“No tener ley de la JEP sería un revés”: Corte Penal Internacional

La discusión en torno a la demora del presidente Iván Duque para sancionar la ley que reglamenta el funcionamiento de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) rompió fronteras. Este miércoles, la Corte Penal Internacional tomó posición frente al pulso que enfrenta el país desde hace tres semanas. De una orilla quienes han pedido que se objete la ley estatutaria y, de la otra, los que argumentan que con la bendición de la Corte Constitucional el tribunal tiene el visto bueno para empezar a funcionar. 

"Hemos aceptado que las medidas de justicia transicional que Colombia decidió adoptar podrían, si fueran implementadas y aplicadas adecuadamente, cumplir con los objetivos de rendición de cuentas, disponibilidad de recursos para las víctimas y contribución a la disuasión de crímenes futuros, previstos en el Estatuto de Roma. Hemos, por lo tanto, apoyado a la JEP, como el mecanismo clave de justicia transicional adoptado de conformidad con el acuerdo de paz", advirtió el vicefiscal, James Stewart. 

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A través del vocero delegado, el máximo tribunal internacional que juzga a los responsables de crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio, expresó la importancia de definir el marco legal que hace falta para que el nuevo tribunal funcione con todas las de la ley. De no ser el caso, dicen,"esto podría constituir un revés y tendríamos que considerar sus implicaciones". Agregó: "Es nuestro deseo que la Fiscalía y la JEP puedan establecer conjuntamente una distribución eficiente de trabajo y sinergias. A tal fin, observamos la importancia de que la JEP tenga un marco definido". 

El anuncio se conoce 48 horas después de que el fiscal Néstor Humberto Martínez le hizo varios reparos a la ley y le pidió al presidente Duque que los tenga en consideración al calificarlos como inconvenientes frente a la política criminal del Estado y los deberes internacionales. Entre las objeciones está: 1) El narcotráfico como delito de ejecución permanente. 2) La suspensión de investigaciones contra agentes del Estado y reinsertados. 3) La renuncia  de la investigación penal de crímenes graves y 4) Las garantías de no repetición. Los mismos puntos que revisó la Corte Constitucional cuando adelantó el juicio de constitucionalidad de la ley. 

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No es la primera vez que el alto tribunal sale en defensa de la justicia transicional que se creó en marco de la negociación con las Farc o deja ver que lleva una bitacora juiciosa del tema: "Permitan que los magistrados de la JEP hagan su trabajo. Apóyenlos en todos los aspectos que sean necesarios. La paz con justicia y la rendición de cuentas son formas eficaces de garantizar que la paz sea sostenible y duradera", aseguró el mismo vicefiscal en noviembre del año pasado. 

Con ojo de águila la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, sigue desde hace varios años el modelo de justicia que se planteó en La Habana para cicatrizar 50 años de violencia. Son varios frentes los que vigila el organismo internacional: falsos positivos, delitos sexuales, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores y responsabilidad de mando. "La CPI se encuentra haciendo un examen preliminar del caso colombiano y ha seguido de manera permanente las decisiones del Estado", informó por su parte la JEP en un comunicado. 

El espaldarazo llega a reforzar los argumentos que se esgrimen desde una de las orillas. La misma que este lunes lanzó la iniciativa: Defendamos la paz que acompañó Humberto de la Calle, Yesid Reyes, Clara López, Juanita Goebertus, María José Pizarro, Aída Avella y los senadores de las extintas Farc. Los mayores detractores que tiene la justicia, sin embargo, siguen moviendo en las redes sociales hastags como #ConLaJepNoHayPaz o #JEPComplicesDeFARC. Con todo este movimiento habrá que ver cuál es la decisón final que toma el presidente antes del 11 de marzo cuando vence el plazo para asumir su postura.