Por contratación irregular en cuarentena, los primeros capturados

El 8 de abril pasado, la Procuraduría anunció pesquisas por sobrecostos o irregularidades en la contratación para atender la emergencia por covid-19. El jefe del Ministerio Público, Fernando Carrillo Flórez, anunció la apertura de 10 procesos disciplinarios contra funcionarios de 8 departamentos por presuntas irregularidades en la suscripción de contratos relacionados con la denominada Emergencia Social, Económica y Ecológica. “Es inaudito, y esto es una infamia, que además de que estamos escasos de recursos, los pocos que tenemos los están utilizando para convertirlos en botín de la corrupción”, señaló entonces el jefe del Ministerio Público. 

Según dijo Carrillo, la Procuraduría, la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación consolidaron el programa Transparencia por la emergencia para vigilar con herramientas analíticas avanzadas la ejecución de contratos por la emergencia de covid-19, que para el caso de la vigilancia del Ministerio Público son 2.017, los cuales fueron firmados desde el 20 de marzo y superan los $800 mil millones. 

“Estamos abriendo 10 procesos en 8 departamentos frente a los presuntos abusos que se estarían cometiendo a nivel de sobrecostos y eso hay que pararlo y habrá sanciones”. Cuando se refirió a Atlántico, el procurador indicó: "En Atlántico está el contrato con Trading Group International S.A.S., por $19.319.479.750, departamento donde también se investigan las compras de mercados en los municipios de Soledad, $2.100 millones, y Malambo por $4.000 millones”, enfatizó. 

Los acuerdos en cuestión fueron suscritos por las alcaldías de Malambo y Soledad, pertenecientes al área metropolitana de Barranquilla, con la fundación El Lirio de los Valles, entidad sin ánimo de lucro, por 4 mil millones de pesos y 2.100 millones de pesos, respectivamente. Su objeto es el suministro de mercados para las familias más vulnerables, como ayuda en medio del aislamiento preventivo obligatorio para evitar la propagación de la covid-19 en Colombia.

SEMANA conoció que entre los capturados está Germán Herrera, alcalde de Guaduas, en Cundinamarca. También un concejal de Tuluá y un contratista en el Valle del Cauca. Para este jueves en la mañana estaba prevista la rueda de prensa entre los tres organismos de control, pero la misma se postergó para la tarde, dado que aún se adelantan los procedimientos de capturas. En primera instancia, los convenios generaron polémica porque, aunque fueron firmados bajo la causal de urgencia manifiesta, al parecer no habrían cumplido con los requisitos de transparencia exigidos por la ley.

En cuanto a la Fiscalía se refiere, el 24 de abril pasado el ente acusadoranunció que "dispuso de 9 fiscales especializados y locales que, con apoyo de 16 asistentes de fiscal y 80 investigadores del CTI, han recopilado material probatorio y solicitado información a 1.005 municipios del país, 5 distritos especiales y 6 entidades de orden nacional, con el propósito de verificar 31.938 contratos suscritos durante la emergencia sanitaria”.

“Gracias a este trabajo conjunto, en 13 contratos, las entidades cuestionadas han reformulado unilateral o bilateralmente el valor de los mismos o han dado por terminados los contratos. Con esta acción inmediata, celebro también las nuevas facultades constitucionales preventivas de la Contraloría General de la Nación, en cabeza del doctor Carlos Felipe Córdoba, que han incidido para que los ordenadores del gasto echen para atrás sus decisiones. De esta forma hemos evitado que se pierdan 17 mil millones de pesos”, precisó el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado.

El ente acusador confirmó que hay 38 casos en indagación preliminar, con apertura de noticia criminal, contra 41 funcionarios municipales en Atlántico, Valle del Cauca, Cundinamarca, Cesar, Sucre, Bolívar, La Guajira, Nariño, Antioquia, Quindío y Santander, y reiteró que próximamente se conocerán resultados de las pesquisas. “No toleraremos que nos quiten un solo peso y que arremetan contra los recursos públicos de la salud, la alimentación o cualquier otro elemento que implique corrupción en este territorio nacional. Lo nuestro son discursos con acciones”, precisó Barbosa.

SEMANA conoció que las autoridades ya emitieron alertas sobre irregularidades en contratos por mas de 400 mil millones de pesos y se preparan imputaciones contra cerca de 12 contra funcionarios entre alcaldes y gobernadores. También se conoció que las autoridades descubrieron un carrusel de contratistas que se estarían quedando con los millonarios contratos. 

La Procuraduria también abrió proceso disciplinario y sancionó disciplinariamente al alcalde Sincelejo, Andrés Gómez, por millonarios sobrecostos en la compra de mercados. Tambien el alcalde de Malambo, Rumenigge Monsalve, por irregularidades en un contrato cercano a los 4 mil millones de pesos.

Según se informó, los alcaldes de Malambo (Atlántico), Rummenigge Monsalve Álvarez; de Sincelejo, Andrés Gómez Martínez;

afrontarán procesos en la Fiscalía General de la Nación, en la Procuraduría General de la Nación y en la Contraloría General. 

Las autoridades ya iniciaron auditorias especiales y recogieron información en:

Finagro

Unidad Nacional de Riesgo

Ingreso Solidario

Los organismos de control, además, embargarán cuentas de funcionarios locales por irregularidades en la contratación y suspenderá de sus cargos a los mismos.