La batalla del general Uscátegui

La semana pasada el general retirado Jaime Humberto Uscátegui volvió a recibir una pésima noticia. En una decisión dividida la sala penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió un recurso de casación y ratificó la condena de 37 años de cárcel contra el oficial por su presunta responsabilidad en la masacre de Mapiripán en la que fueron asesinados un número aún indeterminado de personas entre el 15 y el 20 de julio de 1997. 

La decisión judicial no dejó de causar polémica en algunos sectores. La razón es que si bien la Corte descartó que Uscátegui haya sido coautor y estuviera aliado de alguna forma con los paramilitares, consideró que como comandante de la VII brigada con sede en Villavicencio no hizo los esfuerzos suficientes para que los paramilitares no cometieran la masacre. Desde 1999, cuando el general fue vinculado y arrestado por los hechos de Mapiripán, ese punto, que ratificaron los magistrados la semana pasada, ha sino uno de los más polémicos del caso. En parte porque la jurisdicción de la zona estaba a órdenes del batallón Joaquín París, bajo el comando del entonces mayor Hernán Orozco, y la brigada móvil número 2, dirigida por el coronel Lino Sánchez. Estos dos oficiales fueron posteriormente condenados a 40 años de prisión al comprobarse que ellos sí participaron directamente en la masacre de Mapiripán. 

De hecho, varios jefes paramilitares declararon ante fiscales de Justicia y Paz que Orozco y Sánchez estaban aliados con ellos y facilitaron el ingreso de los paramilitares a la zona. Este último murió hace varios años víctima de un cáncer, mientras que Orozco vive plácida y cómodamente en Miami desde 2003 sin haber pagado un solo día de cárcel. “Los responsables de la masacre son la Brigada Móvil Dos, a cargo del coronel Lino Sánchez Prado; y el batallón Joaquín París a cargo del mayor Hernán Orozco Castro, quienes convivieron siempre con los paramilitares, a tal punto que el 12 de julio de 1997 recibieron a 200 paramilitares que llegaron en dos aviones al aeropuerto de San José del Guaviare y permitieron que se movilizaran por ríos y carreteras hasta Mapiripán. Esto ha sido probado en testimonios como el de los exjefes de las AUC Salvatore Mancuso y Jorge Victoria”, dijo el general Uscátegui en entrevista con Semana.con tras conocer la decisión de la Corte.

El año pasado el caso parecía tener otro rumbo cuando la Fiscalía descubrió falsas víctimas de la masacre. Un grupo de abogados logró multimillonarias indemnizaciones incluso por personas que estaban vivas. Dos de los beneficiarios aceptaron cargos por fraude procesal y estafa agravada por haber engañado al Estado. No menos polémico ha sido el hecho de que aunque han pasado 16 años, la cifra de muertos en Mapiripán aún no es clara. Hasta 2003, cuando el caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se asumía oficialmente que 49 personas fueron asesinadas. Cuando este organismo produjo la primera sentencia contra el Estado colombiano por esta masacre la cifra se redujo a 20. Por su parte, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía afirmó en 2011 que 77 personas habían sido asesinadas, mientras que  la Unidad de Justicia y Paz del mismo organismo estimó en 13 las víctimas.   

Frente a la determinación de la semana pasada Uscátegui tiene otras opciones legales para demostrar su inocencia como una acción de revisión que interpondrá ante la propia Corte Suprema por las dudas que tiene acerca del proceso. “La magistrada Patricia Salazar, quien no lleva un mes en la Corte Suprema, vino a definir el asunto. A mí me sorprende que en 15 días, el magistrado ponente, Eugenio Fernández, haya realizado una ponencia condenándome a 37 años. Y el primer ponente, Fernando Castro, que estudió durante tres años mi proceso, proponía una pena de 15 años”, dijo el alto oficial a semana.com desde su celda en una instalación militar en el norte de Bogotá en donde se encuentra desde el 20 de mayo de 1999. 

Uscátegui afirma tener cerca de 50 pruebas que, según él, no le permitieron presentar en el proceso, entre ellos una certificación expedida por el entonces ministro de Defensa Juan Manuel Santos. “En 2006, cuando el hoy presidente era ministro de Defensa, certificó al Congreso de la República que el mando del batallón Joaquín París, para el mes de junio de 1997, lo tenía la Brigada Móvil Dos y no la Séptima Brigada, la cual yo dirigía”, afirmó. A pesar del revés sufrido la semana pasada y de los 65 años de edad el general retirado está dispuesto a seguir dando la batalla para demostrar que nada tuvo que ver en uno de los peores crímenes en la historia reciente del país.