Nación
Cortes de luz pusieron a Electrovichada a responder ante la Procuraduría; la comunidad de Puerto Carreño está cansada
El gerente de Electrovichada deberá dar explicaciones ante el Ministerio Público.
En vista de los frecuentes cortes de energía eléctrica que los habitantes de Puerto Carreño han estado experimentando últimamente, los cuales han generado graves consecuencias para la población, la Procuraduría General de la Nación ha tomado medidas para obtener una explicación sobre esta situación por parte de los funcionarios de Electrovichada.
La duración de estos cortes inesperados puede ser de dos, tres o incluso cuatro horas, lo que ha causado una gran insatisfacción entre los ciudadanos, comerciantes e instituciones, quienes han protestado en las instalaciones de la electrificadora para exigir una solución al problema.
Durante varias décadas, la capital de Vichada se abasteció de energía eléctrica de Venezuela. Sin embargo, en diciembre de 2020, Electrovichada y Refoenergy Bita S.A.S firmaron un contrato de transacción para la compra-venta de energía por un período de 20 años. El plan incluía fuentes convencionales y no convencionales de energía renovable para proporcionar un mejor servicio a los residentes de Puerto Carreño. A pesar de esto, los cortes de energía persisten y, además, las tarifas excesivas han llevado a los habitantes a protestar para que se preste un mejor servicio.
Ante esta situación, la Procuradora Regional de Vichada ha tomado medidas y ha requerido al gerente de Electrovichada, Carlos Alberto García Perdomo, que proporcione una explicación de lo que ha estado sucediendo en la ciudad durante varios meses. ¿Qué medidas de contingencia ha implementado la empresa durante estos cortes de energía? ¿Cuáles son las razones detrás de estos problemas? ¿Cuál es el estado de las plantas de energía y cuántas hay disponibles para proporcionar el servicio? Estas son algunas de las preguntas que deberá responder el director.
Lo más leído
La Procuraduría Regional también ha exigido que la empresa cumpla con los cronogramas establecidos y lleve a cabo campañas informativas y de divulgación para la comunidad. Muchas quejas hacen referencia a que los cortes de energía son impredecibles y no se ajustan a los cronogramas programados, lo que hace que estos ocurran sin previo aviso en la mayoría de los casos.
Indagación contra Secretaría de Ibagué
En otras actuaciones del órgano de control, la Procuraduría General abrió indagación previa contra servidores públicos por determinar de la Secretaría de Infraestructura Municipal de Ibagué, por presuntas irregularidades en la planeación y ejecución del contrato para la rehabilitación de la malla vial de la avenida Mirolindo de Ibagué.
El Ministerio Público busca establecer si se omitió la construcción de obras complementarias, como cunetas, desagües y/o canalizaciones de aguas lluvias necesarias para evitar las filtraciones de agua, empozamientos y el deterioro de la capa asfáltica de dicha vía.
Según un artículo publicado en un medio de comunicación local denominado El Olfato, el 3 de marzo de 2023, la “Alcaldía de Ibagué tuvo que invertir $ 700 millones para corregir la chambonada de la pavimentación de la avenida Mirolindo”, adicionales a los casi dos mil millones que habría costado la obra inicial. En la misma hacen referencia a una nota del mes de enero en la cual se denunció que “(...) la pavimentación de la avenida Mirolindo fue una “chambonada” y en seis meses podría deteriorarse de nuevo”.
La Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué ordenó la práctica de pruebas, entre ellas, ofició a la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Alcaldía de Ibagué para que informe si adelanta actuación disciplinaria por los mismos hechos, y así, revisar si deberá remitir esta actuación para que sea acumulada al proceso que allí cursa, o si se cumplen los presupuestos para asumir este proceso disciplinario en ejercicio del poder preferente.
El Ministerio Público adelanta esta actuación con el fin de identificar e individualizar a los servidores públicos presuntamente comprometidos, determinar la ocurrencia de conductas posiblemente irregulares, las circunstancias en las que se cometieron, y establecer si constituyen faltas disciplinarias, así como el posible perjuicio causado.
