Corte Suprema ordena pruebas en proceso de extradición contra hermano de Piedad Córdoba

La Corte Suprema de Justicia decretó la práctica de pruebas en el estudio de la solicitud de extradición presentada por una Corte de Estados Unidos en contra de Álvaro Fredy Córdoba Ruiz, hermano de la electa senadora por el Pacto Histórico, Piedad Córdoba Ruiz.

El despacho de la magistrada Myriam Ávila Roldán dio diez días hábiles para que los sujetos procesales presenten las pruebas documentales y testimoniales que consideren pertinentes en este caso. El plazo para presentar las pruebas vence el próximo 5 de mayo a las 5 de la tarde.

Córdoba Ruiz, quien fue capturado el pasado 4 de febrero en plena vía del barrio El Poblado en Medellín, es requerido por la Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York por delitos relacionados con tráfico ilícito de drogas y porte ilegal de armas de fuego. Junto a Córdoba fue detenido una mujer identificada como Libia Amada Palacio Mera, quien también es requerida por las autoridades de los Estados Unidos.

“La embajada tiene el honor de informar al ministerio que los documentos que soportan una solicitud de extradición han sido certificados de conformidad con el Convenio Suprimiendo la Exigencia de Legalización de Documentos Públicos”, señala uno de los apartes del requerimiento de extradición el cual fue allegado a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia por la Dirección de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia y del Derecho el pasado 24 de marzo.

Según las evidencias, Córdoba Ruiz era el encargado de conseguir la droga con el jefe de las disidencias de las Farc en el sur de Colombia, Miguel Botache Santillana, alias Gentil Duarte, con quien había establecido los contactos desde hace más de un año. Él habría asistido a reuniones para pactar negocios en Bogotá y Medellín.

Una vez se concretaba la compra de la cocaína por medio de Córdoba, las disidencias de las Farc se comprometían a llevar la mercancía hasta el Pacífico, en tres puntos claves: Tumaco (Nariño), Cauca y Buenaventura (Valle). No fue fácil para las autoridades dar con este eslabón porque manejaba un perfil distinto al habitual de los narcotraficantes, que acostumbran a estar rodeados de lujos. Por el contrario, Córdoba pasaba desapercibido y prefería hacer los contactos en lugares discretos y personalmente. Por obvias razones, evitaba hablar de estos temas por teléfono y solo lo hacía para concretar algunos encuentros.

Los problemas para Córdoba serían más graves. Según las investigaciones que se llevan en Estado Unidos, la moneda de cambio para estas transacciones de droga no era simplemente el dinero. Los acuerdos comprometían, al parecer, el pago con el suministro de armas y explosivos para las disidencias de Gentil Duarte, que actualmente enfrentan una guerra a muerte en Arauca y en el sur del país contra la Segunda Marquetalia de Iván Márquez.

En su momento, el director de la Policía, general Jorge Vargas, aseguró que la captura de Álvaro Córdoba cumplía todos los trámites legales. “La Fiscalía General de la Nación, a través de ese trámite, emite una orden de captura para ubicar físicamente a estas personas. La Policía lo que hace es cumplir con ese mandato judicial internacional y ponerlos a disposición de la autoridad competente”.

“Se ubicaron a las personas, las ubicamos físicamente en Medellín, en una zona del sur de la ciudad y procedimos a ponerlas a disposición de la Fiscalía General de la Nación por delitos de tráfico de cocaína por más de cinco kilos y uso de armas de fuego. Es una orden de captura proveniente por un juez de Estados Unidos. El proceso judicial está en otro país. Lo que hacemos las autoridades colombianas es ubicar y capturar para que afronten el proceso en los Estados Unidos, en este caso en el Distrito Sur de Nueva York”, explicó el oficial.

Desde ese momento, Córdoba Ruiz se encuentra privado de su libertad en la cárcel La Picota de Bogotá esperando que se adelante todo el procedimiento de su extradición.

Tras conocerse la noticia de su captura, la senadora electa Piedad Córdoba aseguró en su cuenta de Twitter que todo esto hace parte de una persecución política y judicial que se ha puesto en marcha en los últimos meses. “Ni mi hermano Álvaro Córdoba ni yo tenemos relación alguna con narcotráfico ni con grupos armados. Reto que se muestren las pruebas que soportan este nuevo montaje judicial”.