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Crean comisión en San Andrés ante advertencia de Defensoría sobre presunto fortalecimiento de grupos armados
El propósito es combatir las diversas problemáticas que aquejan a la población.
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El pasado 18 de octubre la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 028 del 2022, en la que se evidencia un fortalecimiento de estructuras armadas del narcotráfico y del crimen organizado locales y regionales que se encuentran al servicio de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)-Clan del Golfo, la persistencia de la estructura armada Los Rastrojos y la tercerización de grupos delincuenciales locales tales como la banda de Los Pusey o La Fortaleza que mantienen su injerencia en el Archipiélago.
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Por lo anterior, el Gobierno departamental del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina dio luz verde a la creación de una Comisión Intersectorial que tiene como propósito advertir oportunamente los riesgos y amenazas de los derechos a la vida, integridad y seguridad de la comunidad isleña.
La delegación que conforma ese grupo fue presentada el domingo, 23 de octubre, durante la visita del ministro del Interior, Alfonso Prada Gil.
Durante el encuentro, se socializaron las diversas problemáticas que aquejan y preocupan a la población, como la presencia de crimen organizado, bandas delincuenciales, extorsión y el aumento de migrantes irregulares en aguas del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
En medio de las intervenciones, líderes comunales solicitaron tomar con urgencia medidas para evitar que se sigan presentando hechos violentos, el control poblacional, la vigilancia constante de los mares y costas y la garantía de los derechos de la comunidad raizal.
También hicieron un llamado a realizar un nuevo censo poblacional en el archipiélago, teniendo en cuenta que las cifras manejadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) no son las percibidas por la comunidad.
La alerta
Grupos armados ilegales están utilizando menores de edad para cometer diferentes delitos, denunció este martes la Defensoría del Pueblo tras señalar que hay un riesgo de vulneración a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario en San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
De acuerdo con el informe, estas estructuras se enfrentan por el manejo de economías ilegales, lo que ha generado un incremento exacerbado de los homicidios.
“Con los impactos de la pandemia por la covid-19 y el paso de Huracán Iota, entre otros factores, se registró un aumento alarmante de la violencia homicida en San Andrés, durante 2020 el número de homicidios ascendió a 38 y en 2021 a 37, lo cual superó por mucho, las cifras del año 2019 (21 homicidios). En los primeros 7 meses de 2022 se han registrado 11 homicidios”, reveló la Defensoría del Pueblo.
El titular de ese despacho señaló que son varios los factores que han incidido en el incremento de la acción de las organizaciones armadas ilegales.
“La isla vive una compleja situación que pone en riesgo los derechos humanos derivada de las escasas oportunidades laborales, desigualdad social por el alto costo de la vida”, señaló.
Añadió que “hay una débil infraestructura sanitaria. Las niñas, niños y adolescentes crecen en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, una baja oferta educativa y algunas familias viven en asentamientos en condiciones de precariedad y hacinamiento”.
Según el funcionario, estas condiciones han hecho que la niñez, los adolescentes y jóvenes sean los más afectados y no solo sean utilizados para las labores de transporte de drogas, también son instrumentalizados para el sicariato, el cobro extorsivo, las amenazas y los hurtos.
La entidad señaló que la propia comunidad también ha denunciado cada vez más casos de violencia y explotación sexual comercial de mujeres, niñas y niños y adolescentes raizales que están relacionados con el turismo y las condiciones de pobreza de las víctimas.
Igualmente, advirtió que los líderes sociales, comunitarios y personas defensoras de los derechos humanos también están en riesgo.
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