duque destituyó a Edwin Besaile Fayad en marzo de 2019. El periodo del gobernador terminaba en diciembre de 2019.

La decisión presidencial se tomó cuando quedó en firme la destitución ordenada por la Procuraduría General de la Nación, que además sancionó a Besaile Fayad con inhabilidad por 12 años para ejercer cargos públicos. Esta sanción se aplicó porque el gobernador participó en decisiones oficiales sobre el mejoramiento de la carretera entre Ciénaga de Oro y Sahagún, pese a estar impedido por ser dueño de nueve predios en el trayecto de la vía. “Dicha obra pública impactaría personal y económicamente los predios de su propiedad”, según la Procuraduría.

En junio del 2022 la Fiscalía imputó a Besaile Fayad, por la presunta destinación de dineros del ‘Cartel de la Hemofilia’ para financiar su campaña política. Los elementos de prueba dan cuenta de que habría recibido 2.100 millones de pesos. El exgobernador no aceptó los cargos en la audiencia que s ellevó a cabo en julio del 2022.