Por pedir "imposibles jurídicos", Árias volvió a perder en la corte

Con seis votos contra uno, los magistrados de la Sala Civil de la Corte Suprema le volvieron a dar un nuevo portazo al exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias. El exfuncionario repitió su estrategia de buscar la revisión de su sentencia a 17 años de cárcel por la vía de la tutela. Lo hizo ante una sala que ha sido rebelde en acatar la fórmula transitoria que se adoptó para implementar la segunda instancia en Colombia. Pero volvió a fracasar.

El nuevo pronunciamiento le vuelve a decir a Arias que es un "imposible jurídico" que sean los propios magistrados los que ordenen la revisión de sentencias que ya están ejecutoriadas. Hubo más discusión de la esperada, pero al final los civilistas llegaron al mismo punto de partida: no pueden abrogarse la facultad de echar para atrás fallos en los que hay cosa juzgada. Además, como la sala penal es la última instancia, se requeriría un superior jerárquico (que no existe) para que los revise.

El recurso de Arias seguramente hará el recorrido de rigor: pasará a la Sala Laboral para revisión de segunda instancia -donde también perderá- y después quedará como una tutela más para la selección de la Corte Constitucional.

El reversazo que pretende Arias puede desembocar una hecatombe judicial. De hacer carrera su fórmula para la revisión de fallos de única instancia se abriría un boquete por el que caben por lo menos 152 sentencias (condenatoria o absolutoria) entre 2007 y 2017. Allí entra toda la parapolítica, la yidispolítica y los jefes de carteles de corrupción como Iván Moreno Rojas o Juan Carlos Martínez Sinisterra. Posterior al 2017, el alto tribunal ha emitido decisiones definitivas a algunos protagonistas del cartel de la toga y de Odebrecht, expedientes que también podrían terminar reabiertos. Es decir, está en juego buena parte del historial de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia.

Aunque Arias no tenga eco en las cortes, en el Congreso el senador Álvaro Uribe Vélez anunció que presentará un Acto Legislativo para reformar la Constitución y permitir la creación de una doble instancia "retroactiva", es decir, que tenga efectos en personas ya condenadas en única instancia.

En el año 2014, el pleno de los magistrados había estudiado este mismo punto. Consideraron que así decidieran pasarse por encima del Congreso para permitir la revisión de sentencias, resulta irrealizable ya que no está en sus manos crearse un superior jerárquico para que haga la revisión: "¿Qué tal la corte removiendo sin facultad legal la firmeza de una sentencia y permitiendo su impugnación ante el organismo que a la corte se le ocurra convertir en su superior jerárquico?", cuestionó el magistrado penalista Luis Hernández.

Última palabra, en la Constitucional

En enero del 2018, el Congreso aprobó una reforma constitucional que creó la doble instancia para aforados en Colombia. Como la norma venía sin artículos transitorios que delegara competencias mientras se elegían a los magistrados que la tendrían a su cargo, se generó una choque entre abogados que aún no cesa. La fórmula adoptada fue dejarle a la Sala Penal sus competencias intactas por los meses que duraron las elecciones, pero esta decisión no dejó contentos a muchos. En todo caso, no sería aplicable al caso de Arias porque la reforma no es retroactiva.

Apoyado en esta confusión, el excongresista Martín Emilio Morales Diz logró tumbar durante un mes la sentencia condenatoria en su contra a 25 años de prisión. Lo que sucedió es que los magistrados de la Sala Civil la dejaron sin piso, mientras que los de la sala laboral la revivieron. Ahora, acaba de ser seleccionada por la Corte Constitucional, que tendrá la última palabra.

Mientras les llega a los magistrados constitucionalistas el caso de Arias, se preparan para estudiar la tutela del exsenador Álvaro Ashton, que intenta tumbar una acusación en su contra por parapolítica.  

En todos los casos el tema de fondo es la doble instancia.  

Ante la diferencia de criterios, el exministro Arias le apostó a repetir la jugada de la tutela. Falta ver qué llega primero: el fallo de cierre que posiblemente emita la Corte Constitucional, la reforma constitucional de Uribe en el Congreso o el veredicto final en la solicitud de extradición a Estados Unidos.